Los Veintisiete acuerdan reducir el consumo en las horas pico y gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas

• Se pospone el debate sobre la introducción de un tope al precio del gas ya que sigue la división entre los estados miembros
• Las medidas serán formalmente adoptadas la próxima semana y entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE

La Unión Europea pacta gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas

"¡Acuerdo!". Así ha anunciado la República Checa, país que ostenta este semestre la presidencia de turno de la Unión Europea (UE), el pacto alcanzado entre los ministros de Energía apenas una hora después del comienzo de la reunión extraordinaria en Bruselas. Los Veintisiete han dado su visto bueno al paquete que presentó la Comisión hace unas semanas para hacer frente a los excesivos precios energéticos, si bien continúan divididos sobre el hecho de imponer un tope al precio del gas, tal como reclaman España y otros 14 países. No obstante, los Estados miembros coinciden en la necesidad de tomar más medidas, por lo que seguirá debatiéndose en las próximas semanas.

"Tenemos que actuar ahora. Las expectativas de los ciudadanos de la UE son extremadamente altas y no podemos decepcionarles", ha señalado tras el encuentro el ministro de Industria y Comercio de la República Checa, Jozef Síkela, quien a su vez ha garantizado que convocará "todos los consejos extraordinarios que sean necesarios para debatir y alcanzar acuerdos políticos".

Entre otras medidas, se ha acordado una reducción obligatoria del consumo de electricidad en las horas pico del 5 %; un límite de 180 euros por megavatio hora (MWh) a los ingresos de los productores de electricidad inframarginales, es decir, las tecnologías con menores costes, como las renovables o la nuclear; y a la vez un impuesto "de solidaridad" con un tipo mínimo del 33 % sobre los beneficios extraordinarios generados por las actividades de los sectores del petróleo, el carbón y las refinerías, que será "redirigido" a los consumidores y las empresas más afectadas. En total, Bruselas pretende recaudar unos 142.000 millones de euros.

El acuerdo ha llegado antes de lo esperado, y es que los ministros de Energía han decidido posponer al siguiente punto del día el debate sobre la introducción de un tope al gas, ante las reticencias entre los países. De momento, la presidencia checa ha pedido a la Comisión que constituya un grupo de expertos para evaluar los impactos negativos y positivos de esta medida. Así ha corroborado también en una rueda de prensa posterior al encuentro la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera: "Esperamos que presente nuevas propuestas lo antes posible y tener así un debate que nos permita tomar medidas de forma inmediata".

Y es que las medidas planteadas por Bruselas no son suficientes para algunos Estados miembros. Entre otras, ha propuesto extender de manera temporal la llamada "excepción ibérica", adoptada por España y Portugal el pasado junio, e imponer un límite en el precio del gas de las importaciones rusas.

Sin embargo, tanto España como otros 14 países quieren más. Creen que ese tope en el precio debe extenderse a todos los países que exporten energía a Europa. "Hay un grupo de 15 países que coincidimos que es inevitable introducir alguna referencia que permita que los operadores cuenten con una señal de precio que pueda beneficiar al conjunto de consumidores, que esté por encima de lo que venía siendo habitual, pero por debajo de lo que lo ha sido en los últimos meses", ha expresado la ministra.

"Decepción" de Ribera por la propuesta de Bruselas

La propia Ribera ha reconocido a su llegada a la cumbre que se siente "decepcionada" con la propuesta que la Comisión ha puesto sobre la mesa para intervenir el mercado gasista. En su opinión, "se queda corta con respecto a lo que Europa necesita".

“Si no ponemos un tope al gas, podemos tener un impacto sobre el PIB de la UE“

"No es razonable que la única manera de abordar este problema sea a través de los Presupuestos de los estados. Si no ponemos un tope al gas, podemos tener un impacto importante sobre el PIB de la UE, sobre la producción industrial y sobre los consumidores", ha advertido posteriormente.

Con todo, Ribera ha reconocido que se trata de un tema "sensible" en el que aún hay muchas discrepancias entre los Estados miembros, por lo que ha emplazado a seguir debatiendo este asunto en próximas reuniones. "Hay que seguir trabajando, de forma urgente. No basta lo que nos hemos encontrado encima de la mesa. Nos gustaría que la Comisión hiciera una propuesta completa", ha insistido.

Y es que todavía hay estados miembros que presentan reticencias a esta medida, como Alemania o Países Bajos, que han manifestado su temor a que un tope generalizado al precio del gas provoque un problema de suministro. No obstante, ha recalcado la vicepresidenta, ambos países "están abiertos" para valorar "otras opciones que nos permitan tener un impacto directo en el precio del gas".

También la Comisión Europea ha alertado de los peligros que provocaría una decisión como esta y se ha mostrado convencida de que no se debe tratar a países como Argelia o Noruega igual que a Rusia. No obstante, no lo ha descartado: "La comisión está dispuesta a desarrollar una medida temporal para limitar el precio del gas a la generación de electricidad (...) Intentaremos negociar no un tope fijo sino una banda de precios con los distintos proveedores", ha puntualizado la comisaria de Energía, Kadri Simson.

Al mismo tiempo, Ribera ha insistido en buscar una alternativa al índice de referencia del gas que se utiliza en Europa, el TTF Dutch de Países Bajos, pues a su juicio "ya no está respondiendo al coste de las operaciones y el coste detrás de compra en el mercado del gas". "Necesitamos pensar cómo reflejar un precio, cómo utilizar y crear un indicador distinto y hasta qué punto resulta operativo establecer un corredor de precio", ha añadido.

Aprobado el impuesto a los beneficios de las energéticas

Pese a ello, los Veintisiete sí han mantenido un relativo consenso para aprobar el paquete presentado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el pasado 14 de febrero. Una de las propuestas más destacadas es el establecimiento de un límite temporal a los ingresos de los productores energéticos a través de tecnologías "inframarginales", que suministran electricidad a un coste inferior al nivel de precios fijado por los productores "marginales" más caros. El límite de ingresos para estas tecnologías se fija en 180 euros/MWh y debe aplicarse a más tardar el 1 de diciembre de 2022 y hasta el 1 de diciembre de 2023.

En la misma línea, se ha aprobado un tipo mínimo del 33 %, al que llama de "solidaridad temporal", sobre los beneficios excesivos generados por las actividades de los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías que no están cubiertas por el límite de ingresos inframarginales. Se recaudarían sobre los ingresos de 2022 que superen un incremento del 20 % sobre la media de los beneficios de los tres años anteriores y serían redirigidos a los consumidores de energía, en particular a los más vulnerables. Se aplicará durante un año después de su entrada en vigor.

Por último, el paquete también incluye una reducción obligatoria el consumo de electricidad en al menos un 5 % durante las horas de precios máximos seleccionadas. Los Estados miembros deberán identificar el 10 % de las horas con el precio más alto previsto y reducir la demanda durante esas horas punta, esto es, una media de 3 a 4 horas por día de la semana. Además, los Estados miembros tendrán que reducir la demanda global de electricidad en al menos un 10 % hasta el 31 de marzo de 2023.

Las medidas convalidadas este viernes, que serán formalmente adoptadas por procedimiento escrito la próxima semana, no entrarán en vigor hasta el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).