La Guardia Civil responsabiliza a seis exjefes de ETA del atentado de Santa Pola de 2002

• Sostiene que el comando Argala "no materializó" el ataque "por iniciativa propia", sino siguiendo sus órdenes
• Son conclusiones de un informe elaborado por la Guardia Civil por petición del juez de la Audiencia Manuel García Castellón

La exdirigente etarra Soledad Iparraguirre, 'Anboto', en un juicio contra ella en la Audiencia Nacional en septiembre.

La Guardia Civil ha responsabilizado a seis integrantes de la cúpula de ETAque integraban el Comité Ejecutivo de la banda del atentado contra la casa cuartel de la Benemérita de Santa Pola (Alicante), en el que murió un hombre y una niña de 6 años, el 4 de agosto de 2002, y apunta a que pudo ser en respuesta al proceso de ilegalización de Batasuna.

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Estas son las principales conclusiones del informe de 312 folios, al que ha tenido acceso RTVE, y que la Guardia Civil ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que en julio acordó citar como investigados a estos seis exdirigentes etarras tras admitir a trámite una querella de la asociación Dignidad y Justicia.

Fue precisamente el juez el que solicitó a la Guardia Civil la elaboración de este informe, en el que se ahonda en las funciones desempeñadas por cada uno de los investigados.

Así, en el informe, la Guardia Civil señala a Antonio Olarra Guridi, alias 'Juanvi', 'Jon', 'Jokin' y 'Fede'; Ainhoa Múgica Goñi, alias 'Olga'; Félix Ignacio Esparza, alias 'Navarro'; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, alias 'Ramontxo' o 'Txango'; María Soledad Iparraguirre Guenechea, alias 'Marisol' o 'Anboto', y Mikel Albisu, 'Mikel Antza', que prestarán declaración por videoconferencia ante el juez por estos hechos.

Decisión tomada por la cúpula

La Guardia Civil considera "bastante improbable" que una acción terrorista de la entidad del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola fuese materializado por el comando Argala de ETA sin que mediase antes una decisión y planificación previa y unas órdenes concretas emanadas de la principal estructura directiva de ETA.

Así, los agentes dejan claro que "la decisión de llevar a cabo el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola no pudo ser tomada por un miembro concreto o aislado" del Comité Ejecutivo, "sino que debió requerir del consenso y de la toma de una decisión colegiada por todos los integrantes".

Los ahora exjefes de la banda, incide la Guardia Civil, eran en ese momento "plenamente conscientes de que tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final: la muerte de personas inocentes".

Condena a los autores materiales

Los agentes destacan también el hecho de que, según la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional de 2012, los autores materiales del atentado, Oscar Celarain y Andoni Otegui, cometieron la acción terrorista mediante la utilización de un vehículo y una carga explosiva (incluso reforzada) que les fue facilitada por sus responsables en Francia, con conocimiento y siguiendo las instrucciones recibidas de la "dirección" de ETA.

El fallo condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los 'Iosu' y 'Peio', ambos integrantes del comando Argala, al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del atentado de Santa Pola.

El atentado fue reivindicado por ETA en un comunicado en el que advertía que las sedes de la Guardia Civil seguían siendo "objetivos militares" y reiteraba el aviso de que "no metiese a sus familias en los cuarteles".

Criticaba además el proceso de ilegalización de Batasuna, que según la organización terrorista había sido puesto en marcha "por PP y PSOE tras el atentado contra el acuartelamiento de Santa Pola", cuando en realidad ese proceso "ya se encontraba en marcha", observa el informe.

De hecho, la Guardia Civil considera "bastante probable" que fuese "todo lo contrario", que el atentado hubiese sido decidido por la Dirección de ETA "como medida de presión para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos".

La jerarquía etarra

Sobre la jerarquía etarra, el informe recuerda que los comandos son "el último eslabón de la cadena", y es el Comité Ejecutivo el encargado "de que todo funcione y esté dispuesto para poder materializar su actividad terrorista".

En las fechas en las que se produjo el atentado integraban el Comité Ejecutivo esos seis exdirigentes etarras. Albisu y Anboto como responsables del aparato político, Olarra y Múgica del aparato militar, Esparza Luri del aparato logístico y Sagarzazu del internacional.

En su informe, la Guardia Civil también desgrana cuáles eran las funciones de los seis imputados. 'Mikel Antza', señala, era responsable del aparato político de la banda, encargándose de elaborar las directrices políticas e ideológicas que posteriormente se proyectarían hacia todos los militantes.

'Anboto', que también colaboraba con 'Mikel Antza' en las citadas labores, se hacía por su parte cargo de las finanzas de la organización, del control y gestión del denominado impuesto revolucionario, así como de la gestión de los zulos de la organización terrorista.

'Juanvi' y 'Olga', que fueron detenidos ocho días antes del atentado, ejercían hasta esa fecha labores de responsabilidad en el aparato militar. Eran los encargados de "señalar o determinar los potenciales objetivos sobre los que tenían que materializar acciones terroristas los integrantes de los comandos, y de facilitar los medios necesarios para llevarlos a cabo, entre ellos el armamento de dotación del comando", apunta el Instituto Armado.

'Navarro', por su parte, habría participado como responsable del aparato logístico "en la toma de la decisión y en la impartición de las órdenes necesarias para la facilitación de los medios utilizados por el comando Argala" para perpetrar el atentado en Santa Pola. La Guardia Civil también señala en el mismo sentido a 'Ramontxo', responsable del aparato internacional de la banda.

Con este son tres los procedimientos impulsados por Dignidad y Justicia en los que se ha imputado recientemente a un total de ocho exdirigentes de la banda terrorista. Los otros dos son por los asesinatos de los concejales del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco. Algunos nombres de los investigados se repiten, como los de Mikel Antza y Anboto.