España retrocede en la lucha contra la corrupción de sus multinacionales

• Transparencia Internacional denuncia que España, Italia, Portugal y Suecia aplican de forma "limitada" la convención de la OCDE
• La ONG explica que faltan recursos contra los sobornos empresariales y no hay voluntad política

Cierre de un acuerdo empresarial con dinero bajo mano.

España, junto a otros países europeos como Italia, Portugal o Suecia, ha retrocedido en los dos últimos años en la lucha contra la corrupción de sus empresas cuando operan en el extranjero, en un contexto mundial de menos control gubernamental para evitar estas prácticas.

Según el informe Exportando Corrupción 2022 de la ONG Transparencia Internacional (TI), los 47 mayores países exportadores del mundo han registrado a escala global un "declive continuo" en el combate contra la corrupción de las multinacionales.

Entre las acciones fraudulentas se incluye el pago de sobornos fuera de sus fronteras, una práctica al alza, según la oenegé. Mientras que en 2018 un 27 % de los países estudiados aplicaba de forma activa la convención anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre 2020 y 2022 este porcentaje se redujo del 16,5 al 11,8 %.

EE.UU. y Suiza luchan de forma activa

En la actualidad solo dos de los 47 países analizados se mantienen en la categoría de implementación activa de la convención de la OCDE, nacida hace ya 25 años. Se trata de Estados Unidos y Suiza, que, sin embargo, están a la cola en transparencia financiera.

Siete países, responsables del 16,9 % de las exportaciones globales, forman parte de la categoría de "implementación moderada" y 18, a los que corresponden el 15,5 % de las exportaciones, aplican la convención de forma "limitada" (en este grupo está España).

TI destaca que el 55 % de las exportaciones globales procede de países que no luchan contra la corrupción de sus empresas multinacionales o que apenas lo hacen, entre ellos China, mayor exportador mundial, que no es signatario de la convención de la OCDE y que no dispone de ninguna legislación contra los sobornos en el extranjero. En este grupo se encuentran también Japón, la India, México o Rusia.

Solo mejoran Perú y Letonia

En los dos últimos años solo han "subido" de categoría, intensificando su lucha contra los sobornos en el extranjero, dos naciones, Perú -a "limitada"- y Letonia -a "moderada"-, un progreso que es "alentador" para TI y muestra el camino a seguir.

En Europa predomina un panorama sombrío y en algunos países como España, Italia, Portugal y Suecia, se ha registrado incluso un "abandono brutal". Desde el último informe, han pasado de la categoría de "aplicación moderada" a la de "aplicación limitada", mientras que otros miembros de la Unión Europea, entre ellos Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo, permanecen en la categoría "aplicación inexistente".

Falta de recursos y de voluntad política

"Los gobiernos se enfrentan hoy día a muchos retos, desde el auge de la cleptocracia a los desastres climáticos y el caos económico", afirmó la presidenta de TI, Delia Ferrera, indica un comunicado. No obstante, no deben perder de vista las redes de corrupción transnacionales, que exacerban estas amenazas y bloquean posibles soluciones al infringir leyes, deshacerse de competidores y absorber recursos del erario público.

Entre los motivos para este retroceso en la lucha contra la corrupción, la ONG apunta a que casi en la totalidad de los países evaluados las autoridades policiales y de persecución de delitos económicos y financieros carecen de los recursos necesarios.

A pesar del impacto de la pandemia en todos los ámbitos, incluido el de la lucha contra la corrupción, TI destaca que el declive registrado en su informe comenzó a notarse antes y refleja más bien "una profunda falta de voluntad política".

Compensar a las víctimas

La ONG destaca, además, que la mayoría de los grandes exportadores mundiales no dispone de ningún tipo de programa de protección para quienes denuncian delitos de corrupción internacional. En el apartado de recomendaciones, TI sugiere que los gobiernos refuercen los puntos débiles de sus respectivas legislaciones y de sus sistemas de implementación.

Les alienta, además, a garantizar la transparencia de la información relacionada con la lucha contra este tipo de corrupción, por ejemplo con la creación de una base de datos pública de casos, y les insta a introducir la práctica de compensar a las víctimas de estos delitos.

"Es hora de reconocer los derechos de las víctimas y desarrollar mecanismos transparentes y capaces de rendir cuentas para compensar a los perjudicados, incluidos estados extranjeros, empresas competidoras y poblaciones enteras dañadas por los sobornos extranjeros", subraya Gillian Dell, la autora principal del informe.