La mayoría de la investidura allana el camino de los presupuestos pero avisa: "El voto final hay que negociarlo"
- El Congreso tumba las siete enmiendas a la totalidad y las cuentas públicas seguirán su tramitación parlamentaria
- ERC y el PNV instan al Ejecutivo a "recuperar la confianza" y EH Bildu advierte de que no deben "dar por hecho" sus votos"
Los Presupuestos para 2023 han superado este jueves su primer examen en el Congreso tras el rechazo de siete enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias y los dos diputados expulsados de UPN. Han sido los socios de la investidura los que han allanado el camino para que las cuentas públicas sigan su tramitación parlamentaria, aunque no a cualquier precio: ERC, PNV y EH Bildu han advertido al Ejecutivo de que el voto final "hay que negociarlo" y han hecho un llamamiento a "reconstruir la confianza" que en algunos asuntos se ha perdido.
En total, dos días de intenso debate que, por un lado, han ahondado más la brecha entre el Gobierno y el PP, mientras en privado intentan negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); pero también han servido para acercar posturas con sus socios, que se resisten a garantizar su apoyo a las cuentas públicas a la espera de cómo evolucionen las negociaciones. Así, las enmiendas a la totalidad han sido rechazadas con 159 votos a favor, 186 en contra y 3 abstenciones.
Se trata de unas cuentas públicas, las terceras y últimas de la legislatura, que se basan en dos premisas: la "justicia social" y la "eficiencia económica", en palabras de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que fue la encargada de abrir el debate este miércoles. Incluyen el mayor gasto público e inversión productiva de la historia, en un contexto de incertidumbre por la guerra y la elevada inflación, y en el que el fantasma de la recesión sobrevuela el ambiente. No obstante, Montero defendió "la fortaleza de la economía" española y, ante las críticas de la derecha, cargó contra aquellos que "solo intentan deslegitimar al Gobierno" en lugar de realizar "una labor de oposición constructiva".
Respecto a los partidos que presentaron las enmiendas a la totalidad, PP, Vox y Ciudadanos criticaron que el proyecto de presupuestos está "al servicio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez" y cargaron contra el aumento de gasto público y el cuadro macroeconómico de las cuentas. Por su parte, Junts per Catalunya y la CUP reivindicaron la falta de soluciones al conflicto en Cataluña mientras que Foro Asturias y los diputados expulsados de UPN cargaron contra el Ejecutivo por, en su opinión, aceptar "el chantaje de los independentistas".
Precisamente, este jueves Montero ha respondido a ERC, PNV y EH-Bildu que el Gobierno sabe que su apoyo no es un “cheque en blanco”, pues "nunca lo ha sido", y en la negociación van a tener que "sudar la camiseta". "Es el comienzo de un largo y muchas veces fatigado viaje", les ha respondido la ministra.
Mientras, los portavoces parlamentarios de Unidas Podemos han defendido que los Presupuestos conseguirán que la factura de la crisis surgida por la inflación "la paguen las grandes fortunas del país, la banca y las eléctricas y no las clases medias y populares". La formación morada se ha mostrado muy crítica con el PP, a quien ha acusado de convertirse en "profetas del apocalipsis del hundimiento de la economía". "La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes rescatan banco y nosotros a la gente", ha puntualizado el presidente del grupo parlamentario y diputado de En Comú, Jaume Asens.
ERC: "No negociar significa perder"
El debate ha proseguido este jueves con los grupos que no han presentado enmienda a la totalidad. Tras Unidas Podemos, ha tomado la palabra el portavoz económico de ERC en el Congreso, Joan Margall, quien ha adelantado que pese a tener "muchas razones para votar a favor" de tumbar las cuentas, se han decantado por "poner a su fuerza negociadora a trabajar y mejorar estos Presupuestos". "No negociar significa perder", ha incidido, "no negociar no haría caer la Monarquía, ni el Régimen del 78 (...) lo único que se conseguiría es prorrogar los anteriores o que el Gobierno intentara aprobarlos con una mayoría más hostil para los intereses de Cataluña", ha dicho.
El diputado ha criticado que los Presupuestos "continúan perpetrando un modelo de Estado que no es el suyo" -"un Estado que en demasiadas ocasiones más que servir a la ciudadanía, se sirve de ella para mantener los privilegios de siempre", ha dicho- y también el "marcado acento militarista" que a su juicio tienen las cuentas públicas; si bien ha celebrado que otras medidas van "en la buena dirección" como la extensión del bono social eléctrico, aunque son todavía "insuficientes", pues "deberían ir acompañadas de otras medidas estructurales como la limitación de los precios de los alquileres" o "políticas que faciliten el acceso al empleo y la vivienda a los jóvenes".
Además, Margall ha arremetido contra Montero porque en su opinión "siempre incumple", ya que la inversión presupuesta en Cataluña "no llega finalmente a ejecutarse", algo que ha hecho que "ya no puedan confiar en el Gobierno". Por ello, les ha instado a "reconstruir la confianza sobre una base diferente" y han apostado por dar una oportunidad a la negociación y contribuir a encontrar "una solución al conflicto con Cataluña", que pase, entre otros aspectos, por "su desjucialización". "De ustedes dependen que sean los últimos presupuestos que les quedan en la Moncloa", ha advertido.
Ante esto, y sin hacer mención expresamente al delito de sedición, Montero ha asegurado que "es un compromiso firme del presidente del Gobierno (...) y lo traerán a la Cámara, que tendrá que decidir soberanamente sobre esta cuestión", al tiempo que ha subrayado que la citada reforma no forma parte de la negociación de las cuentas. La formación republicana ya admitió "conversaciones" con el Gobierno al respecto y reclamó que las penas se rebajen hasta un máximo de cinco años (actualmente es hasta 15). Posteriormente, en los pasillos del Congreso, Montero ha matizado que la voluntad del Ejecutivo es reformar y que cuando haya mayoría, la traerán a la Cámara Baja.
PNV y EH Bildu: "No den por hechos nuestros votos"
También de falta de confianza ha hablado la diputada del PNV Idoia Sagastizábal, quien ha reconocido que, "en los últimos tiempos, esta relación no pasaba en su mejor momento": "Veníamos reclamando un clima de confianza mínimo (...) basado en el cumplimiento de los acuerdos pendientes", ha señalado, para después señalar que "dicha confianza se ha recuperado en parte". "El punto de partida de una negociación", ha dicho, porque "falta un trecho" para acordar unos presupuestos que, bajo su punto de vista, "tienen margen de mejora".
El PNV presentará enmiendas parciales y lo hará con ánimo "constructivo, de diálogo" y de búsqueda de acuerdos amplios, porque es lo que les "exige la ciudadanía cada día", ha remarcado la representante del grupo. "Nos encontramos en un contexto de incertidumbre, volátil, donde es necesario aunar esfuerzos y dotar de estabilidad a las instituciones", ha añadido. En este punto, Montero ha recalcado que existe la "disponibilidad del Gobierno para profundizar en las negociaciones sobre aquellas cuestiones que son de mejoría".
Desde EH Bildu, por su parte, han advertido al Ejecutivo que "no dé por hecho" sus votos pues, a pesar de que han decidido tumbar las enmiendas a la totalidad, "no basta con ser diferentes a la derecha, hay que serlo" y "no basta con parecer de izquierda, sino demostrarlo con hecho antes los poderosos", ha dicho. Asimismo, ha pedido al Ejecutivo que se aleje de un "equilibrio imposible" a la hora de adoptar medidas, pues cree que "no caben medias tintas ni soluciones intermedias". "Estoy convencida de que vamos a encontrar puntos de encuentro", ha respondido Montero, avisando en todo caso en que no será de su "absoluta satisfacción", aunque tampoco del Gobierno.
La oposición critica que están "al servicio de Sánchez"
El debate de totalidad ha proseguido un día después de que PP, Vox y Ciudadanos criticaran que el proyecto de presupuestos "nace viciado", ya que -apuntaron- se basan en unas previsiones macroeconómicas que no se ajustan a la realidad y padecen de "carencias y debilidades", y que está "al servicio del interés particular del Gobierno y de Sánchez". La oposición señaló también que las cuentas públicas "no responden" a su juicio "a las necesidades económicas" del momento, "endeudan a los españoles" y "abocan al país a la recesión". Además, Montero y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, protagonizaron un rifirrafe a cuenta del terrorismo y la Guerra Civil.
JxCat, que también presentó enmienda a la totalidad, reprochó al Gobierno que no haya desjudicializado aún el conflicto catalán y tildó la reforma sobre el delito de sedición de ser "el último cromo de los presupuestos", por su negociación con ERC. Así, reclamó que se elimine y no se quede en "una rebaja de las penas". El portavoz de la CUP, Albert Botran, por su parte, reivindicó la falta de soluciones al conflicto en Cataluña y admitió que unos Presupuestos "expansivos", si bien en su opinión "eso no quiere decir que sean sociales y transformadores". Y el exdiputado de UPN, ahora en el grupo mixto, Carlos García Adanero, afirmó que los presupuestos saldrán adelante por el chantaje de los independentistas, crítica a la que se ha sumado el portavoz de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca.
Mientras que Más País pidió durante su intervención una mayor intervención pública del Gobierno en la economía, Compromís hacer los Presupuestos "más valencianos" y el BNG, que el Ejecutivo "rectifique y cumplan con sus compromisos". Todos ellos han votado en contra de las enmiendas, al igual que Coalición Canaria, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe, quienes se mostraron a disposición de seguir con las negociaciones para "arrancar algo bueno" para sus regiones.
Tumbadas las siete enmiendas a la totalidad, se inicia el trámite parlamentario de las cuentas públicas y se abre el debate de las enmiendas parciales de los partidos. El objetivo es que las cuentas públicas se aprueben antes de final de año para su entrada en vigor el 1 de enero.