Meloni elimina la vacunación obligatoria contra el coronavirus para los sanitarios
- La medida servirá para que se reincorporen a sus puestos de trabajo cerca de 4.000 personas, entre médicos y personal sanitario
- Han aprobado también una ley que elimina los beneficios penitenciarios a los presos que no colaboren con la Justicia
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha aprobado este lunes eliminar la vacunación obligatoria contra la COVID-19 para los sanitarios.
En su primer Consejo de Ministros se ha aprobado el vencimiento, desde este 1 de noviembre, de la obligación de vacunación contra la COVID para los sanitarios: "El panorama epidemiológico ha cambiado, en particular a partir de los datos podemos ver que el impacto en los hospitales es limitado y hay una disminución de las infecciones y estabilización de los hospitales", ha explicado el ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, en la rueda de prensa posterior a la reunión.
La medida, muy criticada por la oposición, servirá además para reintegrar en sus puestos de trabajo a cerca 4.000 personas, entre médicos y personal sanitario que no quisieron vacunarse contra el coronavirus y fueron, por tanto, suspendidos de empleo y sueldo.
"Hay escasez de personal médico: por lo tanto, que estos médicos no vacunados regresen al trabajo sirve para contrarrestar la escasez y garantizar el derecho a la salud", ha añadido Schillaci.
"No a un enfoque ideológico de la pandemia", ha dicho la primera ministra, que ha atacado la gestión del anterior Ejecutivo al asegurar que "hubo una infinidad de medidas tomadas por los gobiernos que no tenían evidencia científica en la base".
La respuesta del secretario general del progresista Partido Demócrata (PD), Enrico Letta, fue: "El primer acto del Gobierno es premiar a los antivacunas".
La lucha contra el crimen organizado, uno de los objetivos
Por otra parte, Meloni ha destacado que "la lucha contra el crimen organizado es uno de los objetivos del Gobierno" y, por tanto, se ha aprobado la ley que no permite otorgar beneficios penitenciarios a los presos o reclusos que no colaboren con la Justicia.
Así como se aplazó hasta el 30 de diciembre la entrada en vigor del decreto legislativo con la reforma del proceso penal aprobado por el anterior Gobierno para poder hacer algunas mejorías, y el ministro de Justicia, Carlo Nordio, ha asegurado que "no hay riesgo de perder los fondos europeos" vinculados a las reformas.
"Invasión para reuniones peligrosas"
Otra de las medidas es la introducción de un nuevo delito, "el de invasión para reuniones peligrosas", que se refiere a la organización, entre otras cosas, de fiestas ilegales, las llamadas 'raves', como la última que se celebró en Modena (centro) y que Interior ha ordenado a la policía que acudiese a evacuar la zona.
"Confiamos, como ocurre en otros países y otros sectores, en que la norma, una vez implantada, pueda ser un elemento disuasorio para estos eventos", ha explicado el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, subrayando que la sanción para quien "organiza" una rave varía de tres a seis años".
Para Meloni, este vacío legal permitía que los jóvenes de todas Europa eligiesen Italia para organizar estas fiestas ilegales.
Durante su primera rueda de prensa como primera ministra también ha comunicado la designación de 31 subsecretarios y ocho viceministros.