Anticorrupción pide el ingreso en prisión de Griñán y el resto de condenados a cárcel en el caso de los ERE
- Responde así a la Audiencia de Sevilla, que había pedido al Ministerio Fiscal y a las acusaciones que se pronunciaran
- Rechaza la solicitud de suspender las condenas que habían formulado nueve exaltos cargos de la Junta condenados
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a suspender la pena de los condenados por el caso de los ERE en Andalucía y ha avalado el ingreso en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán, según han informado a RTVE fuentes jurídicas.
Ha respondido así a la Audiencia de Sevilla, que había pedido al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas que se pronunciaran sobre si debe suspender o no la pena de prisión para Griñán y otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía mientras se tramitan los indultos planteados.
Anticorrupción se ha manifestado así en contra de la solicitud de suspensión de las condenas formulada por nueve ex altos cargos de la Junta sentenciados por este caso mientras se tramitan los indultos que se solicitaron, entre ellos el exdirigente socialista.
El Tribunal Supremo confirmó el pasado julio la condena a Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a 6 años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación, lo que le situó a un paso del ingreso en prisión. Otro expresidente de la Junta e histórico del PSOE, Manuel Chaves,fue condenado por prevaricación y no debe entrar en prisión.
Un "sistema fraudulento" de subvenciones
En concreto, el Supremo confirmó que, entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, puso y mantuvo en funcionamiento un "sistema fraudulento" de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros, según la sentencia de 2019. También consideró probado que Griñán era "consciente de las vulneraciones patentes y groseras".
Aquella sentencia señalaba que el sistema se creó mediante un convenio que permitió presuntamente al instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), dependiente de la Consejería de Empleo, repartir de forma discrecional las ayudas eludiendo la fiscalización.
El dinero se inyectaba al instituto mediante transferencias de financiación con cargo a la partida presupuestaria 31L, denominada "fondo de reptiles" por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, responsable directo del reparto. Guerrero, en el centro del caso, fue condenado a siete años de cárcel y murió en octubre de 2020.
Más allá de Griñán, también deben en prisión otros siete ex altos cargos, todos ellos condenados a entre seis y siete años. Son el exconsejero de empleo Antonio Fernández, quien recibió la mayor condena -siete años y 11 meses-, su antecesor e histórico del PSOE andaluz José Antonio Viera, la viceconsejera con Griñán Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Obras Públicas y Transporte y de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Jesús María Rodríguez y el director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.