La UCO registra las sedes de Acciona y otras empresas en Madrid y Valencia por el 'caso Azud'

• El sumario del caso investiga una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas en Valencia
• El objetivo de esta operación se centraría en la búsqueda de intermediarios entre las administraciones y los empresarios

Un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están llevando a cabo diversos registros simultáneos y solicitando documentación en las sedes de varias empresas de Madrid y la Comunidad Valenciana en el marco del 'caso Azud',  que investiga una presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos en Valencia.

Los registros, efectuados en cinco empresas por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción, tienen que ver con una de las piezas secretas del caso.

En concreto, la búsqueda de documentación se habría centrado, entre otras mercantiles, en el grupo empresarial Construcciones Gimeno, en Castellón, y la empresa Acciona Construcción, que ha facilitado toda la información solicitada para esclarecer los hechos que se investigan. También se están tomando declaraciones a testigos e investigados, si bien no hay prevista la detención de ninguna persona.

Presuntas comisiones en adjudicaciones del trasvase del Júcar-Vinalopó

El sumario del 'caso Azud' investiga una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de grandes proyectos inmobiliarios y contratos públicos en Valencia, y tiene entre sus considerados cabecillas a empresarios, abogados y políticos del PP y PSPV, como el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP) o el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio (PSPV-PSOE). En total, se está investigando alrededor de 60 personas.

Esta operación de la UCO, denominada 'Zagreo', se habría originado con unos papeles hallados en el domicilio del exsecretario de finanzas del PSPV José María Cataluña, relacionados con presuntas comisiones en adjudicaciones de un tramo del trasvase del Júcar-Vinalopó, licitado por Aguas del Júscar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

De esta forma, la documentación ha dirigido a los investigadores hacia la búsqueda de nuevos datos de otra presunta trama de corrupción, la denominada Acuamed, que investiga la adjudicación fraudulenta por parte de esta empresa estatal de obras a diversas empresas.

Se investigan posibles delitos de prevaricación, cohecho y malversación

Se trata de un procedimiento declarado secreto en el que se investigan delitos de prevaricación, cohecho y malversación y que cuenta con el apoyo de la Europol, que ha desplazado una oficina móvil y medios técnicos para prestar su apoyo en el transcurso de las actuaciones.

El objetivo de esta operación se centraría, según ha podido saber Europa Press, en la búsqueda de intermediarios entre las administraciones públicas y los empresarios a los que se les adjudicaban diferentes contratos o servicios.

El caso arrancó en 2017, pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones: las de los abogados José María Corbín y Diego Elum. En una segunda fase, en mayo del pasado año, la jueza ordenó la detención de Grau y Rubio junto a al jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, todos ellos ya en libertad.