Al menos 45.000 mujeres se han desplazado fuera de su provincia para abortar en la última década

• Hasta 11 provincias no han notificado ninguna interrupción voluntaria del embarazo desde 2011 a 2020
• La reforma del aborto pretende facilitar el acceso a la prestación “en las mejores condiciones de proximidad”

Hasta once provincias no han notificado ningún aborto en una década

Ni en hospitales públicos ni cerca de su domicilio. Cada año miles de mujeres tienen que desplazarse a otras provincias o comunidades para abortar. El proyecto de reforma de la ley del aborto que comieza a debatirse este jueves en el Congreso de los Diputados pretende que la mayoría de las intervenciones se realice en centros públicos (actualmente solo practican poco más del 15%) y que se garantice el acceso a esta prestación "en las mejores condiciones de proximidad" al domicilio de la mujer que decide interrumpir su embarazo.

En la última década, al menos 45.000 mujeres han tenido que desplazarse fuera de sus lugares de residencia para abortar, según el análisis de los informes del Ministerio de Sanidad desde 2011, primer año completo de la ley de plazos actual, hasta 2020, último año con cifras. Son las mujeres que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E.) y que residen en provincias donde no consta que se hagan abortos, lo que significa que estas mujeres tuvieron que desplazarse sí o sí a otros territorios.

Hasta once provincias, además de Ceuta y Melilla, no han notificado ningún aborto en su territorio desde que se aprobó la ley de 2010. Son Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora, en Castilla y León; Toledo, Guadalajara y Cuenca, en Castilla-La Mancha; Huesca y Teruel, en Aragón; y Cáceres. A ellas hay que sumar Jaén, que lleva siete ejercicios seguidos, incluido 2020, sin notificar abortos; y Lugo, que algunos años lo ha hecho y otros no. Burgos y Navarra no realizaron interrupciones un único año en este periodo, poco después del cambio legislativo.

"En 2020 hubo 12 provincias que no declararon abortos. Es inaudito. Sería increíble que una mujer se rompiera una pierna en Soria y tuviera que ir a Valladolid a que le pongan un yeso", señala el ginecólogo y miembro de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), Roberto Lertxundi, que fue ponente de la actual ley de plazos como senador autonómico designado por el PSE-PSOE y que lamenta que lo que la norma de 2010 establecía como excepcional -la derivación a centros privados concertados- se haya convertido en norma.

El número de las 45.000 mujeres se obtiene de cruzar el número de mujeres que abortan por provincia cada año [los informes de Sanidad ofrecen solo el lugar de residencia -lo que permite hallar las tasas por población de un territorio- pero no el de la intervención] con la relación de hospitales y clínicas que notifican interrupciones en cada provincia y año para ver dónde no se están haciendo abortos. Estos 45.000 abortos representan el 4,5% del millón de abortos notificados en España entre 2011 y 2020.

Sin embargo, el número real de las mujeres que tienen que desplazarse puede ser bastante mayor porque hay mujeres que viven en provincias donde sí hay hospitales o centros que notifican interrupciones pero que son derivadas igualmente: bien porque las I.V.E. que se hacen son mínimas -casos muy extremos de malformaciones o riesgo para la vida de la madre que ya se realizaban con la ley de 1985- o bien porque no cubren todos los procesos.

En el primer supuesto, por ejemplo, estaría La Rioja, donde el Hospital San Pedro notifica todos los años que hace abortos pero son excepcionales. El grueso de las mujeres son derivadas fuera de la comunidad aunque, actualmente, hay una iniciativa para implantar el aborto farmacológico y evitar parte de las derivaciones, según confirman de la SEC.

Derivadas a Valladolid para realizar un aborto

En el segundo supuesto estaría, por ejemplo, Burgos, donde todavía hay mujeres que tienen que viajar a Valladolid para abortar en la clínica privada concertada por la Junta de Castilla y León a pesar de contar con los dos únicos hospitales públicos de toda la región que realizan abortos: el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro y el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) capital.

En el primero, se realiza la mayoría de los abortos de su área sanitaria al ofrecer tanto el procedimiento farmacológico como el quirúrgico. En el segundo, solo se ofrece desde enero de este año el farmacológico hasta la semana 12, de manera que el resto de mujeres son derivadas a Valladolid aunque la intención es implantar también el quirúrgico, según confirma el ginecólogo Abel Renuncio, responsable de la sección de Salud Sexual y Reproductiva del hospital.

Este médico, que fue el impulsor de la prestación en Miranda, donde trabajaba antes de su traslado a la capital burgalesa, confirma también que todas las mujeres del área sanitaria de Aranda de Duero, la tercera de la provincia, tienen que ir a Valladolid.

"Tener que abortar en un ámbito geográfico muchas veces diferente al tuyo, en un ámbito sanitario diferente [al público] aumenta la penosidad que tienen las mujeres que se enfrentan a una interrupción. Es como poner diferentes cargas aparte de la carga emocional que pueda tener la mujer sobre sus espaldas. En lugar de facilitarlo, la administración pone más trabas", lamenta Renuncio.

En Castilla y León, hay clínicas acreditadas en León y Salamanca, pero desde el Foro Feminista, Nina Infante, señala que las mujeres de estas provincias también son derivadas, incluso algunas de Valladolid. En el caso de Soria o Ávila, hasta el 93% y 88% de las mujeres que abortaron en 2020, respectivamente, tuvieron que hacerlo fuera, no ya de su provincia sino incluso de la comunidad, según el portal de datos abiertos de la Junta. Desde Sacyl señalan que saber a dónde fueron cada una de ellas requeriría ir historia clínica por historia clínica.

Más de 6.000 desplazamientos al año en toda España

La coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña, Silvia Aldavert, subraya la dificultad de saber el número exacto de las mujeres que tienen que desplazarse para abortar porque las estadísticas oficiales ofrecen solo el lugar de residencia de las mujeres, pero no cuántas intervenciones se hacen en total en cada provincia ni cuántas en cada centro por razones de confidencialidad.

En el informe El acceso al aborto voluntario en el Estado español: principales barreras, que publicó la asociación a finales de 2020, intentaron hacer los cálculos teniendo en cuenta no solo las mujeres de las provincias donde no se hacen abortos, sino un cálculo aproximado de las que tienen que moverse entre islas en Canarias y Baleares y las que se desplazan de provincia o comunidad porque en su lugar de origen no se hacen abortos más allá de la semana 14.

"Nos salieron aproximadamente unas 6.000 mujeres que se tenían que trasladar cada año fuera de su provincia o incluso de su comunidad autónoma" teniendo en cuenta no solo los territorios que no notifican ninguna intervención en 2019, sino también otras provincias como Lleida, Lugo y Ourense (donde solo se ofrecía el farmacológico), Burgos -donde ese año solo funcionaba el hospital de Miranda-, o La Rioja.

"Tenemos una de las leyes más progresistas del mundo y con una morbimortalidad prácticamente nula, pero no tiene una buena implementación por falta de voluntad política que se traduce en una serie de barreras y obstáculos, que en algunos casos se convierte en un laberinto", subraya Aldavert. En el informe lo resumieron de esta manera: "Si a nadie se le ocurre tener que desplazarse fuera de sus provincias para parir, ¿por qué sí tenemos que hacerlo para abortar?"

Una red privada que aún es mayoritaria

Además de evitar los desplazamientos, la reforma de la ley del aborto busca también que la red pública realice el grueso de las intervenciones. Entre las medidas para conseguirlo está la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores a título individual, con el objetivo de evitar que haya hospitales donde todo un servicio sea objetor en la práctica y que el profesional que decida no hacer intervenciones de este tipo en la pública tampoco pueda hacerlas en la privada.

Desde la aprobación de la ley de plazos en 2010, los abortos realizados en centros públicos -ya sean hospitalarios o extrahospitalarios- han pasado de apenas el 2% a superar el 15%. En algunas comunidades, como Baleares, seis de cada diez abortos se practicaron en centros públicos en 2020.

En muchas comunidades solo se notifican abortos en clínicas privadas. Es el caso de Castilla-La Mancha o Extremadura. En otras comunidades, como Cataluña, hay muchos más centros públicos que privados concertados notificando abortos, aunque el número de interrupciones se repartía prácticamente al 50% entre una red y otra.

La tabla, elaborada con los datos oficiales que publica anualmente el Ministerio con la información que facilitan las autonomías, muestra el número de centros que han notificado abortos, pero puede ocurrir -como hace poco publicaba Newtral- que haya intervenciones a mayores de las registradas por Sanidad que se estén realizando en hospitales públicos pero que no se estén reflejando en las estadísticas. Es el caso de Madrid por ejemplo.

En respuesta a una pregunta parlamentaria de Más Madrid, el Gobierno regional reconocía que en 2019 los centros públicos realizaron 157 intervenciones, pero en el informe anual del ministerio solo contaban abortos realizados en siete clínicas privadas. Esta situación también estaría ocurriendo en Andalucía, según el ginecólogo Roberto Lertxundi, por lo que las cifras reales de abortos podrían ser algo mayores a las reflejadas en los informes oficiales.

Más abortos en centros públicos por la opción farmacológica

El aumento de la participación pública en algunas comunidades como Cataluña o Baleares "va ligada al aumento de la interrupción farmacológica, que está aumentando en España hasta tasas de un 20-21%. Lo normal es que vayamos a tasas de interrupción farmacológica similares a otros países que tienen tasas del 60-70%", explica Abel Renuncio. Cataluña ha anunciado que quiere extender el farmacológico de la semana 9 a la 14.

La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, teme que la nueva ley lleve a los hospitales públicos a ofrecer solo el procedimiento farmacológico en detrimento del quirúrgico al verse obligados a ofrecer esta prestación: "Me parece un poco lamentable cuál va a ser el futuro del aborto de este país. Puede que sea más accesible, pero no de más calidad".

García insiste en que "la objeción de conciencia no es ética, sino profesional" porque ser el único de un servicio que realiza abortos "no suma en el currículo, sino que resta". En ese sentido, añade, "hacer farmacológicos es bienvenido porque es la mujer la que aborta por su cuenta con mucho dolor y sangrado".

Roberto Lertxundi, ponente de la ley de plazos, advierte de que "está muy bien cambiar la ley pero la ley va a cambiar muy poco si no va acompañada de los medios para poder avanzar". Este ginecólogo pide no ser "ingenuos": solo porque lo ponga la ley "no puedo exigir de la noche a la mañana" que todos los hospitales públicos practiquen abortos de forma inmediata sin medios para ello.

Mientras llega el cambio, muchas mujeres seguirán teniendo que hacer las maletas para poner fin de forma voluntaria a su embarazo.