La IGAE no señala irregularidades en contratos públicos en su informe sobre las presuntas donaciones ilegales al PP

• Anteriormente, los técnicos habían hallado "notables desviaciones" en un contrato de 2003 del Ministerio de Medio Ambiente
• El magistrado decidirá ahora si archiva la causa o dicta un auto de pase a procedimiento abreviado

La Audiencia Nacional ha recibido un informe en el que no se destacan irregularidades

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que indaga en las presuntas adjudicaciones de contratos a supuestos donantes de la 'caja b' del Partido Popular un informe en el que no destaca irregularidades contrarias a la normativa en la tramitación de diferentes expedientes y contratos de obras públicas.

En un informe fechado el pasado 4 de noviembre y remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, al que ha tenido acceso RTVE, los técnicos se centran en "la regularidad en la tramitación de los expedientes y la existencia o no de deficiencias en la documentación y valoraciones regladas para su resolución de los expedientes de contratación de obras y servicios remitidos por empresas y entidades públicas".

A lo largo de 94 páginas, los técnicos dan detalles sobre expedientes de contratación tramitados, entre otros, por los Ministerios de Defensa, Fomento y Medio Ambiente, pero también por la Entidad Pública de Suelo (SEPES) o AENA.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el magistrado decidirá si archiva la causa o dicta un auto de pase a procedimiento abreviado después de recabar una última opinión de todos ellos acerca del citado informe. El juez citó para este jueves a los dos técnicos responsables del citado documento después de que no le hubiesen enviado el informe tras darles dos requerimientos.

La IGAE había plasmado varias irregularidades por un contrato de Medio Ambiente

En los informes remitidos hasta ahora, la IGAE había ido plasmando irregularidades. Así, en uno fechado el 16 de diciembre de 2021, se ponían de relieve "muy notables desviaciones" en un contrato adjudicado en 2003 por el Ministerio de Medio Ambiente a la Constructora Hispánica SA, empresa investigada en la trama 'Gürtel'.

En concreto, el informe de 2021 ponía el foco en el contrato para la recuperación y restauración ambiental de las Marismas del Joyel en la reserva natural de las Marismas de Santoña y Noja, en Cantabria.

El citado documento señalaba que esa adjudicación, que se remonta al 25 de marzo de 2003, se cerró en un importe de 1.492.152 euros. Entonces, la IGAE aseguraba que existía un sobrecoste de 28.633,39 euros, que representaba el 1,74% del contrato, que ya contaba con un modificado del 9,99%, por lo que superaría el porcentaje límite y hubiese requerido el informe de la Inspección de Servicios.

Este último informe suscrito por los dos técnicos de la IGAE, sin embargo, no destaca ninguna irregularidad en los términos en los que se refirió el propio órgano de control gubernamental en su anterior análisis.

Bárcenas implicó a Álvaro Lapuerta y Álvarez Cascos

El caso, conocido como el de las 'comisiones finalistas', lo inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero lo cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede 'popular' de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del 16 de julio de 2021 ante Pedraz, implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.

En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.

El juez Pedraz puso fin a estas pesquisas el 29 de julio de 2021 a la espera de este último informe de la IGAE en base al cual tomará una decisión final sobre el futuro de la causa.