Estados Unidos otorga inmunidad al príncipe heredero saudí Bin Salman ante el asesinato de Khashoggi

• En virtud del derecho internacional, es inmune a una demanda civil presentada en EE.UU. por la prometida de Jamal Khashoggi
• Según la CIA, Bin Salman es responsable del asesinato del periodista saudí y residente estadounidense Khashoggi

El príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman.

Estados Unidos ha determinado que el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman, a quien la CIA responsabiliza por el asesinato del periodista saudí y residente estadounidense Jamal Khashoggi, es inmune a una demanda civil presentada por la prometida del fallecido, Hatice Cengiz.

El Ejecutivo de Joe Biden ha determinado que, en virtud del derecho internacional, el "jefe de Gobierno en funciones" de Arabia Saudí es inmune a una demanda civil presentada en el país por la prometida de Khashoggi y la organización de derechos humanos que esta fundó.

Hatice Cengiz ha acusado al mandatario estadounidense de "salvar al asesino". "Biden ha salvado al asesino al concederle la inmunidad. Salvó al criminal y se involucró él mismo en el crimen", ha dicho en Twitter la novia del periodista saudí asesinado en el consulado de su país en Estambul en octubre de 2018. "Jamal ha vuelto a morir hoy", ha insistido Cengiz, ciudadana turca que estaba a punto de casarse con Khashoggi cuando fue secuestrado y descuartizado.

"El Departamento de Estado estadounidense ha otorgado inmunidad a MBS (abreviatura de Mohamed bin Salmán). No es una decisión que esperara todo el mundo. Pensábamos que quizás hubiera una luz de justicia desde EE. UU. Pero, de nuevo, el dinero es lo primero", ha subrayado Cengiz.

La activista pro derechos humanos ya había reprochado en julio pasado a Biden su reunión con Bin Salmán en Arabia Saudí.

Por otra parte, la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, ha dicho en un comunicado que "al Gobierno de Estados Unidos debería caerle la cara de vergüenza". "Que el Gobierno saudí intente extender la inmunidad a Mohamed bin Salman declarándolo primer ministro es más que cínico, y es decepcionante que el Gobierno de los Estados Unidos haya dado efecto a esta artimaña legal", lamenta la activista. Esto envía "el deplorable mensaje" de que quienes ocupan cargos de poder y cometen crímenes "son libres de operar por encima de la ley con total impunidad".

Un país no puede tomar medidas contra el jefe de Estado de otro

La administración ha justificado la inmunidad a través de una carta firmada por el asesor legal interino del Departamento de Estado, Richard C. Visek, enviada al tribunal de distrito en el que se había presentado el caso.

El derecho internacional prohíbe a los tribunales de un país tomar medidas contra el jefe de Estado de otro "mientras esté en el cargo", y el padre de Bin Salman, el rey Salman, lo nombró primer ministro en septiembre. Además, el texto recuerda que la Constitución otorga al poder ejecutivo la potestad exclusiva para tomar decisiones relacionadas con la política exterior.

El texto del asesor legal indica, sin embargo, que el departamento "no tiene opinión sobre los méritos de la presente demanda y reitera su condena inequívoca del atroz asesinato de Jamal Khashoggi". Según la CIA, está demostrado que Bin Salman "aprobó una operación en Estambul para capturar o matar" al periodista saudí porque se le percibía como un disidente cuyas actividades socavaban la monarquía.

Khashoggi escribió columnas para The Washington Post y otros medios que criticaban al príncipe heredero, quien, como gobernante de facto incluso antes de que su padre lo convirtiera en primer ministro, llevó a cabo duras medidas enérgicas contra rivales y disidentes.

Khashoggi, antiguo hombre del régimen saudí pero enfrentado luego a Bin Salmán, entró en el consulado saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018 para obtener la documentación que necesitaba para casarse con Cengiz, pero nunca volvió a salir del edificio, ni hasta ahora hay rastro de los restos de su cuerpo.

El pasado abril la Justicia turca archivó el caso y trasladó el expediente a Arabia Saudí, cerrando así en la práctica cualquier posibilidad de condenar a los culpables del crimen.

Arabia Saudí había condenado en septiembre de 2020 a ocho acusados, cinco de ellos a pena de muerte, conmutada luego por 20 años de prisión, pero la escasa transparencia del juicio ha suscitado numerosas críticas.