El Gobierno incluye vía enmienda el impuesto a las grandes fortunas en el proyecto de ley del gravamen a la banca

• Señala que este impuesto temporal tiene una finalidad recaudatoria que beneficiará a "los más vulnerables"
• Feijóo considera que hay "riesgo de ilegalidad" y ha acusado al Gobierno de impulsarlo por la "puerta de atrás"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa

El PSOE y Unidas Podemos han incluido mediante una enmienda un impuesto "temporal" a las grandes fortunas en la proposición de ley de los gravámenes a energéticas y entidades financieras, que actuará como complemento al impuesto sobre el patrimonio.

Según explican los grupos parlamentarios en la lista de enmiendas, el impuesto de grandes fortunas complementará al de patrimonio con el objetivo de que aquellos que superen los tres millones de euros no sean objeto de cesión por parte de las comunidades autónomas.

El patrimonio neto se calculará igual que en el impuesto de patrimonio –como bienes y derechos, menos las cargas y deudas–, con las mismas exenciones y un mínimo exento de 700.000 euros, y se devengará el 31 de diciembre de cada año. Los tipos a aplicar serán del 1,7 % para patrimonio de entre 3 y 5,4 millones de base imponible; 2,1 % para entre 5,4 y 10,7 millones, y del 3,5 % a partir de los 10,7 millones.

La presentación del impuesto será obligatoria para los contribuyentes cuya cuota resulte a ingresar y la propia enmienda establece que se adaptará a los conciertos económicos del País Vasco y Navarra.

Pese a quienes exigen que sea un impuesto permanente, las enmiendas de PSOE y Podemos remarcan que su ámbito será temporal, con una vigencia de dos años, de manera que resulte aplicable en los dos primeros ejercicios en que, a partir de su entrada en vigor, se devenga dicho impuesto. Eso sí, se introduce una cláusula de revisión, para efectuar una evaluación de sus resultados al final de su vigencia y valorar su mantenimiento o supresión.

Por otra parte, también se habilita la potestad de gravamen sobre las participaciones accionariales en entidades no residentes con activos inmobiliarios subyacentes radicados en España. A juicio de PSOE y Podemos, esto corrige una "discriminación injustificada" respecto del residente, ya que el no residente elude el gravamen por el hecho de interponer una persona jurídica no residente.

La recaudación irá a "los más vulnerables"

PSOE y Unidas Podemos explican, además, que este impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas tiene una finalidad recaudatoria "en estos tiempos de crisis energética y de inflación", así como otra "armonizadora" para "disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas" regiones, especialmente en las "que han desfiscalizado total o parcialmente el impuesto sobre el patrimonio".

Así, el Gobierno ha aclarado que los fondos recaudados con el impuesto a las energéticas irá destinado a medidas de apoyo financiero a los clientes finales de energía, especialmente a los hogares vulnerables, para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía.

Estos recursos también se destinarán a medidas de apoyo financiero para contribuir a la reducción del consumo de energía, mediante subastas o sistemas de licitación de reducción de la demanda, u otras medidas para ayudar a las empresas de sectores de gran consumo energético. También se destinarán a la autonomía energética y a la financiación de medidas para reducir los efectos perjudiciales de la crisis energética.

El PP ve "riesgo de ilegalidad" en el impuesto que Sánchez mete por la "puerta de atrás"

La enmienda ha provocado las críticas de la oposición, pues la fórmula elegida impide al resto de grupos parlamentarios presentar alternativas y modificaciones. En ese sentido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que hay "riesgo de ilegalidad" en el impuesto a las grandes fortunas y ha acusado al Gobierno de impulsarlo por la "puerta de atrás".

En declaraciones a los medios en Quito (Ecuador), Feijóo ha criticado al Ejecutivo y los partidos que le apoyan, PSOE y Unidas Podemos, por actuar "a espaldas del debate parlamentario", abriendo la puerta a la "doble imposición" y "atentando contra la autonomía fiscal de las comunidades".

Por su parte, el diputado popular Jaime Olano ha dicho que se trata de "un verdadero atropello" esta nueva figura tributaria que, además, "viene sin ningún tipo de informe", se han rechazado las comparecencias de expertos y se han "acortado al mínimo posible" los plazos de estudio de las enmiendas.