El Gobierno "estudia" la reforma del delito de sedición y ERC pide rebajar las penas a un máximo de cinco años

• El Ejecutivo condiciona los cambios a una mayoría parlamentaria que dice no tener y ERC admite "conversaciones" con él
• El PP acusa al Ejecutivo de "trocear" la integridad y la unidad de España y Vox lo ve "gravísimo"

El Gobierno "estudia" el cambio del delito de sedición en el Código Penal y ERC lo desvincula de los Presupuestos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido este lunes que "se está estudiando" posibles cambios en la tipificación del delito de sedición, aunque los ha condicionado al análisis del entorno jurídico del resto de países europeos y a un "consenso interno" en España que el Ejecutivo y el PSOE subrayan que todavía no tienen. ERC admite "conversaciones" con el Gobierno al respecto y pide que las penas por este delito se rebajen hasta un máximo de cinco años (actualmente es hasta quince), como ocurre en Alemania, Suiza o Francia, mientras que ambas partes desvinculan la reforma del Código Penal de la negociación de Presupuestos Generales del Estado.

En declaraciones a los periodistas, durante su asistencia en Ávila al acto de inauguración del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional en Ávila, el ministro ha insistido: "Toda modificación del Código Penal requiere un consenso". Marlaska se ha pronunciado así después de que El País publicara este lunes que el Gobierno se abre a reducir a la mitad las penas por sedición, algo que no ha confirmado.

En cambio, ha añadido que esos cambios que está estudiando el Gobierno también se ven condicionados por "el ordenamiento jurídico de los países más cercanos", en referencia al marco de la Unión Europea, para "compartir definiciones de delitos".

El pasado viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recalcó que la reforma del delito de sedición no solo es un "comromiso del Ejecutivo" sino uno suyo "personal" pero ya remarcó que, a día de hoy, no tiene "apoyos" suficientes: "Tenemos un Código Penal que en algunos delitos no es equiparable a las principales democracias europeas y esto lo dicen los penalistas”.

En la misma línea, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recalcado que el Ejecutivo no tiene mayoría suficiente para cambiar la sedición, y para la titular de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quien "parece bastante evidente" que una mayoría parlamentaria para introducir estos cambios "en este momento no se da": "En esta cuestión desde el PSOE y el Gobierno siempre hemos dicho lo mismo, tienen declaraciones en la hemeroteca y no hay novedad".

ERC admite "conversaciones" con el Gobierno y rechaza "subastas"

También ha desvinculado la sedición de la negociación presupuestaria el líder parlamentario de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha afirmado en una entrevista radiofónica que la gente está más "preocupada por las hipotecas" que por la sedición.

Aún así, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha admitido "conversaciones" con el Gobierno sobre esta cuestión. En caso de acometer una reforma que rebajara las penas, podrían beneficiarse los procesados huidos del 'procés', como Carles Puigdemont. Vilalta ha asegurado que los republicanos no entrarán en "subastas" sobre la reforma del Código Penal y que serán "exigentes" con el Gobierno para que se equipare a estándares de países como Alemania, Suiza o Francia, donde las penas son entre tres y cinco años.

En rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, Vilalta ha evitado concretar cuál es la propuesta de Esquerra pero ha dicho que "el Gobierno ya sabe lo que ha de hacer", ya que la comunidad internacional "apela" directamente al Estado, y ha instado a Moncloa a especificar su propuesta: "ERC no entrará en una subasta pública sobre años, plazos o contenido concretos de una eventual reforma, porque requiere la discreción y negociaciones que lo hagan posible".

Los republicanos, según fuentes consultadas por Efe, consideran que esa reforma del Código Penal y del delito de sedición se enmarca en la mesa de diálogo entre ambos Ejecutivos, si bien un posible acuerdo al respecto sería clave para generar la confianza necesaria para avanzar también en un posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Precisamente sobre esos Presupuestos, Vilalta ha justificado que ERC no presentara enmienda a la totalidad para así "dar margen a la negociación", aunque ha advertido de que su partido está en este momento "lejos" de facilitar la aprobación de las cuentas.

Por su parte, el secretario general adjunto del PDeCAT, Marc Solsona, sí cree que existen "mayorías suficientes" en el Congreso de los Diputados como para llevar a cabo una reforma "sustancial" del delito de sedición. En una rueda de prensa telemática, Solsona ha indicado que la sedición "es un concepto anacrónico", por lo que son partidarios de "modificar" el delito y "adaptarlo a la normativa europea".

El PP acusa al Gobierno de "trocear" la integridad de España

Frente a una posible reforma de la sedición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Sánchez de estar "troceando" la "integridad" y la unidad de España. A su juicio, el jefe del Ejecutivo está "hipotecando España para su perpetuidad" dándole "a los enemigos confesos de España los intereses del país" a cambio de "seguir en los escaños" y negociar sin transparencia en "beneficio propio".

En la misma línea se pronunció este domingo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien la reforma del delito de sedición, de llevarse a cabo, supondrá "el mayor atentado a la igualdad y libertad en España".

Las críticas a los cambios en la sedición se han repetido también desde Vox, cuyo portavoz, Jorge Buxadé, ha dicho que sería "gravísimo" que Sánchez se prestara a reducir a la mitad la pena por sedición a cambio del apoyo de ERC a los presupuestos porque dejaría libre el camino a sus socios separatistas para cometer ese delito.

Desde Barcelona, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, no ha querido pronunciarse sobre si a los comunes les parece bien la posible propuesta de reducir al 50% las penas porque, según ha dicho, "las negociaciones están abiertas a todos" los partidos que participan en ellas.