El Gobierno recurre ante la Justicia europea el reglamento de pesca de arrastre aprobado por Bruselas

• Se oponen a la decisión de vetar la pesca en 87 áreas que son consideradas ecosistemas marinos vulnerables
• Aseguran que es desproporcionado e injusto y que no cuenta "con la información científica más actual"

Un pescador recoge una red.

El Gobierno ha recurrido ante la Justicia europea el reglamento de pesca en aguas profundas aprobado por la Comisión Europea. Así lo ha confirmado este lunes el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha asegurado que la normativa "no ha respetado el principio de proporcionalidad ni el mejor conocimiento científico en relación con la solución adoptada".

En concreto, España recurre la decisión de vetar la pesca en 87 áreas de la plataforma atlántica en profundidades comprendidas entre 400 y 800 metros que son consideradas como ecosistemas marinos vulnerables. Según aclaran desde el Ejecutivo, siempre han mostrado su disconformidad con este reglamento que entró en vigor el 9 de octubre, tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 19 de septiembre.

Desde el ministerio que dirige Luis Planas consideran que esta metodología provoca el cierre de zonas excesivamente amplias alrededor de donde se hayan detectado ecosistemas vulnerables y que afecta especialmente a España por su menor extensión de la plataforma continental.

"Si trabajamos juntos, los resultados siempre son mejores", ha dicho Planas, en alusión a la "magnífica" colaboración de las cofradías de pescadores, apelando a la unidad en "esta importante acción judicial", al tiempo que el Gobierno de España tiene "la mano tendida a la Comisión Europea", con la que quiere dialogar para limitar "esta medida restrictiva".

Desde Agricultura ven esta norma "desproporcionada"

Desde el Ministerio de Agricultura alegan que esta prohibición es desproporcionada e injusta y aseguran que no cuenta "con la información científica más actual disponible". Aseguran también que con esta normativa se vulneran "los principios de la Política Pesquera Común (PPC) que establece el necesario equilibrio, en las decisiones que se adopten, entre la protección de la biodiversidad marina y el mantenimiento de la pesca sostenible".

El Gobierno considera que la falta de proporcionalidad "se hace evidente" en el caso de las artes fijas de fondo, cuyo impacto adverso significativo "no ha sido establecido ni por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) ni por la Comisión Europea, y cuya actividad no ha sido tenida en cuenta a la hora de diseñar los escenarios de actuación posibles".

El "erróneo" diseño de este reglamento lleva a la "paradoja" de que, a pesar de que fue concebido para atender a unas circunstancias específicas que concurren en el arrastre de fondo, han sido el palangre y otras artes fijas de fondo las que han resultado "seriamente afectadas al verse privadas de sus caladeros habituales", según indican desde el Ministerio de Agricultura.

También se cuestiona que no se haya utilizado la mejor información disponible como la proveniente de proyectos tales como Indemares e Intemares, de conocimiento del medio marino para la gestión de espacios de la Red Natura 2000, que son cofinanciados por la Unión Europea y cuyos datos habrían permitido una mejor toma de decisiones.

No obstante, en la demanda, el Gobierno reitera su compromiso con la sostenibilidad y protección de los ecosistemas marinos, por lo que seguirá, en paralelo al recorrido judicial de la demanda, trabajando y colaborando con la Comisión Europea para poder conseguir una solución lo antes posible para que el sector pesquero español y comunitario no se vea afectado por esta "injusta situación".