Anticorrupción solicita una multa de tres millones de euros para PdeCAT y CDC por el 'caso del 3%'

• La Fiscalía dirige también su acusación contra 30 personas y 14 empresas, para quienes pide penas de hasta 21 años de cárcel
• Detalla una "estrategia para el financiamiento ilícito" de Convergència que se habría realizado a lo largo de los años

Anticorrupción pide una multa de tres millones de euros para CDC y el PDeCat por el 'caso del 3%'

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de más de 20 años de prisión para los acusados y una multa de tres millones de euros para el PdeCAT por la "estrategia para el financiamiento ilícito" que se habría realizado "sistemáticamente" a lo largo de los años en su predecesora política, la extinta Convergència Democrática de Cataluña (CDC), en el marco del conocido como 'caso del 3%'.

En su escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción dirige también su acusación contra 30 personas y 14 empresas, que serán juzgadas en la Audiencia Nacional por delitos como organización criminal, fraude, corrupción entre particulares o tráfico de influencias, entre otros.

Entre ellos figuran los exgerentes de CDC Andreu Viloca y Germá Gordó, para quienes pide las condenas más altas, 21 años y cuatro meses y 18 años y 10 meses, respectivamente, así como empresarios y algún antiguo cargo público catalán.

Están asimismo acusados el también exgerente y extesorero de la extinta formación Daniel Osácar y quien fuese responsable jurídico Francesc Xavier Sánchez Vera, para quienes reclama un año y medio de cárcel, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad; y un año de prisión y otro de trabajos a la comunidad, respectivamente.

También está el directivo de la constructora Oproler y marido de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia catalán, Josep Maria Bassols, para quien pide un año y nueve meses de prisión y trabajos en beneficio de la comunidad. También está acusado el expresidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, a quien el fiscal quiere que se condene a cuatro años y medio de prisión.

No es el caso, sin embargo, del exconcejal de Barcelona Antoni Vives, para quien la Fiscalía reclama seis años y un mes de prisión; o del empresario Jordi Sumarroca, a quien solicita 10 años, los mismos que al ex director general de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rossell.

Una estructura para financiar CDC de forma "encubierta"

Anticorrupción pide imponer la multa al PDeCAT al considerar que, "lejos" de ser "un nuevo partido independiente" de CDC, su nacimiento se entiende como "la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC".

El Ministerio Público detalla que en el período de 2008 a 2015 "altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta".

La Fiscalía calcula que los ingresos que CDC recibió de sus fundaciones mediante esta operativa "significaron una fuente de financiación del partido que supuso, en el período comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012, una media del 11,5% de la financiación privada del partido y de un 7,7% en la financiación total" de la formación.

Era, prosigue el escrito, "una actuación sistemática": se recibía dinero de empresarios que se convertía en ingresos para CDC, "sin la mácula de su origen ilícito", y paralelamente estos empresarios eran beneficiados con adjudicaciones de obra pública.

Alteraban concursos públicos

A veces las autoridades, "de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones", alteraban los concursos públicos para "dirigir los mismos hacia las empresas de los acusados", aunque también se instauró un sistema de adjudicación "de caucho", que según la Fiscalía "permitía un grado formal de discrecionalidad que, en realidad, encubría la arbitrariedad", principalmente por parte de las empresas de obra pública de la Generalitat Gisa e Infraestructures.Cat.

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En paralelo, los empresarios acusados se concertaron con cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones afines CatDem y Forum Barcelona, añade el escrito.

En ocasiones, las donaciones "estaban vinculadas directamente a contraprestaciones por la adjudicación" de contratos y, en otras, se realizaban para "crear o mantener una buena relación con CDC" y, así, ser tomados en cuenta para futuros concursos, es decir, para mantener una relación "privilegiada" con el partido y "consagrar su pertenencia a la familia".

El escrito de Fiscalía llega dos años después de que el entonces juez instructor, José de la Mata, dictase en julio de 2020 un auto de pase a procedimiento abreviado, poniendo fin a una investigación que se inició en 2015 por actuaciones irregulares en Torredembarra (Tarragona) y que a medida que fue creciendo se remitió a la Audiencia Nacional en 2018 debido a la "grave repercusión" para la economía española.