¿Cómo se protege a un menor cuando te acusan de un falso síndrome?
- “El síndrome de alienación parental es una tortura”, dice Irune Costumero tras años luchando por la custodia de su hija
- Paloma Delgado denuncia la "desprotección" de sus hijos. Su exmarido, condenado por malos tratos, podrá ver a los niños
- La hija de María Salmerón, Miriam, asegura "nunca me preguntaron si quería ir o no con mi padre"
"Soy yo la que debería estar en la cárcel, porque fui yo la que se negó a verle” afirma con los ojos llenos de lágrimas, Mirian Ruiz, la hija de María Salmerón. Su madre cumple nueve meses de condena por un delito de desobediencia grave a la autoridad. Es su cuarta condena por lo mismo: incumplir el régimen de visitas de su hija con su ex marido, condenado por malos tratos.
María indultada en tres ocasiones anteriores por el mismo delito, ahora ha tenido que entrar en prisión. Desde mediados de julio está cumpliendo la pena en libertad con un dispositivo telemático que controla sus movimientos. El ex marido, con una sentencia firme y una pena de 21 meses de prisión, no ha pisado la cárcel.
Laberintos judiciales
La batalla judicial de María Salmerón comenzó hace más de 20 años. Se separó de su marido cuando Miriam tenía cinco meses. Los juzgados establecieron entonces una orden de alejamiento y un régimen de visitas en un punto de encuentro.
“Mi padre no me quería, jamás mostró interés por mí“
“Allí me dijeron que mi padre era como un coche roto, que tenía que irme con él porque ellos estaban intentando arreglarlo, que eran como el taller “, recuerda esta estudiante de 21 años que siendo una adolescente se negó a ver a un padre que “no me quería, que jamás mostró interés por mí” añade.
En los juzgados “hacen como que te escuchan, pero no es verdad, remarca la joven. “Yo pedía ayuda a gritos pero no me hacían caso”. “Mucha gente ha dicho que mi madre me manipulaba", insiste Miriam “pero ella lo único que ha hecho durante toda su vida ha sido protegerme, quererme, intentar que llevará una vida normal” y ahora dice “está sufriendo esta tortura institucional".
María Salmerón no se arrepiente de haber intentado proteger a su hija de un padre maltratador, aunque reconoce estar cansada de la pelea. “Esta justicia patriarcal desconfía de las mujeres, nosotras nada más entrar en un juzgado tenemos una presunción de culpabilidad, somos culpables de entrada“, denuncia esta sevillana que no se cansa de repetir que “un maltratador nunca puede ser un buen padre”.
"Llevo años diciéndolo, puede que cambién las leyes, pero lo que no cambia es la mentalidad machista", afirma María Salmerón. Desde mediados del mes de julio está cumpliendo la condena en libertad pero atada a un dispositivo electrónico que controla sus movimientos.
Un maltratador no puede ser un buen padre
“Mi hija, no es que dijera que su padre la pegaba o que no quería irse con él o que me suplicara que no la dejará en el punto de encuentro, no era solo eso, no, es que mi hija perdía el control de esfínteres, se hacía pis y caca encima, vomitaba, y eso no es manipulable“, denuncia Irune Costumero, víctima del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP).
El SAP es un falso síndrome ideado por Ricard Gardner, un psiquiatra norteamericano para defender a pacientes acusados de abusos sexuales, con el argumento de que los menores mentían manipulados por la madre. Sin aval científico, ni reconocido por la OMS se ha utilizado en los litigios por la guarda y custodia de los niños y niñas.
Desde el 2013 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desaconseja utilizarlo en las resoluciones judiciales. La Ley de La Infancia y la Adolescencia de 2021 lo prohíbe explícitamente, aunque algunas juristas feministas aseguran que la esencia del falso síndrome se sigue aplicando con otros nombres y otras formulaciones. Y sobre todo, como la ley no es retroactiva, las victimas del SAP siguen peleando contra sus consecuencias.
Aunque no hay datos oficiales de mujeres afectadas por esta terapia de la amenaza, algunas asociaciones de mujeres calculan que podrían ser unas 400. En el País Vasco 60 asociaciones feministas han constituido la Red de Resistencia contra el SAP.
Cuenta Irune que a su hija y a ella les aplicaron el SAP en los servicios sociales después de que el hospital abriera un protocolo de malos tratos. “Ahí empezó la bola, esta lavadora institucional, que te tiene dando vueltas y vueltas en procedimientos sin fin“, dice esta madre a la que en agosto de 2017 la Diputación de Vizcaya la privó de la custodia compartida de su hija.
“Me arrancaron a la niña de forma violenta apelando al falso síndrome. No puedo quitarme de la cabeza sus gritos de '¡amatxu, amatxu!'", recuerda con emoción a pesar del tiempo transcurrido.
“Mi madre, mi hija y yo salimos muertas del "arrancamiento"“
Tras años de pelea judicial para recuperar a su hija, que ahora tiene 10 años, Irune consiguió sentar en el banquillo a cuatro altos funcionarios del Servicio de Infancia de la Diputación Foral acusados de prevaricación y maltrato. El tribunal les absolvió en un juicio donde el SAP fue el auténtico protagonista.
Irune asegura que llegará hasta donde haga falta para rescatar a su hija a la que ahora ve unas horas dos días a la semana, algunos fines de semana y la mitad de las vacaciones. Su caso es uno de los más de veinte que está estudiando la CEDAW, Comité de la ONU para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Este mismo comité dió la razón en 2014 a Ángela González Carreño al afirmar que el Estado vulneró sus derechos y los de su hija Andrea, asesinada por su ex marido como consecuencia de la actuación negligente de las autoridades. Ahora, de nuevo, expertos independientes de la ONU han recriminado a España que nuestros tribunales no protegen lo suficiente a los niños y niñas de los padres abusivos. Los relatores y relatoras encabezados por Reem Alsalem han constatado que, a menudo, "las decisiones judiciales favorecen a los hombres incluso cuando existen motivos razonables para sospechar que abusan de los hijos y de sus madres".
Tras analizar varios casos, entre ellos el de Irune, confirman que existe un prejuicio y un "sesgo discriminatorio contra las mujeres". Su testimonio, dice el informe, "se percibe como menos creíble que el de los varones". "No se cree a las madres cuando denuncian violencia física o sexual cometida por los padres contra ellas o contra sus hijos". Según se puede leer en el dictamen, aunque están prohibidas por la ley y carecen de apoyo científico, las teorías sobre la "alienación parental" parecen seguir desempeñando un papel en las decisiones judiciales en España.
Violencia vicaria
Paloma Delgado reconoce que, aunque suene extraño, a ella le salvó la violencia física. “Vives, nos cuenta, en un estado de anulación tal, lo tienes tan asumido, que fue la agresión física contra los niños lo que me hizo despertar”. Despertar de una pesadilla que había empezado en 2004, durante la luna de miel. Primero como maltrato psicológico y después con episodios de violencia continuada contra ella y contra sus tres hijos. “Me costó mucho denunciar, no estaba segura de que me fueran a creer. Nosotros no dábamos el perfil“, afirma esta médico rural.
“Mi palabra ha estado siempre en entredicho“
Tras interponer la denuncia en 2016, la Policía le llegó a decir que o denunciaba ella o lo hacían ellos de oficio. Empezó la lucha en los juzgados. “Mi palabra ha estado siempre en entredicho”, dice con amargura.
El ex marido de Paloma, un hombre conocido en la ciudad donde viven, fue condenado primero por la Audiencia Provincial y después ratificado por el Supremo, en sentencia firme, a cuatro penas de un año y nueve meses de prisión por maltrato continuado a su mujer y a sus tres hijos. Un total de siete años, si se sumaran todas las penas, algo que ha pedido Paloma reiteradamente y, de momento, sin éxito.
A pesar de no haber arrepentimento, asegura Paloma, la Justicia ha conmutado las condenas. Primero por 510 días de trabajos a la comunidad que no ha cumplido y, finalmente. por una multa de 1.500 euros. “Salimos a 382,5 euros cada uno”, explica con ironía esta madre. Pero eso no es lo peor, denuncia. “Si no hay modificación, si no se produce un movimiento, el maltratador podrá volver a tener visitas con sus hijos y recuperará la patria potestad”.
“La justicia ha desprotegido a mis hijos “
“Vivimos en un estado permanente de alerta, no nos han dado tregua” sentencia para añadir que la justicia ha dejado desprotegidos a sus hijos “han perdido la infancia y casi la adolescencia metidos en juicios” Dónde está “el bien superior del menor” se pregunta en voz alta esta madre desesperada que ha lanzado a la Audiencia Provincial de Huesca una petición en change.org para impedir que su maltratador después de hacerles vivvir en el terror pueda al cabo de los años y de los sufrimientos padecidos, decidir sobre la vida de sus hijos de 16, 14 y 10 años.
Hay que ser muy valiente para vivir con miedo
Dicen los expertos que la causa más habitual de rechazo a un maltratador por parte de los hijos es la violencia que han ejercido contra ellos pero muchas veces no se investigan las causas o no se escucha a los menores. Los datos indican que el 77% de las mujeres sale de la violencia a través de la separación, no de la denuncia y que el 84% de esas mujeres tienen hijos e hijas. Por tanto la posibilidad de encontrar mujeres maltratadas no declaradas en procesos de custodia de los menores es altísima.
“Los niños y niñas que conviven con las víctimas de violencia de género son también victimas“
El legislador lo tiene claro, afirma Teresa Peramato, Fiscal de Sala de Violencia Contra la Mujer: “los niños y niñas que conviven con las víctimas de violencia de género son también victimas. Por eso se han modificado las leyes, tanto en el ámbito civil como en el penal, para que si hay condena o sospechas de posibles malos tratos no se acuerden visitas o si las hubiera se suspendan, afirma, salvo que el juez, valorando el interés superior del menor y de forma motivada lo considere oportuno".
“Hace falta formación en perspectiva de género de todos los operadores jurídicos que intervienen”, dice María Ángeles Carmona, Presidenta del Observatorio Contra la Violencia de Género del CGPJ. En la primera edición de los cursos de formación 1.500 jueces y juezas de un total de 5.000 han pasado ya por esa formación.
Para la jueza de familia Margarita Pérez Salazar “hace falta especialización en juzgados de familia y más medios. como equipos sicosociales que ayuden al juez o a la jueza a tomar mejores decisiones”.
La jurista y feminista Altamira Gonzalo demanda "una mirada más igualitaria al Derecho, donde no quepan los prejuicios ni los esteriotipos sobre la mujer". Y citando a otra gran jurista , María Telo, nos recuerda que “el Derecho de Familia es el arca sagrada del patriarcado".