El juez de 'Púnica' levanta la imputación a Aguirre y González por la presunta 'caja b' del PP de Madrid

• Por contra, mantiene a su exconsejero Francisco Granados procesado en esta causa
• Se alinea con Anticorrupción que había pedido sacar de la causa tanto a la expresidenta madrileña, como a su sucesor

El juez de 'Púnica' levanta la imputación a Aguirre y González por la presunta 'caja b' del PP de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional que ha investigado el caso Púnica, Manuel García Castellón, ha archivado la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011 para los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, mientras que ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados.

Como hiciese hace tiempo con la también expresidenta regional Cristina Cifuentes, el magistrado Manuel García Castellón ha acordado sacar de la causa a Aguirre y a González en atención al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el archivo del procedimiento para ambos.

Anticorrupción pidió exculpar a Aguirre al no apreciar indicios de que fuera "conocedora" de las actuaciones de la trama 'Púnica', por considerar que el hecho de que tuviera "el control absoluto" del PP regional es "insuficiente" para procesarla.

También sigue los pasos del Ministerio Público en lo relativo a González, ya que, aunque el fiscal vio indicios de que habría cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007, al mismo tiempo concluía que estaría prescrito.

No hay indicios de que Aguirre lo supiera

El juez cree que no hay "indicios que permitan afirmar" que Aguirre conocía la supuesta financiación irregular que se ha investigado. Pese a que una conversación mantenida en marzo de 2017 con González podría revelar que Aguirre "podía sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral", el juez cree que dicha conversación también desvela que la expresidenta "no tenía conocimiento de cómo había sucedido".

Y cree que es "insuficiente" sostener una acusación contra ella por haber tenido una "ignorancia deliberada" de estos hechos a tenor de "la ausencia de indicios".

Reconoce asimismo que Aguirre se benefició de los trabajos de reputación y posicionamiento online que llevó a cabo un empresario, Alejandro De Pedro, si bien reitera que la investigación no ha conseguido acreditar que supiese "ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos".

Tampoco ve suficiente la versión del extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado por el caso Gürtel, que señaló que un empresario entregó en metálico 60.000 euros en la sede del PP de Madrid para Esperanza Aguirre, algo que este mismo negó.

Aunque también inferirse que González pudo saber que existían esos trabajos, dice el juez, tampoco se ha acreditado "su participación en ninguna actuación" constitutiva de infracción alguna.

Propone juzgar a Granados y otras siete personas

Por contra, el juez sí ha visto indicios para sentar en el banquillo a quien fuese secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, al exgerente Beltrán Gutiérrez y a otras seis personas, por la presunta financiación irregular en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento online de altos cargos, mientras que ha archivado la investigación para 71.

García Castellón apunta a posibles delitos electorales, de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsificación y cohecho.

El auto de procesamiento empuja a la fase intermedia, la antesala del juicio, esta pieza separada número 9 de 'Púnica', la más destacada de una macrocausa que arrancó en 2014 para investigar la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en las autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008, así como los contratos adjudicados por la administración madrileña y, en concreto, los contratos de reputación online para posicionar a altos cargos del PP en redes sociales.

El juez indica que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 estarían prescritos, pero ve indicios de delito en los de 2011, precisando que, aunque la cuenta electoral registró unos costes de 2,9 millones de euros –los declarados ante la Cámara de Cuentas–, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones.

La contabilidad presentada oficialmente "no respondía a la realidad de lo sucedido", dice el juez, que cree que fue necesario "contar, como se había hecho en periodos electorales previos" con "empresarios afines" que facturasen sus servicios al PP bajo otros conceptos. Se acudió también, según el magistrado, a "fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado" y se trasladaron esos recursos "a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas".

La vía esencial de recursos irregulares era, según el auto, aportaciones de dinero en efectivo entregadas, directa o indirectamente, a Francisco Granados, entonces secretario regional del PP y principal investigado en el caso 'Púnica'.