Bruselas propone reglas fiscales más flexibles adaptadas a cada país, amplía sanciones y mantiene el déficit en el 3%

• También continúa con el objetivo de reducir la deuda por debajo del 60% del PIB
• Su plan contempla que los países con gran deuda puedan ajustar sus cuentas en un máximo de siete años si hacen reformas

Bruselas propone reglas fiscales más flexibles adaptadas a cada país, amplía sanciones y mantiene el déficit en el 3%

La Comisión Europea ha presentado este miércoles sus orientaciones para la revisión de la disciplina fiscal que contempla reglas más flexibles y asequibles. Entre ellas, plantea dar más flexibilidad a los países para reducir sus niveles de deuda y déficit públicos en función de su situación nacional, pero a cambio sugiere introducir sanciones más automáticas en caso de incumplimiento, aunque serían de menor cuantía.

También propone una senda de gasto neto a medio plazo que esté sujeta a la deuda específica de cada país y que tenga un horizonte de cuatro años ampliable hasta un máximo de siete.

Entre estas medidas, incluidas en un nuevo documento no legislativo publicado este miércoles, también se encuentra mantener el tope del déficit público en un 3% y se prevé un mayor abanico de sanciones, aunque con una reducción de importes.

No obstante, Bruselas ha incidido en que los cambios que propone en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no significan que se vayan a alcanzar acuerdos bilaterales entre la Comisión europea y cada país en cuestión, sino que cada uno de los planes estructurales tendrá que ser respaldado por el Consejo.

La propuesta mantiene la meta de reducir la deuda por debajo del 60% del PIB y que el déficit sea inferior al 3%, pero elimina la regla que obliga a los socios a reducir cada año un veinteavo del exceso de deuda en favor de una senda específica diseñada por cada Gobierno en función de su situación fiscal.

Según ha destacado este miércoles en rueda de prensa el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, "lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es que los Estados miembro reduzcan los elevados de la deuda pública de forma realista, gradual y sostenida", algo condicionado a "alejarse de los requisitos poco realistas impuestos por la regla de reducción de la deuda del 1/20" que imperaba en el anterior plan.

Admeás, Gentiloni confía haber alcanzado un "equilibrio creíble" que permitirá a los Estados miembro decidir sus propios planes a medio plazo para que puedan "ganar tiempo y gradualidad" en la reducción de la deuda.

Más flexibilidad

La nueva senda de gasto, que atiende a la petición de flexibilidad que hicieron países como España, clasificará a los Estados miembro en tres categorías en base a la deuda pública que acumulen.

Así, los países con una deuda "sustancial" deberán alcanzar un ajuste fiscal completo en el horizonte de este plan, es decir, cuatro años, que se reducen a tres en el caso de las economías con una deuda "moderada". Aquellos con una deuda "baja", no tendrán la obligación de realizar ajustes.

Sin embargo, la propuesta contempla que para los países que tengan una gran deuda pública el periodo de cuatro años pueda extenderse hasta un máximo de siete si estos se comprometen a realizar reformas o inversiones. En todo caso, los Estados miembros deben asegurar que la deuda está en una senda de descenso plausible.

Asimismo, se introduce una cláusula específica de escape para los países que contempla la posibilidad de eventos extraordinarios, como pandemias o guerras.

Una "buena base de trabajo"

El Gobierno de España ha indicado que esta propuesta es "una buena base de trabajo", según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a las que ha tenido acceso RTVE.

Se trata de una medida "equilibrada" y con principios básicos de apropiación nacional, enfoque a medio plazzo y una diferenciación por país, y que según estas mismas fuentes, está inspirada en el papel hispano-holandés presentado el pasado mes de marzo.

En esta línea, este Ministerio indica que "España va a impulsar un avance rápido, trabajando de forma constructiva con el resto de estados miembros". A pesar de que la cláusula general de escape seguirá vigente durante 2023, cree necesario "tener claridad y seguridad jurídica cuanto antes".

Finalmente, indica que no cabe descartar que le acuerdo sobre le texto legal llegue bajo presidencia española.