Una Comisión del Congreso peruano estudia la inhabilitación del presidente Pedro Castillo por "traición a la patria"

• Un informe legislativo pide suspender a Castillo cinco años por decir que Perú podría facilitar una salida al mar a Bolivia
• La oposición ha remarcado que las afirmaciones de Castillo "son susceptibles de reproche"

El presidente peruano, Pedro Castillo

Un informe legislativo presentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano ha pedido este lunes que el presidente, Pedro Castillo, sea inhabilitado durante cinco años y se le acuse de la presunta comisión del delito de traición a la patria, por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.

"Recomendando la inhabilitación por cinco años y acusarlo por la presunta comisión del delito de traición a la patria", ha concluido el congresista Diego Bazán al leer la exposición del informe presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú.

El documento acusa a Castillo de presuntamente haber cometido el delito de traición a la patria por haber declarado, en una entrevista con la cadena CNN, que los peruanos debían ser consultados sobre la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tenía previsto evalúar este lunes el informe final, elaborado por el congresista Wilson Soto y sustentado por Bazán, que propone inhabilitar al mandatario por supuestamente haber incurrido en la infracción de cuatro artículos de la Constitución.

La votación. sin embargo, se ha atrasado a una fecha aún por determinar después de que la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, informara de que la Comisión Permanente notificara que había cuatro cambios en los integrantes de ese grupo legislativo.

Bazán, del partido opositor Avanza País, ha remarcado que las afirmaciones de Castillo "son susceptibles de reproche" y ha recordado que, según el artículo 118 de la Constitución peruana, el presidente tiene entre sus funciones dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales, por lo que considera que sus declaraciones afectan la soberanía nacional.

Según Bazán, las declaraciones de Castillo, en las que señalaba que el acceso al mar es un derecho de Bolivia y que consultaría a la ciudadanía sobre la posible medida, "pone en grave riesgo la integridad de la nación". Con la acusación, dice, se busca determinar si el líder peruano ha transgredido la Constitución.

De ser aprobado el documento en la subcomisión, el documento será enviado a la Comisión Permanente, que deberá analizarlo antes de autorizar su eventual debate en el pleno.

Castillo reclamó el "mar para Bolivia"

El presidente reconoció que reclamó el "mar para Bolivia" durante una conferencia de profesores de Latinoamérica celebrada en 2018 en La Paz, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.

"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", dijo.

Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.

El presidente peruano, Alberto Fujimori, ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por el expresidente Alan García, que renovó, por un periodo de 99 años, una zona franca marítima, sin soberanía, para el país vecino.

Un informe preliminar que declaró procedente la admisión de la denuncia ya había sido aprobado el pasado 28 de febrero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el voto dirimente de la entonces presidenta de ese grupo de trabajo, Rosio Torres, del partido conservador Acción Popular.

Al inicio del debate del informe final, varios legisladores han considerado que la acusación carece de fundamento jurídico, ya que Castillo solo dio una declaración y no cumplió con ningún acto para implementarla, mientras que congresistas opositores aseguraron que sí hubo una vulneración constitucional y el gobernante debe recibir una sanción política.

El sábado, miles de manifestantes protestaron en Lima y otras ciudades de Perú contra el Gobierno del presidente con cánticos y pancartas que exigían su renuncia o destitución.