La juez abre juicio a Zaplana por el cobro de comisiones y Anticorrupción pide 19 años de cárcel

• Está acusado de los delitos de organización criminal, blanqueo, falsedad y cohecho
• Junto a él, la Fiscalía acusa a otros investigados en la causa como el considerado presunto testaferro del expresidente

Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana.

La juez del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, por el caso Erial, y para el que la Fiscalía Anticorrupción reclama 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa.

Según el escrito de acusación que ha enviado el fiscal al juez, Zaplana está considerado máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas.

El Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros -de los cuales 6,7 ya han sido transferidos a la oficina de recuperación de activos ORGA-, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como el resto de procesados, otras catorce personas, en una operativa de mordidas que se desviaron a paraísos fiscales.

Este grupo, según señala la calificación, operaba a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico.

Indicios de la existencia de una organización criminal

Según el auto de procesamiento, existen indicios de la existencia de una organización formada por personas que, aprovechándose algunas de ellas de los cargos políticos que tenían o habían tenido, a lo largo de los años junto a varias empresas ya existentes o creadas ex profeso, y ayudadas por empresarios, facilitaron la obtención de contratos públicos; todas las partes lograron beneficios económicos que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos.

Junto a Zaplana, el fiscal dirige su acusación contra sus colaboradores Joaquín Barceló (al que pide 8 años), Francisco Grau (8), Juan Francisco García (14), Mitsouko Henríquez (8); los empresarios Vicente -que sufre una enfermedad que le impide totalmente ser juzgado- y José Cotino (14); y el expresident José Luis Olivas (6).

También contra Saturnino y Elvira Suances (5), Francisco Pérez López (7), Pedro Romero (5), Robert Bataouche (5), Ángel Salas (5) y Carlos Rodríguez (5), y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.

Los investigados, "dirigidos por" Zaplana, según la instructora, formaban un grupo cercano al expresident por vínculos de amistad, como en el caso de Joaquín Miguel Barceló Llorens, o por haber tenido relación con ellos por la posición política que ostentó y las relaciones que tuvo desde su cargo público, y ello con el fin de poder obtener ganancias ilícitas.

Se ayudaban en la consecución de este fin de Francisco Grau Jornet, Juan Francisco García Gómez, jefe de gabinete con Zaplana en la Generalitat, Mitsuko Flerida, su secretaria personal, Joaquín Miguel Barceló Llorens y otros, y especialmente de parte de los empresarios que formaban el grupo SEDESA -Vicente Cotino Escrivá y José Cotino Escrivá-, y el ya fallecido Juan Cotino -expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Consell y ex director general de la Policía-, usando sociedades como Asedes Capital.

Tras la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los Parques Eólicos, objeto del procedimiento y un proceso que se inició en el periodo en que Zaplana presidió la Generalitat, los concursos públicos sobre los que se abrió licitación fueron adjudicados a Proyectos Eólicos Valencianos (participada por Endesa, Bancaja y Levantina de Obras y Edificios, y más tarde Inversiones Imison) en tres de las zonas.

El pasado mes de junio el juzgado instructor dictó un auto por el que dio por concluida la fase de instrucción y emplazaba a la Fiscalía y las demás acusaciones a solicitar la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Zaplana reitera su inocencia

Por su parte, Eduardo Zaplana ha reiterado este lunes su inocencia y "absoluta disconformidad" con la acusación que formula hacia él y otras 14 personas el fiscal anticorrupción y ha lamentado la "instrucción inqusitorial" a la que se ha visto sometido los últimos siete años.

"Una vez visto el escrito de acusación del Fiscal, muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan", ha señalado en un comunicado.

"Al menos, el fiscal reconoce la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años, de lo que me congratulo, del mismo modo que lamento que esa exclusión de responsabilidad no se haya hecho extensiva a otras personas a las que se imputó por el mero hecho de mantener relaciones de parentesco, amistad o laborales", ha añadido.

Por último, Zaplana expresa su confianza en que en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que le permitan acreditar su inocencia y "que hasta el momento le han sido vedadas".