El Constitucional admite a trámite la petición para revisar la ley que elimina el 25% del castellano en las aulas

• El TSJC considera que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña podría vulnerar el Estatut de Autonomía y la Constitución
• El Constitucional ya admitió a trámite hace un mes el recurso del PP y Ciudadanos contra el decreto del Govern

Alumnos de un centro escolar de Barcelona

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para revisar la ley aprobada por el Govern catalán que choca con la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano.

Así lo ha comunicado este miércoles la corte de garantías, recordando que será el magistrado Enrique Arnaldo el encargado de redactar la ponencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por los jueces del alto tribunal de Cataluña.

El TSJC considera que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña, impulsado por el Govern, podría vulnerar el Estatut de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación. A su juicio, da "preferencia" al catalán al fijar de forma explícita la "inaplicación" de porcentajes en los proyectos lingüísticos de las escuelas.

El TSJC acordó suspender la ejecución forzosa de la sentencia del 25%

El pasado 4 de julio, el alto tribunal catalán ya acordó suspender la ejecución forzosa de la sentencia del 25%, dada la "imposibilidad legal" de hacerlo después de la aprobación de la nueva legislación sobre usos lingüísticos en las escuelas, y pidió a las partes que se pronunciaran sobre si debía plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la nueva normativa.

El decreto fue aprobado por el Govern cuando faltaba un día para que expirase el plazo del TSJC para aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas.

Los jueces acudieron al tribunal de garantías al considerar que estas nuevas normas suponen un nuevo modelo lingüístico que "no permite reconstruir la posición del castellano en paralelo a la del catalán sin incurrir en fraude de ley".

El Constitucional ya admitió a trámite hace un mes el recurso del PP y Ciudadanos contra el decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, y la ley que reconoce el "uso curricular" del castellano. Ambas formaciones políticas consideraron que, con estas normas, el Govern catalán vulnera la Constitución al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.

Y hace una semana, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, le pidió al presidente catalán, Pere Aragonès, que la Generalitat cumpla con la sentencia del TJSC que obliga a que un 25 % de las clases sean en castellano, durante el encuentro que mantuvieron en Bruselas.