La Audiencia Nacional confirma el archivo del 'caso Villarejo' para Sánchez Galán por la prescripción de los delitos

• Desestima el recurso presentado por el presidente de ACS, Florentino Pérez, contra la decisión del juez
• Se investiga si Iberdrola contrató al excomisario para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses

Imagen del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo (sobreseimiento libre) decretado por el juez Manuel García Castellón respecto del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa que investiga la relación de la eléctrica con empresas vinculadas al excomisario de José Manuel Villarejo, por la prescripción de los delitos.

La Sala, en un auto fechado este jueves, desestima el recurso presentado por el presidente de ACS, Florentino Pérez, contra la decisión del juez de decretar el archivo de la causa respecto de Sánchez Galán al considerar prescritos los delitos por lo que estaba siendo investigado en la pieza 17 del denominado caso "Tándem".

El pasado mes de junio, el juez instructor acordó el sobreseimiento libre respecto de Sánchez Galán al considerar prescritos los delitos por los que se le investigaba: cohecho activo continuado; delito contra la intimidad, y delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

Ratifica la prescripción de los delitos

Ahora, la sala de lo Penal ratifica la decisión de García Castellón, y ratifica que, de acuerdo con la legislación aplicable para el delito de cohecho, el plazo de prescripción era de 10 años "que ya habían transcurrido el 23 de junio de 2021, que es cuando el procedimiento se dirigió contra Sánchez Galán al ser citado para ser oído como investigado, ya que los hechos que se le imputan en el auto recurrido ocurrieron entre 2004 y 2009".

Asimismo, también considera prescrito el delito contra la intimidad cometido por funcionarios públicos y el de falsedad.

García Castellón investiga si Iberdrola contrató al excomisario por un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.

En la causa, cuya instrucción está prorrogada hasta enero de 2023, figuran como investigados Villarejo, su socio Rafael Redondo y el que fuera jefe de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo.