El CGPJ defiende a los jueces de los "intolerables ataques" de Igualdad y sostiene que solo aplican la ley

• Montero ha asegurado que "el machismo puede hacer que haya magistrados que apliquen erróneamente" la ley del 'solo sí es sí'
• La norma ha permitido la reducción de penas a condenados por abuso sexual

Rafael Mozo preside una reunión del CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial ha expresado su "más firme repulsa" a los "intolerables ataques" vertidos contra los jueces que están revisando condenas por delitos sexuales en aplicación de la conocida como 'ley del solo sí es sí', y ha defendido que los magistrados únicamente están aplicando la norma. Además, señalan que "este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección".

Responden así a las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha asegurado que "el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente" la ley del 'solo sí es sí' tras conocerse la reducción de penas a violadores usando la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual.

La nueva tipificación de los delitos sexuales, que introdujo la medida impulsada por Igualdad, ha supuesto que los tribunales, acogiéndose a la nueva norma, estén revisando a la baja las sentencias de algunos condenados por delitos sexuales, ya que, según el Código Penal, todos los condenados tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta resulta más favorable para su caso. No obstante, desde el Ministerio que dirige Irene Montero consideran que no existe ningún error en la ley y que el problema reside en la aplicación machista de la norma.

Ante dichas afirmaciones, el CGPJ ha publicado un comunicado en el que aseguran que "la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena’.

Por tanto, explican, "las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, resultan de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el artículo 117.1 de la Constitución Española".

Además, han recordado que el organismo ya advirtió en su informe contrario al anteproyecto que "el cuadro penológico contemplado" para los delitos de agresiones sexuales "suponía una reducción del límite máximo de algunas penas" y avisó además de que "la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente".

A la espera de la decisión del Tribunal Supremo

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la ley del solo sí es sí' como "una gran conquista del movimiento feminista" y ·una ley de vanguardia que va a inspirar a otras leyes del mundo". Ante las críticas surgidas por la rebaja de las penas, Sánchez ha pedido "esperar para extraer conclusiones" a la doctrina de los tribunales y la Fiscalía y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero ha dejado claro que la ley nació con la voluntad de proteger a las mujeres y que haya "condenas más agravadas".

Al Supremo ha hecho también referencia la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, al ser preguntada por los periodistas a la puerta del Congreso tras la publicación del comunicado publicado por el órgano de gobierno de los jueces.

Rosell ha señalado que no lo había leído porque estaba compareciendo en comisión, pero ha añadido que "todavía no ha hablado el Tribunal Supremo". "Me parece una falta de respeto avanzar desde un órgano de gobierno lo que vaya a decir el Supremo en recurso y me parecería muy mal que les estuvieran presionando", ha expresado.

El revuelo generado ha hecho que varias voces del Gobierno se manifiesten, como por ejemplo hizo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que abogó por "estudiar" el texto. No lo ha hecho así, la Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que todavía no se ha pronunciado. No obstante, fuentes cercanas al gabinete de Díaz han indicado a RTVE que "toca ser prudentes". "El objetivo y el espíritu de esta ley siempre ha estado claro. Tenemos que analizar el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas para cumplir con su objetivo: garantizar los derechos y las libertades de todas las mujeres", han añadido.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se une al CGPJ

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, se ha adherido al comunicado aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ y señalado que los integrantes de la Carrera Judicial

"tienen una sólida formación en materia de violencia de género y de perspectiva de género, áreas sobre las que reciben una formación específica".

Carmona contesta así a las declaraciones de Montero en las que ha asegurado que esta situación se revierte con "formación obligatoria" a los jueces.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha querido hacer hincapié en este tema y recordado que el Servicio de Formación del CGPJ "imparte cursos sobre violencia de género obligatorios para todos aquellos integrantes de la Carrera Judicial a los que por concurso ordinario les sea adjudicada una plaza en un juzgado de violencia sobre la mujer, un juzgado de lo penal especializado o una plaza en una sección especializada de una Audiencia Provincial".

A ella se ha sumado la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia que considera muy desafortunadas e inapropiadas las manifestaciones que desde el Ministerio de Igualdad se han llevado a cabo.

Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia, no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como "justicia machista" o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley, manifestaciones que, además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover.