Aragonès: "Hemos llegado a un acuerdo con el Estado para la reforma del delito de sedición"

• El presidente catalán asegura que supone "un paso adelante" para la resolución "del conflicto político" en Cataluña
• El Gobierno presenta una proposición de ley para reducir la pena máxima por sedición de 15 a 5 años de cárcel

Aragonès: "Hemos llegado a un acuerdo con el Estado para eliminar el delito de sedición. Supone un cambio"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconocido un "acuerdo con el Estado" para la reforma del delito de sedición, cuyos trámites se inician este viernes tras el anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar en el Congreso una proposición de ley para reemplazar este delito por otro de "desórdenes públicos agravados" y con penas más bajas.

"Hemos llegado a un acuerdo con el Estado para eliminar el principal delito que sufrieron los presos y presas políticos por haber convocado el referéndum del 1 de octubre", ha asegurado Aragonès en una comparecencia desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat.

Para Aragonès, la "derogación del delito de sedición es muy importante para lograr el objetivo de acabar con la represión" sobre el movimiento independentista y supone "un paso adelante en la resolución del conflicto político" entre Cataluña y el Estado.

"Estamos en el camino de recuperación de las libertades y, sobre todo eliminando un delito que todavía hoy es una grave amenaza para las personas comprometidas con la libertad", ha afirmado el presidente de la Generalitat, quien ha recordado que la sedición en el Código Penal español está "lejos de los estándares europeos, como nos han recordado el Consejo de Europa y Naciones Unidas".

Asimismo, ha asegurado que la derogación permite "profundizar en el proceso de judicilización", ya que supone una mejora para el conjunto de las "personas represaliadas" y allana el camino de la "recuperación de las libertades" de nueve líderes independentistas condenados por la celebración del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.

"Con la derogación de la sedición es más difícil perseguir injusta y arbitrariamente al movimiento independentista", ha destacado. Sin embargo, el 'president' ha advertido de que harán falta más pasos para avanzar en la desjudicialización del conflicto catalán, entre ellos la "amnistía", lo que supondría, según ha afirmado, "la mejor vía para acabar con la represión".

"Un paso adelante para el fin de la represión"

Aragonès ha explicado que sigue habiendo "cuestiones abiertas que se podrán plantear en el trámite parlamentario" de la reforma del Código Penal, en alusión, por ejemplo, a la malversación.

"Hay que trabajar más", ha señalado el presidente, que ha hecho hincapié en que de momento lo más relevante es que "el delito de sedición queda borrado, desaparece del Código Penal", y es sustituido por "desórdenes públicos agravados", un concepto que "ya existe" ahora, si bien "la pena máxima pasa de seis a cinco años".

Ha asegurado que "los hechos de octubre de 2017 no son delito", aunque el Tribunal Supremo "aplicó de forma injusta y arbitraria el Código Penal" para imputar el delito de sedición, y "no desórdenes públicos".

"Hoy damos un paso muy importante para conseguir el fin de la represión y comenzar a construir la resolución del conflicto político con el Estado", ha insistido. Aragonès ha evitado comentar si este "paso adelante" supone un punto de inflexión en las relaciones con los socialistas y si abre la puerta a acuerdos en otros ámbitos, como por ejemplo los pactos presupuestarios.

En este sentido ha querido desligar los acuerdos para la desjudicialización de cualquier otra materia ya que la resolución del conflicto no va de "un acuerdo de partidos ni de siglas", sino que "va de derechos y libertades".

JxCat: "El remedio puede ser peor que la enfermedad"

Los partidos independentistas catalanes han rechazado la propuesta del Gobierno central y han mostrado su desconfianza ante la reforma de la sedición. Así lo ha señalado la presidenta de JxCat, Laura Borràs, quien ha asegurado que el "remedio de los desórdenes públicos agravados" puede ser "peor que la enfermedad de la sedición"

"Sánchez hace de Sánchez y veremos si querrá decir 'el 1-O no fue sedición sino desórdenes públicos agravados'. Estos, si acaso, los hicieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha afirmado Borràs en un mensaje en su cuenta de Twitter.

También se ha referido a este cambio penal el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha dicho que está hecho "a medida para decir que el 1-O fue delito".

Por su parte, el diputado de la CUP Carles Riera ha rechazado la reforma y ha afirmado que ERC "se ha especializado en vender como victorias políticas los juegos malabares de Pedro Sánchez".

Para Riera, el PSOE -partido al que ha calificado de "trilero"- y ERC pasa por "buscar un nuevo encaje de Cataluña en el Estado y por la estabilidad institucional. "O bien ERC es muy ingenua o bien es algo peor y colaborar conscientemente con esta política" que pone "dificultades al camino de la independencia", ha añadido Riera.

Los partido vascos valoran positivamente la propuesta

También los partidos vascos se han referido a esta cuestión. Es el caso del lehendakari, Iñigo Urkullu (PNV), quien cree que la propuesta de reformar el delito de sedición "refuerza las vías políticas frente a las vías judiciales" a la hora de abordar "cuestiones políticas", y debería conllevar una reforma del artículo 155 de la Constitución y una "reflexión" sobre el modelo de Estado.

Asimismo, el diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Iñarritu considera que, con la modificación de este delito, el Gobierno cumple su agenda para "desjudicializar la acción política", aunque ha advertido que aún persiste una "Brunete judicial y policial" contra los líderes catalanes del procés.

El anuncio que realizó el jueves Pedro Sánchez se produjo tan solo unas semanas después de que el Partido Popular (PP) suspendiera las negociaciones con el PSOE sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras calificar de "incongruencia insalvable" la reforma del delito de sedición.

Según la propuesta registrada este viernes por PSOE y Unidas Podemos, el delito de sedición, redactado en 1822, será modificado y pasará a denominarse de "desórdenes públicos agravados", con una pena máxima que pasará de 15 a cinco años de cárcel y entre seis y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.