El PP asegura que Feijóo y Sánchez pactaron no tocar el delito de sedición y el Gobierno habla de "manipulación"

• El PP se abre a reomtar las negociaciones si el presidente del Gobierno se compromete "por escrito" a no reformar este delito
• El Ejecutivo rechaza el "chantaje" y desmiente al PP: "Trata de tapar sus vergüenzas"

El PP se abre a negociar el CGPJ si el Gobierno se compromete "por escrito" a no tocar la sedición

El Partido Popular y el Gobierno se siguen culpando mutuamente ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PP asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pactaron en su última reunión en La Moncloa que el delito de sedición, la última línea roja del PP en la negociación, no se tocaría, pero el Ejecutivo lo desmiente y habla de "manipulación". El PP recalca que las negociaciones están "paralizadas pero no rotas" y que las retomaría "esta misma tarde" si Sánchez se compromete "por escrito" a no tocar la sedición, a lo que el Ejecutivo ha advertido que no admite "chantajes". Además, los 'populares' han pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso.

En una entrevista en Onda Cero, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha dado conocimiento de este pacto (no confirmado por el Gobierno) y, tanto él como el coordinador general del PP, Elías Bendodo, han asegurado que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, había trasladado al PP "tanto por palabra como por escrito" que no habría reforma, que esto "no era noticia", sino "periodismo de autor". Y el PP ha lamentado que, luego, Sánchez confirmó "lo contrario" a Feijóo cuando le llamó por teléfono el pasado jueves, y de ahí que el Partido Popular comunicara la suspensión de las negociaciones, cuando ya estaban elegidos "prácticamente" los vocales que conformarían el Consejo.

“Isabel Rodríguez: "No tienen inconveniente en usar conversaciones privadas y manipular"“

Preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha destacado la discreción de Bolaños en las negociaciones del CGPJ "frente a aquellos que para tapar todas sus vergüenzas no tengan inconveniente en usar conversaciones privadas y manipular toda esa información para tapar excusas que son inconfesables o incontestables”. Ha recordado que, ya en 2018, el acuerdo entre el Gobierno y el PP se rompió por un "whatsapp" del entonces portavoz en el Senado del Partido Popular: “Mire, nosotros no tenemos las mismas artes que tienen ellos”. Rodríguez ha acusado a Feijóo de "obedecer a los ultras" del PP, por lo que ha dicho que está "inhabilitado", y ve "insoportable" que no cumpla con la Constitución en el CGPJ.

Pero Pons ha insistido en que "el abaratamiento de las penas" por el delito de sedición y la posibilidad de que entrasen "magistrados afines a ERC" en el Tribunal Constitucional estuvo claro "desde el principio" en la última negociación. "De esto se trató en la primera reunión que tuvieron Sánchez y Feijóo en Moncloa, a la que asistimos también Bolaños y yo. Y se pactó que no se tocaría el tema de la sedición", ha incidido el dirigente del PP, que ha sido el negociador por parte de los 'populares'.

Además, ha indicado que se acordó en la última reunión, en un "clima de buena sintonía", que el presidente del Gobierno comunicaría al líder del PP "quiénes iban a ser los candidatos del Gobierno para el TC" con el fin de que el primer partido de la oposición "pudiera comprobar que no entraba ningún afín a ERC". Así, Pons ha apuntado que el Gobierno les ofreció dos fechas porque la negociación no estaba cerrada. "Una de las grandes novedades que iba a contener esta negociación era que no se iba a negociar ni la Presidencia del Consejo General ni del Tribunal Constitucional, iban a ser los magistrados y los vocales los que eligiesen", ha apuntado.

El PP enfatiza en que la última reunión del jefe del Ejecutivo y del líder del PP, en la que acordaron dar un "último intento" en la negociación del Poder Judicial tras casi cuatro años de bloqueo, no era de "trámite" sino "decisiva". También, que la negociación que se emprendió entonces no estaba "cerrada", ya que quedaba "el tema principal", que es el nuevo sistema de elección de los vocales del Consejo para dotar a los jueces de mayor independencia.

Supuesta "inquietud" de los ministros jueces

González Pons también ha asegurado que existió "inquietud" de los ministros jueces que forman parte del Gobierno (Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Llop) y ha indicado que, desde el martes, al conocer los requisitos acordados, "hubo una oposición" a que ese pacto "fructificase". Según ha asegurado, se opusieron a uno de los artículos de la Ley Orgánica que se estaban negociando relativo a que "los actuales ministros no iban a poder incorporarse a sus puestos de trabajo al salir de los actuales ministerios".

De lo que discrepaban, según Pons, es de que el compromiso se les aplicase "personalmente" a ellos. Este compromiso tenía tres partes: que el juez que se incorpora a la política lo hiciera en excendencia (dejando de computar su antigüedad); que el juez que vuelve de la política esté dos años sin dictar sentencias a disposición del presidente de su tribunal y que vuelva a concursar para recuperar su plaza.

Finalmente, acordaron que no se les aplicaría la primera parte porque no tenía sentido que se les aplicara cuando habían entrado en unas condiciones laborales en el Gobierno.

Pons ha asegurado que la mayor parte del tiempo la han pasado redactando una proposición de ley orgánica de reforma de la del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal que se iba a tramitar "al mismo tiempo" que se examinaba a los candidatos al CGPJ y las nuevas condiciones para acceder al Consejo del Poder Judicial "que se establecían en esa proposición de ley y ya se les exigían a los candidatos que van a ponerse sobre la mesa".

Así, ha insistido en que había una lista de veinte nombres, una proposición de ley orgánica y quedaba el asunto principal por negociar "el que podía dar el sí igual no a toda la negociación". "Pedíamos al Consejo General del Poder Judicial que en el plazo de seis meses y por mayoría de tres quintos nos propusiera un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial que pudiera ser aceptado por el informe sobre Estado Derecho de la Unión Europea", ha apostillado.

Por último, Pons ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba "jugando a dos barajas" y le han "obligado a elegir" entre ERC y los constitucionalistas. A su entender, "no puede estar con los dos a la vez" y "el problema es que ha vuelto a elegir a ERC". Además, ha indicado que el Gobierno "sabía cuál era su condición" y el PP "no ha engañado".

Bendodo, por su parte, cuestiona si el Gobierno hizo "saltar por los aires" de forma "intencionada" el acuerdo: "Yo siempre les dije que el Gobierno no quiere pactar nada con el PP. Hace el paripé, pero cuando ha visto que podía llegar el acuerdo, se ha sacado de la manga el delito de sedición y, por ahí, el PP no pasa".

Una renovación pendiente desde 2018

Este bloqueo es una situación inédita en la democracia española. Hasta 2018, el Gobierno y la oposición siempre se habían puesto de acuerdo para renovar el CGPJ. Pero después de que estallara el pacto a finales de ese año tras la filtración de un "whatsapp" del entonces portavoz 'popular' en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre controlar la Sala Segunda del Supremo "por la puerta de atrás", ha sido absolutamente imposible: ni con el PP de Pablo Casado ni ahora con el de Alberto Núñez Feijóo.

Con todo, el Poder Judicial sigue representando la mayoría conservadora que logró Mariano Rajoy en las elecciones de 2011, ya que la designación del presidente y los actuales vocales se produjo en 2013. De ahí, dicen en el Gobierno, su falta de voluntad para negociar un nuevo Poder Judicial.

Desde su creación en el año 1980, el CGPJ ha afrontado retrasos en cinco ocasiones además de la actual. Los dos bloqueos más largos han tenido lugar con el PP en la oposición (22 meses entre 2006 y 2008, y tres años y diez meses ahora ahora), mientras que cuando el PSOE ha estado en la oposición el tiempo que ha demorado en renovarse el Poder Judicial ha sido de entre uno y tres meses.