Marlaska, sobre presuntos pinchazos telefónicos a los CDR: "En España no se persigue ninguna ideología"

• Ha defendido que "en un Estado de derecho", las fuerzas de seguridad actúan bajo las "indicaciones de la autoridad judicial"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este lunes que España es una "democracia plena" en la que "no se persigue ninguna ideología o pensamiento de ninguna característica, sino hechos constitutivos de delito" al ser preguntado por las informaciones que señalan que presuntamente se intervinieron teléfonos de miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR).

Según la información que ha publicado el semanario La Directa, la Audiencia Nacional habría intervenido tras el 1-O el teléfono de una cuarentena de activistas independentistas del entorno de la CUP, la ANC y el Consell de la República que lidera Carles Puigdemont, ante la sospecha de que preparaban actos "subversivos" para poner en riesgo las instituciones del Estado.

Al ser preguntado sobre ello, Marlaska ha defendido que "en un Estado de derecho como es España, los cuerpos y fuerzas de seguridad actúan bajo las indicaciones y órdenes directas de la autoridad judicial".

El ministro ha resaltado que España es una "democracia plena" con una Constitución "que no es militante", y ha insistido en que no se persigue "ningún tipo de ideología o pensamiento", sino únicamente los delitos.

La Policía contribuye "a que España sea uno de los países más seguros"

Asimismo, ha explicado que los agentes de la Policía Nacional de Cataluña "contribuyen de manera decisiva a que España sea uno de los países más seguros del mundo", y ha detallado que este año se han realizado casi 9.000 detenciones y se han desarticulado más de 70 grupos criminales dedicados al narcotráfico o a la trata de seres humanos.

A él se ha sumado el jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña, Luis Fernando Pascual, quien ha destacado la evolución del modelo policial y ha asegurado que "Cataluña es un nuevo ejemplo de entender la seguridad", gracias a la cooperación y coordinación entre los cuerpos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y las policías locales y los jueces y fiscales.

Por otra parte, preguntado por si la salida de JxCat del Govern supone el fin del 'procés', como dijo el exlíder de la ANC y de Junts Jordi Sánchez, el ministro ha evitado concretar y se ha limitado a afirmar que el Gobierno tiene como "principios clave" el diálogo y dar estabilidad.

Presuntas intervenciones telefónicas autorizadas por la Audiencia Nacional

Según la agencia EFE, consta en las diligencias del caso que las presuntas intervenciones telefónicas se empezaron a acordar en diciembre de 2017 en el marco de una investigación secreta iniciada por la Guardia Civil sobre las actividades de los CDR que, en septiembre de 2019, derivó en la detención de varios miembros del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que supuestamente planeó sabotajes en Cataluña en respuesta a la sentencia del 'procés'.

Durante esos dos años, a petición de la Guardia Civil, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón habría autorizado dichas intervenciones, así como la instalación de dispositivos de seguimiento y otros métodos de control remoto de ordenadores y micrófonos, a decenas de independentistas vinculados a los CDR, la CUP, el Consell per la República y la ANC, sin que posteriormente se les procesara por ningún delito.

La relación entre las actividades del "CNI catalán" –según la denominación de la Guardia Civil– y el Consell de la República, espacio liderado por Carles Puigdemont, daría pie a que se monitorizara a miembros del entorno del expresidente catalán en Waterloo, como Lluís E., el sargento de los Mossos d'Esquadra que presuntamente ejercía de escolta del expresidente catalán, o el informático Jaume Cabani, entre otros.

De hecho, la investigación al entorno de Puigdemont se habría centrado en la creación de la llamada "república catalana digital", un proyecto con el que, según el juez, se pretendía una "desconexión paulatina" con el Estado. Ese proyecto, sostendría García Castellón en un auto, demostraba la "constante instrumentalización del sector independentista por parte de los políticos prófugos, que continúan ejerciendo desde el exterior labores directas de dirección y organización".