Abren juicio a Sito Miñanco por narcotráfico y al abogado Gonzalo Boye por blanqueo

• La Audiencia Nacional envía a juicio a un total de 49 personas físicas por presunta implicación en la 'operación Mito'
• La magistrada relaciona al abogado de Puigdemont con la organización dirigida por Sito Miñanco

Sito Miñanco dirigía presuntamente una red que intentó introducir en España más de 4.000 kilos de cocaína.

La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, por dirigir presuntamente un entramado que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, y al abogado Gonzalo Boye, conocido por defender al expresidente catalán Carles Puigdemont, por supuestamente blanquear beneficios de operaciones de narcotráfico.

En un auto, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirma, tal y como había solicitado la Fiscalía Antidroga, el auto de conclusión de sumario decretado por la juez instructora de este procedimiento, María Tardón, y abre el juicio oral para un total de 49 personas físicas y cinco jurídicas contra las que se actuó en la “Operación Mito” de 2017.

La resolución acuerda el sobreseimiento de las actuaciones respecto a uno de los procesados, Amr Lanjri lahcinoui, y rechaza el sobreseimiento solicitado por algunos investigados, entre ellos Gonzalo Boye, así como la revocación del auto de conclusión de sumario para la práctica de nuevas diligencias de investigación.

Respecto a las diligencias solicitadas por Sito Miñanco, el tribunal las deniega al entender que o bien no son pertinentes o se pueden practicar en la vista oral.

En cuanto a la solicitud del abogado de Puigdemont de archivar la causa, la Sala indica que “los indicios que se describen en el auto de procesamiento de los que resulta el procesado Gonzalo Boyé Tuset en los hechos a en él se imputan, impiden el sobreseimiento de actuaciones respecto de él”.

Una vez acordada la apertura de juicio oral, la Sala da cinco días a la Fiscalía Antidroga y a la acusación particular para que presenten sus respectivos escritos de calificación de los hechos.

Miñanco, detenido en 2018

En esta causa se ha investigado un supuesto entramado criminal liderado por el histórico narcotraficante gallego, que fue detenido por estos hechos en febrero de 2018 cuando disfrutaba de un régimen de semilibertad.

En diciembre de 2020, la juez María Tardón procesó a Sito Miñanco por su presunta participación en 2017 en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero de la droga. En ese entramado para el blanqueo situó a Gonzalo Boye, que ejerció de abogado de Sito Miñanco hasta la detención de este último y verse el mismo envuelto en esta causa.

Pese a negar insistentemente los hechos y vincular su imputación a su faceta de defensor de Puigdemont, la jueza le procesó por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en el seno de una organización criminal. El letrado se sentará por tanto en el banquillo por su presunta participación en una operación para recuperar 889.620 euros que habían sido incautados por la Policía en el aeropuerto de Barajas, ocultos en una maleta de uno de los miembros de la organización.

Boye y otros dos abogados están procesados por participar en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía. Según la juez, se hizo siguiendo las instrucciones de Prado Bugallo, presuntamente transmitidas por García Arango y dirigidas por Boye Tuset.

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Contactos con Sudamérica

A Miñanco y al resto de los presuntos integrantes de la trama de narcotráfico se les atribuyen delitos contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud con la agravante de notoria importancia en el seno de una organización criminal.

También están procesados por blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento oficial y tenencia ilícita de armas, en el caso de algunos procesados.

El auto de procesamiento relata los desplazamientos y reuniones que mantuvo Prado Bugallo con otros procesados, las medidas de seguridad que adoptaban; cómo aprovechaba su clasificación en tercer grado para continuar su actividad de introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España.

También sus contactos con organizaciones suministradoras de droga en Sudamérica, así como la infraestructura personal de al menos 16 personas, así como las reuniones y conversaciones "para la preparación material y ejecución de dos operaciones, que se desarrollan desde el mes de marzo de 2016".