El excongresista peruano, Kenji Fujimori, condenado a 54 meses de cárcel por tráfico de influencias

• La sentencia también pena a otros dos exlegisladores, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez
• Sin embargo la corte los ha absuelto del delito de soborno

Kenji Fujimori condenado a 54 meses de cárcel

La Corte Suprema de Perú ha dictado este miércoles una condena de cuatro años y medio de cárcel para el excongresista Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por el intento de negociar ilegalmente el apoyo de legisladores para evitar la destitución del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien después indultó al padre del acusado, el cual cumple una pena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.

La Sala, presidida por la jueza Inés Villa Bonilla, ha leído el adelanto del fallo que condena a Fujimori y a otros dos exlegisladores, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, por el delito de tráfico de influencias reales y agravado.

Sin embargo, la corte los ha absuelto de soborno y ha determinado que la pena de cárcel queda suspendida hasta que se firme, es decir, ratificada en segunda instancia.

Además, los magistrados han dictado contra los sentenciados 18 meses de inhabilitación de la función pública y han impuesto una multa, que en el caso de Fujimori asciende a 52.000 soles (unos 13.000 euros).

Argumentos de la condena

Durante la lectura del fallo, a cargo del juez José Neyra, la sala ha revisado el informe pericial que verificó la autenticidad y originalidad de los audios y videos que sirvieron de pruebas para este caso y ha concluido que estos no fueron manipulados ni editados, más allá de los cambios de nombres en los archivos originales de un reloj espía.

Además, la sala ha defendido la legitimidad de que Mamani grabara las imágenes, algo que había sido cuestionado por la defensa de los ahora sentenciados, y ha determinado la validez de sus declaraciones.

Durante la lectura, que se ha extendido por unas tres horas, Neyra ha leído extractos de reuniones en las que los excongresistas buscaban convencer a Mamani de no votar por la segunda moción de destitución contra Kuczynski a cambio de ofrecimientos de proyectos de obras.

"Qué es lo que tú quieres, ¿obras para tu región?", dijo Fujimori en uno de ellos.

Pero la sala ha sostenido que, al no haberse probado a qué obras se referían estas conversaciones, que eran más bien sobre propuestas genéricas, sin especificación, ha considerado no aplicable el delito de cohecho genérico por el que los imputaba el Ministerio Público.

En cambio, ha aseverado que "está probada la responsabilidad penal de cada uno" de los acusados en el delito de tráfico de influencias agravado al afirmar la existencia de un "plan criminal conjunto" en dos reuniones concretas en las que los exlegisladores abordaron la ejecución de obras.

En este caso también está el exasesor de Fujimori, Alexei Toledo, quien ha sido sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por la sala, que ha anunciado que el próximo 25 de noviembre realizará una audiencia para leer la sentencia completa.

Caso 'Mamanivideos'

Kuczynski indultó al exgobernante Fujimori el 24 de diciembre de 2017, apenas tres días después de haber salvado un primer intento de destitución gracias a los votos en abstención de Kenji y de otros nueve parlamentarios disidentes del partido fujimorista Fuerza Popular, entre ellos Bocángel y Ramírez.

En marzo de 2018, mientras se orquestaba un segundo intento de la oposición por destituir a Kuczynski, salieron a la luz unos videos grabados con cámara oculta por el fallecido excongresista fujimorista Moisés Mamani en los que se apreciaba a Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez ofrecerle obras del Gobierno para su región a cambio de votar en contra de la destitución presidencial.

La difusión de estos videos dio fuerza a la oposición para continuar el proceso de destitución, tras revelarse presuntos pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht recibidos por Kuczynski, quien prefirió dimitir en marzo de 2018 para evitar la inminente destitución por "incapacidad moral permanente".