María Jesús Montero pide "estudiar" la ley 'del solo sí es sí' tras las primeras rebajas de penas a condenados

• "Habría que estudiar las sentencias, para ver en qué cuestiones se ampara, y el propio texto legal", ha reiterado la ministra
• La Justicia ha rebajado las penas a dos condenados, uno de ellos por agresión sexual a una menor de 14 años

Montero cree que hay que "estudiar" la ley 'del solo sí es sí' por las rebajas de penas a condenados por abusos sexuales

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha abogado este martes por "estudiar" tanto las sentencias como la ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', después de que varios tribunales hayan rebajado penas de prisión a condenados por abusos sexuales.

Al ser preguntada al respecto este martes en los pasillos del Senado, Montero se ha mostrado partidaria de "estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal" porque a su juicio es evidente que el objeto de esta ley no era que se pudieran rebajar las penas por abuso a menores sino "todo lo contrario".

"Por lo tanto, habría que estudiar las sentencias, para ver en qué cuestiones se ampara, y el propio texto legal", ha reiterado.

Igualdad achaca las rebajas a una mala interpretación de la ley

La ministra ha hecho estas declaraciones después de que los tribunales españoles hayan revisado varias sentencias tras la aprobación de la 'ley del solo sí es sí' –impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero– y han rebajado las penas de prisión a condenados por abusos sexuales a menores al considerar que la reforma del Código Penal resulta "más favorable al reo".

En concreto, los magistrados han aplicado rebajas de hasta cinco años de cárcel a sentencias que ya eran firmes, entre las que se encuentra la del caso de un padrastro que violó a su hijastra de 14 años.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha afirmado que "nadie se plantea revisar o reparar algo que no está dañado, porque no tienen razón. No hemos rebajado las penas en los casos que estamos conociendo". En una entrevista en RNE, Rosell ha respondido a Maria Jesús Montero, a la que ha indicado que "una ley que no se echa para atrás para agravar las penas no soluciona nada porque siempre se aplica la más favorable", por lo que aunque haya estado en vigor un día, "el efecto es el que es".

Antes ya había asegurado que "el problema no es la norma", sino la "interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo" que se está haciendo de ella. A su juicio, la decisión de la Justicia se trata de "un análisis y una lectura muy superficial" y de "brocha gorda".

Durante una rueda de prensa, ha aclarado que aunque es "factible rebajar las penas" con la nueva ley, el texto en sí mismo "no las rebaja" y tampoco lo hace en el caso que se ha hecho público este martes de un padrastro que violó a su hijastra de 14 años. En su opinión, es "evidente" que en este caso "hay un error". "El poder judicial tiene que hacer su trabajo formándose y aplicando la ley completa tal como es, y no de una manera tan reaccionaria y sorprendente", ha añadido Rosell.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha preguntado este martes "quién va a asumir responsabilidades" por la aprobación de la ley de solo sí es sí. "Estaban avisadas de las consecuencias de esta ley, pero siguieron adelante y la aprobaron. Esta chapuza la pagamos todas", ha escrito en Twitter, donde también señala el informe del CGPJ que advertía de las consecuencias de la reducción de los límites máximos de penas.

El pasado agosto, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la ley de Garantías de la Libertad Sexual, con los votos en contra de PP y Vox y la abstención de la CUP. La nueva norma eliminó la distinción entre abuso y agresión, regula la necesidad del consentimiento expreso y tipifica el acoso callejero.

Además, esta ley introdujo que todo acto sexual sin el consentimiento de la otra persona es una agresión, si bien también supuso la reducción de algunas penas mínimas. La pena mínima del delito de agresión quedó, por ejemplo, en cuatro años, frente a los seis contemplados anteriormente en el Código Penal.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió en 2021 en su informe preceptivo sobre el anteproyecto de dicha normativa que su aprobación provocaría la revisión a la baja de aquellas condenas en las que se hubiera impuesto penas máximas conforme a la regulación anterior.