El Gobierno rebaja la pena máxima por los delitos de sedición de 15 a 5 años de cárcel

• El PSOE y Unidas Podemos registran en el Congreso una proposición de ley para reformar el delito de sedición
• Sánchez anunció este jueves que se sustituirá por el delito de "desórdenes públicos agravados"

PSOE y Unidas Podemos presentan en el Congreso la reforma del delito de sedición

El Gobierno ha propuesto reformar el Código Penal para reemplazar el actual delito de sedición, con condenas de 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, por otro de "desórdenes públicos agravados", con el que se rebajará la pena máxima a cinco años de prisión y un máximo de ocho años de inhabilitación especial para cargo público.

Para ello, el PSOE y Unidas Podemos han registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para sustituir por vía de urgencia el tipo delictivo por el que fueron condenados los líderes del 'procés' independentista por otro nuevo.

Hace unas semanas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó que el Ejecutivo estaba estudiando reformar el delito de sedición, y este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció, en declaraciones a la Sexta, que se iba a presentar esta iniciativa para "reemplazarlo" por un delito "homologable al que tienen otras democracias europeas".

Según la propuesta de reforma presentada en la Cámara Baja, "se suprimirá" el Capítulo I del Título XXII del Código Penal, que es el que regula la sedición, y se establece que serán castigados con pena de prisión de seis meses a tres años quienes, "actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".

El Gobierno rebaja la pena máxima por los delitos de sedición de 15 a 5 años de cárcel

El castigo será de tres a cinco años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando los desórdenes los cometa "una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público". Si el delito es cometido por una autoridad, la condena a inhabilitación será de seis a ocho años.

Modificar un concepto que tenía 200 años para "europeizarlo"

Este viernes, en rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha explicado que con esta propuesta se pretende modificar el concepto de un delito de sedición, que tenía 200 años y que no existía en el entorno europeo, para "europeizarlo".

"Al no existir el delito de sedición en otros países, la colaboración con ellos no fue posible (cuando se produjo el 'procés' y la huida de algunos líderes independentistas). Eso impidió las extradiciones", ha recordado.

Ante las críticas de los partidos que les acusan de "venderse a los independentistas", López ha defendido que el PSOE hace política "para mejorar la vida de los ciudadanos, aunque le cueste votos". Además, se ha mostrado convencido de que los votantes socialistas sabrán "entender" lo que están haciendo y por qué.

En este sentido, ha asegurado que este cambio es por la "convivencia" y, al igual que hiciera Sánchez este jueves, ha incidido en que "Cataluña está hoy infinitamente mejor que en 2017". "Ahora la mayoría de catalanes quieren permanecer en España y no salirse de ella... Ahora no hay unidad de acción independentista y ha desaparecido el victimismo independentista... Ahora la convivencia en Cataluña no está fracturada", ha subrayado.

López, sobre las críticas de los barones del PSOE a la reforma del delito de sedición es "una propuesta política, valiente para resolver el conflicto de Cataluña"

En otra rueda de prensa en el Congreso, el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha considerado que esta reforma era un paso para abordar el conflicto en Cataluña generado, a su juicio, por la "derecha política y judicial".

También ha descartado que sea una "humillación" o una "traición". "Esto es democracia y equipararnos a Europa", ha zanjado. Además, según Asens, con la eliminación del delito de sedición "se gana en calidad democrática y prestigio internacional" porque se suprimirá un delito "arcaico".

Sobre los posibles efectos de esta reforma, el dirigente de Unidas Podemos ha subrayado que si se aprueba la nueva ley, "nadie podrá ser acusado y juzgado por un delito de sedición". Y también ha deslizado que la reforma podría beneficiar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pues ha recordado que "el Supremo y los fiscales descartaron en su día que los hechos de 2017 se encuadrasen en desórdenes públicos".

Tramitación más rápida y con "mayoría suficiente"

Los dos socios del Gobierno de coalición se han decantado por registrar una proposición de ley para cambiar este delito porque es la tramitación más rápida, ya que no necesitan informes de órganos institucionales.

Según López, el Gobierno se ha planteado ahora reformar el delito de sedición en el Código Penal porque ahora ve mayoría suficiente en el Parlamento para aprobarlo y ha confiado en que sea "cuanto antes". No obstante, ha afirmado que "quien cometa un delito de orden público tendrá que ser juzgado".

También Asens ha coincidido con López en que hay mayoría suficiente en la Cámara Baja para suprimir del Código Penal este delito y lo ha desvinculado de la negociación de las cuentas públicas.

Ya este jueves, Sánchez destacó que la reforma de este delito no había sido una exigencia de ERC para lograr su voto favorable a las cuentas públicas.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha considerado "absurdo" que se vincule la reforma del delito de sedición con contraprestaciones para obtener respaldos a los Presupuestos y ha defendido la apuesta del Gobierno de Sánchez por "favorecer la convivencia" en Cataluña.

En las últimas semanas, el debate sobre el delito de sedición se ha avivado coincidiendo con la llegada de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 al Congreso, que se votan la semana que viene. Además, fue la excusa que puso el PP para hacer saltar por los aires la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Aragonès habla de "acuerdo con el Estado" y Feijóo lo ve una "irresponsabilidad"

Las reacciones a esta propuesta de reforma del delito de sedición han sido muy dispares. Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha celebrado muy positivamente y ha hablado de que se trata de un "acuerdo de Estado", mientras que el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, lo ha calificado de "irresponsabilidad histórica".

"Hemos llegado a un acuerdo con el Estado para eliminar el principal delito que sufrieron los presos y presas políticos por haber convocado el referéndum del 1 de octubre", ha asegurado Aragonès en una comparecencia desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat. Además, ha señalado que esta reforma es "muy importante para lograr el objetivo de acabar con la represión" y supone "un paso adelante en la resolución del conflicto político" entre Cataluña y el Estado.

Para Feijóo, esta reforma supone que Sánchez "pone siempre su interés político por encima del de España" y ha considerado que el independentismo no se conformará con esa reforma. Así, se ha comprometido a revertir la modificación del Código Penal si llega al Gobierno. "Nunca entregaría la estabilidad de mi país a quienes quieren fracturarlo", ha añadido en una comparecencia desde Génova.

Vox ha tachado de "traidor" al presidente del Gobierno por reformar el delito de sedición y han calificado de "repugnante" el pacto con los separatistas. Para Ciudadanos, se sienta un "antecedente muy peligroso" contra el "consenso constitucional" y supone una "cesión arbitraria al separatismo", y su líder, Inés Arrimadas, ha planteado que se presente una moción de censura contra Sánchez.

E incluso han surgido voces críticas entre miembros del PSOE, pues algunos barones, como el de Aragón, Javier Lambán, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han rechazado públicamente la proposición de reforma del Código Penal.