La impunidad, una bala contra el periodismo: "Llevo seis años buscando la verdad sobre mi padre en México"
- Según datos de Artículo 19, desde el año 2000 hasta octubre de 2021 en México han sido asesinados 145 periodistas
- RTVE.es habla periodistas latinoamericanos que luchan contra muros burocráticos y la autoridad para buscar la verdad
Priscila Pacheco tiene 30 años. La mañana del 25 de abril de 2016 su vida truncó. Su padre, Francisco Pacheco, la acompañó a coger un autobús y al volver a casa fue asesinado con dos disparos en la cabeza en el portal de su casa en Taxco, Guerrero (México. La familia lleva seis años luchando por esclarecer el asesinato. A día de hoy, la investigación sigue abierta y la fiscalía es incapaz de averiguar quién fue el autor material e intelectual del crimen. A Priscila se le quiebra la voz al hablar de la impunidad en el país. "Han sido seis años muy difíciles porque luchar por la verdad duele. Implica luchar contra la autoridad, contra los intereses políticos e intereses incluso económicos y exponernos", relata a RTVE.es. Y es que hablar de lo sucedido le impide pasar página.
La impunidad de los crímenes contra periodistas tiene una doble vertiente. Por un lado, la desidia por esclarecer los hechos y por otro, el ninguneo a familiares, lo que se traduce, según expresan las víctimas en "la muerte física de la persona asesinada y la muerte social de familiares y allegados que buscan conocer la verdad". Según el observatorio de periodistas asesinados de la UNESCO, entre 2006 y 2020, más de 1.200 periodistas fueron asesinados por cumplir con su labor de informar al público. En uno de cada diez casos, los asesinos quedan indemnes.
El pasado 11 de mayo, la periodista palestina Shireen Abu Akleh fue ejecutada a sangre fría con un disparo en la cabeza en el campo de refugiados de Yenín, Palestina, mientras realizaba su trabajo para la cadena Al Jazeera. El Ejército israelí, tras mucha presión internacional, admitió en septiembre que pudo haber disparado "por error".
"El caso de Shireen es paradigmático, es decir, es asesinada con una precisión perfecta, con una bala que impacta en una zona del cuello que no está cubierta ni por el casco ni por el chaleco antibalas que llevan los distintivos de prensa. Después de muchísimas presiones internacionales, el gobierno de Israel reconoció que esa bala pudo haber salido de su Ejército", expone la vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras España, Edith Rodríguez Cachera en conversación con RTVE.es. La definición de impunidad es, en definitiva, dejar al autor de un crimen indemne de responsabilidad, lo que exacerba el sufrimiento y dolor de las familias y de la sociedad que acaban desconfiando de la justicia ordinaria como medio para castigar y reparar. La impunidad no desaparece si no se conocen todos los responsables. En casos como este se puede llegar a detener al autor material, "pero nunca jamás se detiene al autor intelectual, el que dijo '¡mátala!'".
“Nunca jamás se detiene al autor intelectual, el que dijo ¡mátala!“
El caso de Sheerin recuerda al brutal asesinato del columnista saudí Jamal Khashoggi. Hoy, cuatro años después, ninguno de los 26 hombres implicados en su muerte ha recibido castigo alguno. El hombre acusado de dirigir el asesinato, Saud al-Qahtani, nunca ha comparecido ante un tribunal. Alejado de la vida pública desde 2019, el ex sesor del príncipe saudí continúa impune.
Olvido y ninguneo a las familias
Sin embargo, "la impunidad mexicana" es menos mediática porque son periodistas locales de perfil bajo. "Es el que se da en casi todos los países de América Latina, por no decir en todos y en otros países de África o de Asia, que es la desidia máxima, la indolencia y olvidar por completo ninguneando a las familias", explica la vicepresidenta de RSF.
Pacheco lo tiene todo registrado: las fechas, los documentos y publicaciones, y a lo largo de estos seis años ha ido creando una biblioteca física y digital con todo lo relacionado con su padre. Un periodista de radio que junto con su viuda fundó su propio periódico, El Foro de Taxco. Al principio lo imprimían en máquina de punto, más tarde lo llevaban en disquetes o CDs a la imprenta. Pacheco padre investigaba la corrupción en Guerrero, algo que no gustaba a las autoridades hasta que un día, sin advertencias previas, decidieron acabar con su vida.
Según datos de Artículo 19, desde el año 2000 hasta octubre de 2021 en México han sido asesinados 145 periodistas y Reporteros Sin Fronteras contabiliza al menos 25 profesionales de la información que han desaparecido. La gran mayoría son reporteros locales. Detrás de estos datos están las víctimas indirectas, las familias que han sido privadas de la reparación. No conocen aún la verdad, como es el caso de Priscila y afrontan muchos años luchando contra muros burocráticos y legales que parecen no terminar nunca.
"La falta de capacitación, por un lado, y la falta de empatía de las autoridades por otro, implican la revictimización de los vivos al estar dentro de procesos legales que no llegan a ninguna parte. Todo esto produce un desgaste emocional y físico que nos ha obligado a cambiar nuestro proyecto de vida", asegura. Ella ha tenido que formarse y estudiar las leyes de su país. Además, su familia ha tenido que abandonar su casa debido a las amenazas. "Hemos tenido que cerrar nuestro periódico impreso y solo mantenemos el digital, pero con una línea periodística totalmente diferente. Hemos dejado de hablar de política, narcotráfico, cuestiones policíacas porque ponemos en riesgo nuestra vida", reconoce. La familia está convencida de que el periodismo de investigación que ejercía incomodaba a alguien, y tienen sospechas claras, con nombres y apellidos, pero la justicia no avanza. "Las autoridades no han querido investigar algunos actores políticos que en ese momento se encontraban en los diferentes ámbitos gubernamentales".
“Las autoridades no han querido investigar algunos actores políticos que en ese momento se encontraban en los diferentes ámbitos gubernamentales“
El 98% de los crímenes contra la prensa en México no se esclarecen, asegura la periodista y abogada, algo que desincentiva la labor periodística. Dice que hay un sistema realmente complejo que impide que existan mecanismos de protección capacitados. "Son procesos largos en los que se realizan numerosas diligencias, la investigación no sigue un curso lógico. Se reinicia una y otra vez", agrega. "Es muy complicado que nosotros vayamos a poder acceder a esta reparación integral, porque el propio Estado te pone muchas trabas", concluye.
Se trata de periodistas humildes, muy vocacionales, que trabajan en medios pequeños y que arriesgan su vida por contar la corrupción política de su entorno y son asesinados con suma facilidad, sin consecuencias, lamenta. "Son familias modestas que denuncian el caso, que no son escuchadas primero por las autoridades de su estado. Luego, si tienen la suerte de que su caso trasciende a la Fiscalía del Estado y al llegar a la Fiscalía General se quedan estancados porque ahí es donde está de verdad el tuétano, lo mollar de la impunidad", arguye Edith Rodríguez. Añade que en muchos de estos sitios "no quieren ruido ni que la familia siga protestando" y por esta razón se empeñan en "hostigar a los que se quedan en vida y muchos sin recursos, sin ser escuchados, hasta que finalmente se tienen que ir, que es como una especie de muerte social igual de cruel que la muerte del familiar".
La impunidad alimenta la autocensura en El Salvador
"La impunidad afecta a gran parte de los crímenes que se cometen en países de América Latina. La impunidad es el pan de cada día en El Salvador. "Ahora estamos viviendo una situación muy similar a la de 30 años de Guerra Civil”, explica a RTVE.es Gabriela Cáceres, redactora de El Faro, un medio de comunicación que se ha convertido en un altavoz internacional para la denuncia de los abusos de poder del presidente Nayib Bukele en El Salvador, un país golpeado por la violencia de las maras y el narcotráfico.
"El presidente Bukele está experimentando con las mismas estrategias que el ejército empleaba contra los defensores de derechos humanos". Cáceres en estos momentos se encuentra en Madrid en el marco del programa de acogida de Reporteros Sin Fronteras que le permite estar tres meses de descanso y formación en la capital española. Hasta ahora, calcula que hay más de 10 periodistas salvadoreños que ejercen desde el exilio y otros 15 defensores de la libertad de expresión.
Gabriela denuncia que aún persisten los acosos, y amenazas "en las redes, no sabes si va a traducirse físicamente. Acosan a mi familia, el Pegasus en el móvil y mucha persecución", relata. Según denuncia, todo ha sido desencadenado por la publicación de una investigación en la que revelaba que el gobierno de Bukele negociaba con las pandillas. Además, Gabriela se enfrenta a la falta de comprensión de su familia: "No entienden lo que hago".
Ejercer el periodismo en El Salvador es cada vez más peligroso y asfixiante. Las fuentes tienen miedo y se ha incrementado la demonización del periodista. "No vamos a mentir, siempre hacemos un ejercicio de check, no sé, hasta con seis o siete fuentes. Contrastamos documentos, pero está costando muchísimo más trabajo conseguir información que antes", lamenta. Una vez publicada la información comienza toda una campaña de acoso y derribo. "El gobierno nos persigue con Hacienda y nos abre causas legales. Nos llevan a los tribunales y todo esto lo hacen de forma impune".
Nicaragua: el desierto informativo
Gabriela comparte el programa en Madrid con Néstor Arce, director de Divergentes, el medio que ha recibido este año el Premio Ortega y Gasset por denunciar la sistemática violación de los derechos humanos por parte del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. El país sufre una ola dictatorial que reprime el derecho a la prensa. En 2018 murió Angel Gahona cubriendo las manifestaciones contra el régimen y su caso sigue sin ser enjuiciado. "No se ha señalado ni encarcelado a los responsables. La única forma para no ser parte de las estadísticas de los muertos es salir del país", lamenta Arce. Por ahora, más de 180 periodistas se han visto forzados a salir de Nicaragua.
De hecho, la mayoría de su redacción está en el exilio por la persecución del régimen. "Es un crimen en la impunidad, en contra de la libertad de prensa en cuanto a la libertad de expresión, en contra del derecho al trabajo, porque lo único que hacemos los periodistas en Nicaragua es trabajar e informar y ser el contrapoder de un régimen que mata, encarcela y exilia", concluye.
La impunidad quiebra la confianza en la justicia y alimenta el silencio de la sociedad frente a los abusos. La impunidad, coinciden, es la bala que atraviesa el alma del periodismo y lo arroja en los brazos de la autocensura.