La Físcalía Antidroga pide 31 años y medio de prisión para Sito Miñanco y 9 años para el abogado Gonzalo Boye

• Acusa al narcotraficante de un delito contra la salud pública, blanqueo de capitales y falsificación continuada
• Al abogado de Puigdemont le atribuye el supuesto blanqueo de beneficios de operaciones de narcotráfico

El narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, en la Audiencia de Pontevedra.

La Fiscalía Antidroga ha reclamado 31 años y medio de prisión para el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, por dirigir presuntamente una red que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, y nueve años y medio de cárcel para el abogado Gonzalo Boye, conocido por defender al expresidente catalán Carles Puigdemont, por supuestamente blanquear beneficios de operaciones de narcotráfico.

Después de que la Audiencia Nacional acordase abrir juicio oral a más de medio centenar de investigados en la conocida como 'Operación Mito', la Fiscalía Antidroga ha remitido ya su escrito de acusación en la causa al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional.

En él acusa a los investigados como presuntos miembros de la organización que dirigía Sito Miñanco por presuntos delitos contra la salud pública y por delitos de blanqueo de capitales, entre otros.

Además de la pena de prisión, pide una multa de más de 950 millones de euros para el histórico narcotraficante Prado Bugallo, a quien sitúa en el liderazgo de una organización criminal y acusa de un delito contra la salud pública, otro de blanqueo de capitales y otro continuado de falsificación.

En 179 folios, el Ministerio Público ha descrito cómo entre 2016 y 2018 la actividad principal de Sito Miñanco continuaba siendo la introducción y distribución de sustancias estupefacientes en España, pese a que se encontraba cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Algeciras.

En el marco de esta presunta organización, Boye (que se encuentra en libertad) fue procesado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todo ello por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas.

Estos 'correos humanos', que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron detenidos en febrero de 2017 en el aeródromo madrileño. Entonces, según el relato de la magistrada, los 'narcos' contactaron a Boye y otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.

Acusa a Boye de contribuir "a acreditar el origen lícito"

Por los delitos de blanqueo de capitales y falsificación, el fiscal acusa también a Boye, quien ha defendido también al expresidente catalán Quim Torra y a quien reclama al menos 3,1 millones de euros de multa, por contribuir, junto a otros dos abogados, a acreditar el origen lícito de los 889.620 euros que incautaron al entramado el 6 de febrero de 2017 a través de contratos de compraventa de letras de cambio.

Según el fiscal, Boye presentó contratos de compraventa en un expediente administrativo "a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico".

En el momento en el que se iniciaron las pesquisas, en febrero de 2016, Prado Bugallo se encontraba cumpliendo una condena de 16 años y 10 meses de prisión por un delito contra la salud pública, en régimen de tercer grado, que le permitía trabajar en un parking de Algeciras.

Sin embargo, el fiscal tiene claro que "su única y verdadera actividad profesional" seguía siendo el narcotráfico hasta tal punto de que éste era "su modus vivendi de manera continuada y estable" y por ello "mantenía sus contactos y la confianza de las organizaciones suministradoras de la droga en Suramérica y disponía de la logística material necesaria para acometer estas operaciones".

Los investigadores identificaron dos operaciones

Fruto de la investigación desplegada, los investigadores consiguieron identificar dos operaciones concretas a través de las cuales Sito Miñanco "y el entramado que lideraba pretendía introducir enormes cantidades de cocaína en España".

Una de estas operaciones es de octubre de 2017, cuando se transportaba 3,3 toneladas de cocaína y que acabó con la detención de siete tripulantes, y otra un mes después, cuando se consiguió la aprehensión de un contenedor de cocaína en Holanda que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.

El fiscal destaca la "naturaleza eminentemente personalista" de Prado Bugallo dentro de la organización, aunque, para no levantar sospechas y dado que tenía limitados sus desplazamientos al estar cumpliendo condena, se sirvió, dice, de dos personas de su máxima confianza: Luis Enrique García Arango, alias "alan" o "el viejito" y Juan Antonio Fernández, alias "chus" o "nuria", a quienes confió "los pormenores de las distintas operaciones criminales". Para García Arango el fiscal pide 22 años de prisión y 17 y tres meses para Fernández.