El independentismo celebra el quinto aniversario del 1-O en un momento crítico y con el Govern en el aire

• La "unidad estratégica" con la que el independentismo desafió al Estado se ha disipado y ha dado paso al desgaste
• Los choques entre ERC y JxCat han llevado a Junts a preguntar a las bases si sale o no del Govern

Cinco años del desafío independentista del 1-O en Cataluña

Hace justo cinco años, el independentismo votó con la esperanza de hacer de Cataluña una república independiente. El referéndum del 1 de octubre de 2017 dejó algo más que la imagen de votos en las urnas: fue un auténtico desafío al Estado y a la Constitución, que promulga la indisoluble unidad de la nación española. Hubo cargas policiales que dieron la vuelta al mundo y una posterior y simbólica declaración unilateral de independencia de un Govern que fue cesado por la inédita aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, que dejó a la autonomía de Cataluña suspendida durante siete meses. Ha habido condenas, cárcel e indultos para los principales responsables salvo para otros como el ‘expresident’ Carles Puigdemont, que permanece huido en Bélgica. Pero, sobre todo, el 1-O fue un punto de inflexión para Cataluña y para la relación de esta región con el Estado y con el rey Felipe VI, a quien los soberanistas no perdonan su discurso del 3 de octubre de ese año.

Cinco años lleva el independentismo reivindicando el resultado a favor de la escisión del 1-O (más de un 90% según el Govern), pese a que el referéndum fue ilegal, amparado en unas leyes inconstitucionales aprobadas en el Parlament con nocturnidad, y no tuvo garantías. Este sábado, el Consell per la República, un organismo extra gubernamental que lidera Puigdemont, junto con otras entidades independentistas han convocado una manifestación que recorrerá las calles de Barcelona y la ANC ha organizado también una acción conmemorativa en la Plaza Sant Jaume donde prevé levantar un muro de urnas del 1-O.

Pero el independentismo, que creció vertiginosamente en Cataluña tras lo ocurrido en el otoño de 2017, está muy lejos de la unidad que mantenía entonces y el Govern, conformado por ERC y JxCat, los mismos partidos que gobernaban hace cinco años, está en riesgo de colapsar. La destitución el pasado miércoles por la noche del vicepresidente Jordi Puigneró (Junts) por parte del ‘president’, Pere Aragonès (ERC) ha llevado al partido post convergente a impulsar una consulta a sus bases para decidir si abandona o no el Govern. Este viernes, Aragonès urgía a JxCat a decidir con "celeridad" si sale o no del Govern y apostó por seguir presidiendo un gobierno "centrado y compacto". Desde Junts le dijeron que aún "hay tiempo" para rectificar en sus posiciones y recuperar "el espíritu del 1-O".

Sin un proyecto claro para conseguir la independencia

Pese a que el motivo del cese de Puigneró fue una amenaza no avisada de Junts con una moción de confianza a Aragonès, el trasfondo de la crisis recae en que no hay un proyecto común para alcanzar la independencia de Cataluña, que sigue siendo la principal meta de ambos partidos y lo único que tienen en común. Esquerra no quiere repetir los errores del 1-O y volver a enfrentarse al Estado como entonces y aboga en cambio por un referéndum pactado con el Gobierno y cuyo resultado sí sea legítimo y vinculante. Pero JxCat no renuncia a la consulta de 2017 y cree que es lo suficientemente válida como para retomar la vía unilateral hacia la independencia haga lo que haga el Gobierno español.

La división, los choques y la desconfianza mutua llevan siendo mochila de este Govern desde que arrancó a principios de 2021 pero lo eran ya incluso antes con el Ejecutivo catalán que presidía Quim Torra (el primer ‘president’ tras el ‘procés’ y el 1-O y que acabó inhabilitado por desobediencia), cuando Junts era la principal fuerza en la Generalitat.

Y entretanto, la CUP, el tercer partido independentista de Cataluña, ha dejado hace tiempo de dar apoyo parlamentario al Govern, si bien se alinea más con la posición de Junts respecto a cómo lograr la independencia.

Desgaste y malestar en las calles

El desgaste en las relaciones de los principales partidos soberanistas y la falta de un proyecto claro para construir una república catalana ha sido motivo de hastío entre la población independentista y ha llevado a la ANC a advertir con impulsar una lista electoral para culminar lo que empezó Puigdemont. Es significativo que el último barómetro del CEO catalán (que depende de la Generalitat) del mes de julio situó el ‘no’ a la independencia en un 52,2%, la cifra más alta desde 2015.

El agotamiento del independentismo quedó muy claro en la última Diada de Cataluña del pasado 11 de septiembre. Esta festividad lleva años siendo termómetro del sentir independentista en las calles, pero la marcha de este año fue la menos numerosa desde 2012 y a ella no asistieron Aragonès ni los consellers de ERC, puesto que sintieron que el manifiesto de la ANC, la entidad soberanista que organizaba la manifestación, les excluía. Y en esa marcha, al igual que en la del año anterior, hubo proclamas contra Aragonès en rechazo a su relación con el Gobierno central.

Y es que, si la relación entre la Generalitat de Cataluña con el Ejecutivo español era casi inexistente cuando Puigdemont y Mariano Rajoy estaban al frente de ambos gobiernos durante el ‘procès’, salvo por una dinámica de acción-reacción (desafío independentista y recurso del Gobierno a los tribunales), desde la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez ha habido importantes cambios.

Los pasos de la mesa de diálogo

ERC accedió a facilitar su investidura tras las elecciones de 2019 después de pactar una mesa de diálogo que Junts nunca ha visto con buenos ojos y que, en este tiempo, tan solo se ha reunido en tres ocasiones (la primera bajo la presidencia en la Generalitat de Torra, y dos más con Aragonès en el Govern a las que JxCat rehusó asistir). En el debate de política general del pasado martes en el Parlament, antes de la amenaza de Junts de presentar una cuestión de confianza, el ‘president’ aseguró que la mesa había dejado algunos avances.

En concreto, el Gobierno de Sánchez ha admitido la existencia de un “conflicto político” en Cataluña y se ha mostrado de acuerdo en que hay que “superar la judicialización” del mismo e impulsar y proteger la lengua catalana. También está sobre la mesa que el Ejecutivo impulse una reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición por el que fueron condenados los principales lideres del 1-O (y que podría ir a favor de otros dirigentes independentistas que siguen pendiente de juicio). Y Aragonès destacó que los presos del 'procès' salieron en libertad gracias a los indultos del Gobierno. Pero son avances para Esquerra que para el resto del soberanismo no son suficientes y para parte del arco parlamentario en el Congreso de los Diputados (PP, Vox y Cs) son cesiones “inaceptables” a quienes quieren “romper España”.

Junts acusa a ERC de no cumplir el acuerdo de gobierno y pide tres cuestiones claras. Una es la reactivación de un “Estado Mayor” del ‘procès’, que en 2017 lideraron Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras (ERC) y que estuvo integrado por la plana mayor de ERC y JxCat, los líderes de la ANC y Òmnium Cultural en 2017 con el fin de organizar en secreto el referéndum del 1-O. Exigen también una unidad en Madrid, donde ERC y Junts votan habitualmente en sentido contrario (Esquerra es uno de los socios parlamentarios que suele dar apoyo al Gobierno, aunque la relación se tensó a raíz de conocerse el espionaje mediante Pegasus al independentismo, mientras que Junts no). Y, por último, reclaman la negociación de la amnistía y autodeterminación en la mesa de diálogo. Estos son precisamente los puntos iniciales de la Generalitat, si bien el Ejecutivo de Sánchez ha rechazado hasta el momento hablar de ninguna de esas dos cuestiones.

Causas judiciales pendientes

Mientras, el ‘procès’ catalán aún no ha saldado todas las cuentas con la Justicia. Todavía hay una treintena de cargos que están procesados por organizarlo. Entre ellos, dos diputados de Esquerra (Lluis Salvadó y Josep María Jové, miembro de la cúpula del partido que ha participado en el pasado en la mesa de diálogo) y la consellera de Cultura, Natalia Garriga, también de ERC. Todos están pendientes de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado emitan sus acusaciones y confían en poder sortear el delito de malversación, penado con la cárcel.

Además, hay una treintena de cargos del Govern de Puigdemont y empresarios procesados por la logística del 1-O en una causa que dirige el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que motivó los registros del 20 de septiembre de 2017 en la consellería de Economía.

Pero no solo hay organizadores pendientes de juicio. Siguen estando en esta espera más de 40 policías nacionales investigados por las cargas policiales del 1-O, que dejaron 893 personas heridas (según las cifras de la Generalitat de entonces). También el Ministerio del Interior cifró en 431 los agentes heridos.

Respecto a los líderes procesados que huyeron, en el último año y medio se han entregado ante el Tribunal Supremo la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret, que será juzgada por desobediencia en el TSJC, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, acusada también de este delito y que podría acabar absuelta como su excompañera Mireia Boya, a quien se imputaban los mismos hechos.

Mientras, siguen huidos y tres lideres procesados por rebelión: el propio Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. También lo está el exconseller Lluís Puig, imputado por desobediencia y malversación. El futuro de estos líderes está en manos también del Tribunal de Justicia de la UE, que debe decidir sobre el alcance de las euro órdenes de detención.

Por último, tampoco está cerrada del todo la situación de los nueve líderes que fueron condenados y posteriormente indultados: Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los indultos han sido recurridos en el Constitucional, que debe decidir sobre la validez de la concesión de gracia que anuló las penas de cárcel (no así las de inhabilitación).