El PSOE plantea que los menores de 16 años necesiten una autorización judicial para poder cambiar de sexo

• También propone no equiparar la violencia intragénero con la machista o reforzar la protección ante el exilio rural del colectivo
• Igualdad dice que "lo más urgente" es cerrar un calendario de tramitación que permita que la ley esté aprobada a finales de año

Varios activistas protestan a favor de la ley trans a las puertas del Congreso

El grupo parlamentario socialista propone modificar la ley trans para que los menores de 16 años y mayores de 12 necesiten una autorización judicial para poder cambiar de sexo en el registro, según un documento de preenmiendas que todavía no es definitivo.

Así lo recoge en una de sus preenmiendas a la ley, que en el texto original contempla la posibilidad de que los mayores de 14 años y menores de 16 puedan presentar solicitud por sí mismas asistidas por sus representantes legales. En su lugar, los socialistas plantearían que deban contar con autorización judicial para la modificación de la mención registral de sexo.

Por otro lado, el PSOE presentaría otra modificación por la que establece que en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través del expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de ley contempla que este segundo cambio en el registro se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años.

En concreto, se apoyan en una conclusión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que dice que "legitimar a los mayores de 14 años y menores de 16 para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo sin más condiciones que la asistencia de sus representantes legales, no resulta adecuado para proteger el interés del menor comprendido en esa franja de edad que carezca del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada".

Otras propuestas: violencia doméstica, mundo rural y empleo

También plantea no equiparar la violencia intragénero (la que tiene lugar dentro de la pareja LGTBI) con la violencia machista. Se hablaría entonces de violencia doméstica, la ejercida entre familiares.

Además, señala en su propuesta que, en caso de que exista una condena por un delito de violencia doméstica, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar en favor de la víctima, ésta podrá solicitar la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo a sus empleadores, que deberán atender la solicitud en la medida de sus posibilidades organizativas.

El resto de puntos tratan aspectos relacionados con el mundo rural, como reforzar la protección frente a la huida obligada de las personas LGTBIQ+ de su lugar de residencia por sufrir discriminación, al que se refieren como "sexilio".

En este sentido, quiere que en el plazo de un año desde la aprobación de la norma, a través del Consejo de Participación de las personas LGTBI, se establezcan los mecanismos adecuados para recabar datos sobre la migración del colectivo dentro de España, y con ellos "se contemplará, en su caso, como causa de despoblación".

En empleo, plantea eliminar la mención expresa a las personas trans, con especial atención a las mujeres de este colectivo, en los planes de igualdad y no discriminación.

Por otra prte, proponen que las mujeres trans en situación de prostitución tengan derecho a los recursos sociolaborales para víctimas de violencia sexual o de trata establecidos en la ley de garantía integral de la libertad sexual.

Igualdad urge a aprobar la ley antes de final de año

Fuentes de Igualdad han indicado que harán las valoraciones de las enmiendas socialistas cuando sean presentadas. No obstante, subrayan que "lo más urgente" ahora es cerrar un calendario de tramitación que permita culminar la ponencia el próximo 18 de noviembre para que la ley esté aprobada a finales de año.

La semana pasada, el PSOE descartó tocar la libre autodeterminación de género, que es la clave principal de la ley y supone despatologizar a las personas trans, pero planteó “dudas” sobre la equiparación de algunas violencias a la violencia de género. Poco después, el grupo socialista pidió una prórroga para presentar enmiendas parciales y puso como plazo límite el lunes 31 de octubre para registrar sus propuestas, que todavía están en proceso de elaboración.

El texto fue remitido a las Cortes tras duras negociaciones en el seno del Gobierno de coalición, pero sigue generando divisiones en las filas del PSOE, que ha retrasado por sexta semana consecutiva (y última, según fuentes del partido) la continuidad de la tramitación de la norma en el Congreso alegando su intención de blindarla jurídicamente.

La Plataforma Trans se concentra en Ferraz

Alrededor de un centenar de personas convocadas por la Plataforma Trans se han concentrado este viernes ante la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para protestar contra la nueva ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la ley trans solicitada esta semana por los socialistas.

Con cánticos como "con Carmen Calvo no estamos a salvo", "sin menores no hay ley trans", "PSOE escucha estamos en la lucha" y "si no hay ley trans habrá furia trans", el colectivo ha exigido a los socialistas que pongan fin al "bloqueo" de la ley y que dejen de "alinearse con la ultraderecha".

La presidenta de la plataforma, Mar Cambrollé, ha avisado de que "este solo ha sido el punto de salida" y que "a partir de hoy va a haber concentraciones ante la sede del partido socialista en todo el territorio español".