La excúpula de Banco de Valencia irá a juicio por la quiebra de la entidad

• El expresidente del banco, José Luis Olivas, y el exconsejero delegado, Domingo Parra, irán a juicio oral por falsedad contable
• La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de tres años y nueve meses por políticas de "escasa prudencia y elevado riesgo"

Fachada del Banco de Valencia.

El juez de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Banco de Valencia, José Luis Olivas, que fue president de la Generalitat entre 2002 y 2003, y el exconsejero delegado, Domingo Parra, por falsedad contable en los ejercicios 2009 y 2010 que llevó a la intervención de la entidad.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el titular del juzgado central de instrucción número 1 incluye como responsables civiles subsidiarios a Bancaja, accionista mayoritario de Banco de Valencia; Bankia, entidad en la que se integró Bancaja; su matriz BFA y la auditora Deloitte.

Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectarse un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del FROB, antes de ser adjudicada en subasta a CaixaBank.

José Luis Olivas -que también fue vicepresidente del Gobierno valenciano y concejal del Ayuntamiento de València- figura entre los absueltos por la salida a bolsa de Bankia. Domingo Parra fue absuelto el pasado agosto en la causa sobre la operación inmobiliaria Costa Bellver, en Oropesa del Mar (Castellón).

Una pena de tres años y nueve meses por políticas de "elevado riesgo"

En su informe, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Olivas y Parra una pena de tres años y nueve meses al entender que, a pesar a las recomendaciones del Banco de España, la política expansiva marcada por el consejo de administración del banco e implementada por Parra se mantuvo basándose en la aplicación de políticas de crédito caracterizadas por su "escasa prudencia y elevado riesgo".

Ante "reales" malos resultados del ejercicio 2009, se optó por efectuar una práctica contable dirigida a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad de la entidad que no se correspondía con la realidad del estado de la misma.

Entre otras prácticas, la Fiscalía detectó que se autorizaron refinanciaciones a promotores inmobiliarios que de otra forma no podrían cumplir con el pago de sus cuotas, se asumió la práctica totalidad del riesgo de varios proyectos inmobiliarios a largo plazo en los que existían importantes dudas sobre su rentabilidad y se adjudicaron activos en pago de deudas no procediendo a la adecuada contabilización del valor de los mismos.

Asimismo, pese a que muchas de sus operaciones estaban defectuosamente documentadas, no se realizaron provisiones por dotaciones conforme a la normativa y se autorizaron operaciones en contra de los intereses de la propia entidad por parte de sus máximos responsables, en connivencia -en ocasiones- con directivos y empleados.

Parte de ellas ha sido ya objeto de otros procedimientos penales por posibles delitos de administración desleal.

Todo ello se tradujo en la aprobación de unas cuentas anuales, las de los ejercicios 2009 y 2010, que no reflejaban la imagen fiel, pues se basaban en ajustes contables dirigidos a "maquillar" tales resultados.