Un juez ordena cerrar una web de la ANC por promover empresas independentistas

• El fallo afecta a la página Consumo estratégico y ratifica una orden del 20 de diciembre de 2019
• La Assemblea Nacional Catalana deberá pagar las costas del proceso y no podrá difundir la campaña por ningún medio

Captura de pantalla de la página web 'Consumo estratégico'

Un juez ha ordenado cerrar la web Consumo estratégico, una página que pertenece a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y que, según el juzgado mercantil número 11 de Barcelona, incita al "boicot" empresarial al promover el consumo de productos únicamente de empresas independentistas.

Asimismo, el magistrado ha sentenciado que la ANC deberá pagar las costas del proceso y ha solicitado a esta organización que, en el futuro, se abstenga de difundir por cualquier medio y con trascendencia pública la campaña que representa la web.

Esta orden no es nueva. El 20 de diciembre de 2019, el mismo juez ya estimó parcialmente las medidas cautelares solicitadas por la patronal Foment del Treball y ordenó el cierre del portal, así como el cese de la difusión de la campaña. Ahora, el fallo ratifica la situación.

Una vez estimadas parcialmente las citadas medidas cautelares, la ANC pausó su campaña a la espera de que concluyera el proceso judicial que ha llegado este martes a su fin. De hecho, la última publicación en Consumo estratégico se remonta al 26 de agosto de 2019.

La campaña se inició en 2018

Como recoge la propia web, la campaña de Consum Estratègic se inició en octubre de 2018, a partir de la promoción de ferias y charlas territoriales. Hasta mediados de junio de 2019, se organizaron 115 charlas y casi un centenar de ferias en toda Cataluña.

Uno de los objetivos de esta página es que los consumidores con domicilio en Cataluña se registren para recibir información de empresas del sector con origen en la comunidad, así como abrir un registro de "proveedores estratégicos".

La segunda fase comenzó en julio de 2019, cuando se publicó el buscador de las empresas que reunían los requisitos para ofrecer sus productos y servicios. Todo quedó en suspenso cuando comenzó el proceso judicial.