"No poder abortar en tu ámbito geográfico aumenta la penosidad de las mujeres que se enfrentan a ello"

• El ginecólogo Abel Renuncio implantó el aborto en los dos únicos hospitales públicos que lo hacen en Castilla y León
• Plantea que el registro de objetores permita especificar si se objeta a todos los abortos o solo en algunos casos

El ginecólogo y obstetra Abel Renuncio Roba en un congreso de la Sociedad Española de Contracepción

Cuando hace doce años se aprobó la actual ley de plazos del aborto, el ginecólogo y obstetra Abel Renuncio Roba no dudó. Era necesario dar una respuesta desde el sistema público a las mujeres que decidieran interrumpir voluntariamente su embarazo en un momento en el que los abortos en los hospitales y centros públicos no llegaban ni al 2% en España. Junto a otro equipo de profesionales, este médico, vocal de la Sociedad Española de Contracepción, implantó la prestación en el Hospital Santiago Apostol de Miranda de Ebro (Burgos), del que llegó a ser jefe de unidad.

Desde enero de 2022, ofrece este servicio en el Hospital Universitario de Burgos, donde es responsable de la sección de Salud Sexual y Reproductiva. El caso de Burgos es, en este sentido, una excepción. En su territorio están los dos únicos hospitales públicos que realizan abortos en Castilla y León aunque no cubren todas las interupciones de la provincia. Todavía hay mujeres que tienen que desplazarse a Valladolid para abortar en una clínica privada concertada.

Pregunta.- ¿Qué les llevó a poner en marcha la prestación del aborto en un hospital público como el de Miranda de Ebro, una localidad de apenas 35.000 habitantes?

Respuesta.- Nos lo planteamos a raíz de la ley de 2010. Con el cambio legislativo se preveía un aumento dado que permitía a la mujer, sin tener que dar una justificación, poder tomar la decisión propia de interrumpir su embarazo hasta la semana 14, lo que aumentaría la penosidad de estas mujeres si tenían que trasladarse a Valladolid [como hasta entonces]. Miranda de Ebro está a una hora de Burgos y a una hora más lejos de Valladolid, lo cual iba a ser más dificultoso para las mujeres en general y para las más vulnerables.

P.- ¿Cómo se implanta este servicio en un hospital desde cero?

R.- Lo pusimos en marcha en 2011. Empezamos haciendo las interrupciones que eran incluso más gravosas para las mujeres por malformaciones o algún problema gestacional. Hicimos el viaje en sentido inverso empezando por las más complicadas porque suelen ser de más semanas. Eso nos permitió coger experiencia y quitar muchos miedos de los que se pueden tener en el ámbito público porque la experiencia es pequeña. Si este tipo de interrupciones [quirúrgicas] las estamos haciendo sin ningún problema, el hacer otras interrupciones a petición de la mujer será mucho más sencillo, pensamos. Y nos lanzamos a ello.

P.- ¿Llegaron entonces a cubrir todas los abortos que se solicitaban en su área de salud?

R.- La gran mayoría. Hacíamos los procedimientos quirúrgicos por encima de la semana 14 y por debajo se planteaba a la mujer la elección de farmacológico o quirúrgico.

P.- ¿Las mujeres de la capital tenían que seguir desplazándose fuera de la provincia?

R.- Podíamos dar cobertura a las mujeres que vivían dentro de nuestra área sanitaria, pero la provincia tiene distintas áreas. Las mujeres de Burgos (capital) continuaban realizando las intervenciones quirúrgicas y farmacológicas en una clínica concertada de Valladolid.

P.- Sin embargo, desde enero de 2022 la prestación se ofrece también en el Hospital Universitario de Burgos, donde trabaja actualmente, ¿cómo fue la puesta en marcha en este caso?

R.- Este tipo de iniciativas no es algo unipersonal, pero desde que me trasladé [a Burgos] manifesté que era partidario de poder ofrecer esta prestación a las mujeres de nuestra área. En 2021 hubo un cambio tanto en la gestión del hospital como en la jefatura del servicio que lo facilitó. El empeño es ofertar ambos tratamientos, el quirúrgico y el farmacológico, pero hemos empezado por el farmacológico para cubrir a la mayor parte de las mujeres, hacerlos pronto y no tener otros condicionantes que pudieran retrasarlo. Es un tratamiento médico que no requiere disponer de quirófanos ni implicar a especialistas de otros servicios como el aborto quirúrgico.

P.- ¿Sigue habiendo mujeres que tienen que desplazarse?

R.- Ahora estamos con unas tasas de cobertura del 85% de las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo en el área sanitaria de Burgos con el farmacológico [que se ofrece hasta la semana 12 en caso de que no esté contraindicado]. Los quirúrgicos siguen concertados en Valladolid. Las mujeres del área sanitaria de Aranda de Duero también tienen que seguir viajando fuera de la provincia.

P.- El sistema público cubre solo el 15% de los abortos a día de hoy. El 85% siguen haciéndose en centros privados concertados. ¿Cree que la reforma ley revertirá esta situación?

R.- La ley de 2010 ya establecía que debían ser realizados en la red pública y que, si excepcionalmente no podían ser realizados en ella, podían ser derivados a un centro privado. Actualmente, en España se está incumpliendo la ley. Que la mujer pueda realizar la interrupción de su embarazo en la sanidad pública, en su ámbito de referencia, aporta un plus.

P.- Sin embargo, muchas mujeres tienen que abortar fuera de sus provincias y en el sistema privado…

R.- La principal queja que nos llega de las mujeres es la burocratización, la despersonalización del sistema. Es decir, ser citada, derivada… Tienes que ir a un sitio que no conoces, con profesionales que no conoces, en un ámbito geográfico muchas veces diferente al tuyo, un ámbito sanitario que muchas veces aunque sea dentro de tu propia ciudad no es el que conoces… Todo eso lo que hace es aumentar la penosidad o penalidad que tienen las mujeres que se enfrentan a una interrupción. Es como poner diferentes cargas aparte de la carga emocional que pueda tener la mujer sobre sus espaldas. En lugar de facilitarlo, la administración pone trabas y más penosidad. El principal problema es que muchas administraciones no han hecho un esfuerzo por conocer el nivel de objeción de conciencia real de los y las profesionales. Muchas veces no se ha preguntado y se ha concertado directamente.

P.- ¿Entonces existe, en su opinión, una objeción de conciencia 'de facto' que no es tan alta como se cree?

R.- La administración aún se escuda muchas veces en esa objeción de conciencia general, pero hay muchas profesionales que no han sido preguntadas. La objeción que regula la ley (2010) es un derecho activo, hay que hacerlo de forma individual, solo por el personal sanitario directamente implicado en el procedimiento, anticipadamente y por escrito. Sería muy importante regular aún más la objeción de conciencia y que el registro pudiera recoger a qué se objeta exactamente porque puede haber profesionales que no tienen objeción en casos de que exista un problema fetal o materno pero sí que les supone un problema ético o moral por debajo de la semana 14 o viceversa. La ley no obliga a una objeción generalizada. Esto permitiría a la administración poder organizar la actividad asistencial.

P.- ¿Cree entonces que la reforma que se debate en el Congreso ayudará a que la mayor parte de los abortos se realicen en la red pública en lugar de en la privada?

R.- ¿Será sencillo revertirlo? Creo que será un proceso lento. Será algo progresivo. Lo que vamos viendo en las estadísticas del Ministerio es que la participación pública va en aumento, es muy lenta, pero va en aumento... Va ligado al aumento de la interrupción farmacológica, que ahora mismo supone entre el 20 y el 21% de todas las interrupciones. Lo normal es que vayamos a tasas similares a otros países que tienen tasas del 60 y 70%.

P.- ¿Cómo ve la prohibición del aborto en muchos estados de Estados Unidos o el recién decreto aprobado en Hungría que obliga a la mujer a escuchar el latido del feto antes de decicir interrumpir su embarazo?

R.- Preocupar siempre preocupa. Lo que estamos viendo es un retroceso de los derechos de la mujer, no es algo aislado. Se enmarca dentro de la una pretensión de retroceso de los derechos que las mujeres han ido ganando. El aborto es un derecho más que quiere ser recortado a las mujeres. Se puede hacer con leyes que dificultan que la mujer pueda acceder a una interrupción prohibiendo por ejemplo el aborto a partir de la semana 5 [cuando muchas mujeres aún no saben siquiera que están embarazadas] o haciendo lo más penoso al obligar a una mujer a ver una ecografía o escuchar un latido. En España tenemos la espada de Damocles: el fallo aún pendiente del Tribunal Constitucional sobre el recurso que presentó el PP contra la ley de 2010.