La reforma del delito de sedición, la última línea roja del PP que dinamita el acuerdo para el CGPJ

• Sánchez lleva años señalando que quiere impulsar la reforma cuando haya mayorías suficientes
• El cambio de postura en ERC a favor y sus "conversaciones" con el Gobierno al respecto cambian el escenario
• Así te hemos contado la última hora de la crisis sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

ERC reconoció esta semana "conversaciones" con el Gobierno sobre la sedición y el ministro del Interior admitió que está "estudiando" la reforma.

El compromiso del Gobierno con la reforma del delito de sedición ha sido la última línea roja que ha puesto el PP y que ha dinamitado las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace casi cuatro años. El PSOE lleva años diciendo que quiere modificar este delito y hacerlo “homologable” a otras democracias europeas, incluso el jefe del Ejecutivo ha reafirmado en múltiples ocasiones su “compromiso personal” con esta cuestión. Ambas partes habían desligado públicamente la sedición de la negociación del CGPJ y aún así, el PP dio por suspendidas las negociaciones este jueves por la tarde tras una llamada entre su líder y el jefe del Ejecutivo en la que, según los ‘populares’, Pedro Sánchez trasladó a Alberto Núñez Feijóo que “no renuncia” a la reforma.

Las últimas han sido 24 horas frenéticas en las que la situación ha pasado de “el pacto está listo”, según afirmaba el propio Sánchez, a la suspensión de las negociaciones con duros reproches mutuos que siguen un día después. El presidente ha criticado que a Feijóo le han “temblado las piernas” ante las presiones, mientras que el PP habla de que el pacto será posible “con otro PSOE”.

En medio de todo esto, fueron unas palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las que detonaron la crisis entre ambas partes. Durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado se dirigió a ERC para reafirmar el “compromiso” de su Ejecutivo con el delito de sedición: “Lo traeremos a esta cámara”. La ministra dijo que el Congreso, “soberanamente habrá de decidir”, y no añadió la coletilla habitual del Gobierno respecto a que no hay una mayoría parlamentaria suficiente para la reforma. Sus palabras se pudieron interpretar como un anuncio y generaron malestar en el PP, que advirtió que el delito de sedición alejaba el acuerdo.

La ministra aclaró posteriormente en los pasillos del Congreso que no llevará la reforma de la sedición a esta Cámara mientras no exista una mayoría parlamentaria que esté a favor, algo que ahora “no ocurre”, pero eso no suavizó la situación y Feijóo llamó finalmente a Sánchez para mostrarle su “extrañeza” ante el “cambio de posición” en el Gobierno y finalmente constató que “no renuncia” a la reforma, por lo que suspendió la negociación. Lo hizo pese a que, principios de semana, la portavoz del PP, Cuca Gamarra,  apuntó que una reforma de la sedición no afectaría a las negociaciones "muy avanzadas" del CGPJ y se limitó a decir que, si el Gobierno la presenta en el Congreso, su partido votará en contra.

“Nosotros hemos dicho lo mismo en público y en privado desde hace años y eso no ha cambiado”, ha asegurado este viernes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (negociador en primera persona con el PP). Y es que, desde el inicio de la legislatura, en enero de 2020, Sánchez y el Gobierno han apostado públicamente por impulsar esta reforma, y siempre han esgrimido la falta de mayorías para no impulsarla.

ERC cambia de postura y los números del Gobierno cambian

Pero lo cierto es que esta semana la situación dio un giro ante el cambio de postura de Esquerra, que hasta ahora siempre había defendido la amnistía para los presos y procesados del ‘procés’ independentista (uno de sus puntos inamovibles en la mesa de diálogo con el Gobierno central) y había abogado por suprimir y no reformar el delito de sedición. Tras la ruptura definitiva en el Govern con Junts, el pasado lunes el partido pidió una reforma para que las penas por este delito (que van hasta los quince años), se rebajaran a entre tres y cinco años como ocurre en otros países europeos. Reconoció, además, que el partido estaba teniendo “conversaciones” con el Gobierno sobre esta cuestión y advirtió de que no admitía “subastas”.

Tanto ERC y el Gobierno han desligado públicamente la sedición de la negociación presupuestaria, pero finalmente Esquerra ha dado esta semana su apoyo inicial a las cuentas públicas una semana después de que la portavoz republicana pidiera que la negociación de los Presupuestos y la “desjudicialización” del conflicto catalán avanzaran “al mismo tiempo”. Este lunes, Vilalta aseguró que “el Gobierno ya sabe lo que ha de hacer” y advirtió de que Esquerra no entraría en “una subasta pública sobre años, plazo o contenidos concretos de una eventual reforma, porque requiere discreción y negociaciones que lo hagan posible”.

Ese mismo día, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que estaba “estudiando” la reforma, si bien recalcó que “toda modificación del Código Penal requiere un consenso”.

“Quien sepa contar, sabe que es falso” que no haya una mayoría para reformar la sedición, decía este jueves en los pasillos del Congreso el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, poco antes del debate presupuestario este jueves.

También el secretario general adjunto del PDeCAT, Marc Solsona, cree que existen "mayorías suficientes" en el Congreso de los Diputados como para llevar a cabo una reforma "sustancial" del delito de sedición.

En España, el delito de sedición entró a debate público a raíz del ‘procés’ de 2017, puesto que sus autores fueron procesados por rebelión y por sedición, si bien las condenas fueron únicamente por este último delito y en el independentismo y en parte de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez siempre las consideraron desproporcionadas. El exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, recibió la pena máxima de los nueve condenados: 13 años por sedición y malversación. Los condenados pasaron tres años y medio en prisión antes de ser indultados.

En este contexto, una reforma del delito de sedición podría beneficiar a otros líderes del ‘procés’ que están pendiente de juicio, como el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica desde 2017.

“Homologar” la sedición al “marco europeo”

En todo momento, Sánchez y su Ejecutivo han apostado por “homologar” la sedición al “marco europeo”, donde por lo general las penas son inferiores a las de España, si bien muchas veces están condicionadas a factores como el empleo de armas o si son acciones individuales o conjuntas.

En concreto, en España la sedición se pena con entre ocho y diez años para los autores del delito y entre diez y quince si tenían puestos de autoridad (como los exmiembros del Govern condenados). Lo que se castiga es el alzamiento público y tumultuario por la fuerza o fuera de las vías legales para impedir la aplicación de las leyes o el legítimo ejercicio de cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, o de las resoluciones administrativas o judiciales. Las condenas por sedición a los líderes independentistas fueron motivadas, sobre todo, por el asalto tumultuario a la Conselleria de Economía del 27 de septiembre de 2017 mientras se producía un registro.

En Europa, las penas varían según los casos y los países. Algunos contemplan como tal la sedición, mientras que otros no tienen este delito y fijan penas para actos similares contra la autoridad o contra el orden público que varían, además, según los agravantes como el empleo de armas.

En este sentido, el Tribunal Supremo apuntó en su informe preceptivo a los indultos (a los que se opuso) que en países como Alemania o Francia, más allá de la nomenclatura, se castigan con hasta cadena perpetua conductas similares a lo ocurrido en Cataluña en 2017, para desechar con ello el argumento de que las penas a los condenados del ‘procès’ fueron desproporcionadas. Sin embargo, al hablar de ‘hechos’ y no de delitos, está contemplando penas para el equivalente a la rebelión en España (que en otros países se considera alta traición).

En Alemania, por ejemplo, lo equivalente a la sedición en España se castiga con hasta cinco años de prisión el uso de violencia o de amenazas para impedir la ejecución de una ley o sentencia. Sin embargo, la pena puede ser de diez años hasta cadena perpetua si el delito es de alta traición (similar a la rebelión en España), que implica el uso de la violencia o amenaza para perjudicar la existencia de la Federación o de sus Estados federales, separar parte de un Estado o cambiar el orden constitucional.

En Francia, el equivalente a la sedición española va de dos a diez años de prisión según los agravantes de actuaciones grupales y con uso de armas. Para el caso de rebelión, las penas son de entre 30 años hasta cadena perpetua si los actos violentos son susceptibles de poner en riesgo las instituciones de la República o la integridad del territorio alemán.

Y otro ejemplo, el de Bélgica. Allí, las penas van de cinco a diez años de cárcel por atentar o resistirse a la autoridad pública durante la ejecución de una norma o resolución según si hubo o no actuaciones grupales. Las penas por sedición serán de hasta 30 años si el atentado pretende destruir o subvertir la monarquía o el Gobierno.