El Congreso da 'luz verde' a los impuestos temporales a la banca, las energéticas y las grandes fortunas

• La proposición de ley ha salido adelante con el voto a favor del bloque de los socios de la investidura
• Los nuevos gravámenes pasarán ahora al Senado para seguir su andadura parlamentaria

Una persona calcula sus gastos

El Congreso ha dado 'luz verde' este jueves al establecimiento de gravámenes temporales al sector energético, la banca y las grandes fortunas con el apoyo de los socios habituales del Gobierno de coalición.

La iniciativa ha salido adelante con 186 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones, después de los cambios introducidos durante su tramitación en la Cámara Baja, que se inició en el mes de septiembre tras conseguir el visto bueno a la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos. Ahora, será enviada al Senado para continuar su andadura parlamentaria.

En el texto final ya está incorporada la enmienda por la que se crea el impuesto a las grandes fortunas, que gravará a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales. Al ser introducido como enmienda parcial, se imposibilita que su diseño sea enmendado, lo que ha generado críticas tanto entre la oposición como entre los socios del Ejecutivo.

Lo cierto es que sobre los tres impuestos sobrevuela la posibilidad de que sean recurridos ante el Tribunal Constitucional, en el caso de los que se aplicarán a las empresas porque no gravan los beneficios extraordinarios consecuencia del contexto inflacionario, sino las ventas (en las energéticas) y los márgenes ordinarios (en la banca).

En ello han incidido PP, Vox y Ciudadanos, que del impuesto sobre las grandes fortunas han apuntado a una posible inconstitucionalidad por invadir la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Este mismo jueves, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que lo recurrirán porque "el único instrumento" que tiene el Gobierno autonómico para responder "es el judicial".

Actividades reguladas exentas

A lo largo de las últimas semanas, la proposición de ley ha sufrido diferentes modificaciones con respecto a la redacción original. Uno de los principales cambios se ha producido en torno al gravamen del 4,8 % a los intereses y comisiones de la banca, ya que se incluyó una enmienda del PNV para que el tributo afecte a la actividad que los bancos desarrollen en España.

En lo referido al gravamen energético, en la comisión se acordó que de la facturación objeto del gravamen se excluirían los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, quedó modificado el texto original para que el impuesto no afecte a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

Además, se incluye en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos los ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente. Y se incluyó otra enmienda transaccional para que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas del sector desarrollen en España.

Por otro lado, el texto llegará al Senado con los acuerdos alcanzados entre EH Bildu, PSOE y Podemos, quienes pactaron que a finales de 2024, cuando finalice la vigencia de los nuevos impuestos a banca y energéticas, se haga una evaluación de su aplicación y se estudie la posibilidad de convertirlos en permanentes, así como para que las haciendas forales vascas y navarras gestionen estos nuevos gravámenes.

Por último, el impuesto sobre las grandes fortunas será del 1,7 % para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1 % para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5 % para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros. Además, para la determinación de la base imponible de este impuesto, resultarán aplicables las reglas contenidas en la ley del impuesto del patrimonio, de manera que se incluye una reducción en concepto de mínimo exento de 700.000 euros.

"Políticas redistributivas"

El PSOE y Unidas Podemos han defendido en el Congreso los nuevos gravámenes a empresas energéticas, banca y grandes fortunas, asegurando que nacen con el objetivo de defender los intereses de la gente y redistribuir los impactos económicos de la guerra en Ucrania.

Durante el debate en el Pleno del Congreso de su proposición de ley, el PSOE ha justificado el impuesto frente a una derecha "que protege los intereses de la banca y las energéticas más que las propias banca y energéticas". Así lo ha señalado el diputado socialista Pedro Casares, quien ha recordado que ya se cumplen diez años del rescate bancario, por lo que ahora es el momento para que el sector financiero "contribuya al conjunto de la sociedad".

Por parte de EH Bildu ha intervenido Oskar Matute, quien ha recordado a la Cámara Baja la "sociedad desigual" en la que vive inmersa España, donde desde 1995 hasta la actualidad ha visto cómo la tasa de gente en riesgo de pobreza nunca ha bajado del 20%.

En este sentido, el diputado nacionalista ha justificado que aquellos "que han ganado más" aporten unos mayores recursos para que redistribuya la riqueza y conseguir que la igualdad sea real y la libertad "no sea solo tomarse unas cañas".

También en el lado de los apoyos, Íñigo Errejón, de Más País ha recordado que el Congreso de los Diputados trabaja "para el pueblo español" y no a favor de grandes empresas como "Iberdrola o Santander". Una reflexión a la que se suma Joan Margall, de ERC, quien considera que en un contexto de crisis económica es cuando hace falta "políticas redistributivas". No obstante, este último ha reclamado que Cataluña recaude al menos una parte del impuesto.

Más crítico ha sido el PNV, que a través de Idoia Sagastizabal ha recriminado la idea de gravar ingresos y no beneficios, así como el hecho de que el impuesto a grandes fortunas se haya introducido vía enmienda. "Compartimos la filosofía de arrimar el hombro, pero seguimos observando deficiencias técnicas que hace de la proposición de ley muy vulnerable en algunos recursos", ha indicado Sagastizabal, quien además ha advertido que la salvaguarda foral acordada entre Bildu, PSOE y Podemos en los impuestos "en ningún caso" implica que la recaudación o gestión de los impuestos recaigan en las comunidades forales.

Un apunte particular lo ha hecho Ana Oramas, de Coalición Canaria, quien ha afeado a PSOE y Podemos el veto a una enmienda de su formación para excluir a las empresas de distribución de bombonas de butano y gasolina del archipiélago del gravamen energético, ya que estas adolecen unos altos costes de transporte entre las islas.

'No' de Vox, PP y Cs

Desde el Partido Popular no apoyan esta iniciativa y consideran que "su única razón es eludir el reglamento tributario". El Diputado 'popular' Gabriel Elgorriaga ha mostrado su disconformidad desde la tribuna y han reprochado al Gobierno que esta "proposición ataca la inversión y a la vista están las consecuencias". "Crean un problema reputacional y atacan la autonomía financiera de las comunidades autónoma", ha añadido.

Por parte de Vox ha intervenido Rubén Manso, quien ha criticado los aspectos de tipo económico de la ley, al gravar los ingresos y no los beneficios, lo que en su opinión penaliza la inversión en España en los sectores de banca y energética, no tiene en cuenta el ciclo económico determinado por la Comisión Europea ni tampoco la traslación de costes.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, también ha criticado la norma y ha recriminado al ejecutivo que se han hecho "tropelías antidemocráticas para poder aprobar estas medidas".