El Gobierno elige al exministro Juan Carlos Campo y a Laura Díez para renovar el Constitucional

• No espera a que el CGPJ designe a los otros dos candidatos e insta al Poder Judicial a hacerlo: "Nada mejor tiene que hacer"
• Campo fue ministro de Justicia hasta julio de 2021 y Díez era hasta hace seis meses directora general en Presidencia

El Gobierno elige al exministro Juan Carlos Campo y a la exasesora Laura Díez para renovar el Constitucional

El Consejo de Ministros ha propuesto este martes al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex directora general de Presidencia Laura Díez para ocupar el Tribunal Constitucional (TC) en sustitución de los dos magistrados conservadores Pedro González-Trevijano, actual presidente, y Antonio Narváez. Lo ha hecho sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya designado a los otros dos candidatos que le corresponde elegir para la renovación de los cuatro mandatos caducados en el alto tribunal. La decisión debe ser ratificada por el Pleno del TC, mientras que tanto la oposición como los socios del PSOE en el Congreso han criticado esta elección para el Constitucional.

El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en la rueda de prensa posterior que el Gobierno tiene "el derecho y el deber" de tomar esta decisión y ha asegurado que sus candidatos “cumplen sobradamente” los requisitos de idoneidad para ser nombrados. Además, ha instado al Poder Judicial a que nombre “inmediatamente” a los otros dos candidatos que les corresponde para cumplir con la renovación de los cuatro mandatos que hay caducados: “Nada más urgente tienen que hacer. Lo podrían hacer esta tarde”.

El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a sus dos candidatos al TC sin esperar a que el CGPJ designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación. Y, es que el plazo legal para la renovación de estos cuatro magistrados caducó el pasado 13 de septiembre, pero se ha dilatado en el tiempo por el bloqueo de los magistrados conservadores del Poder Judicial, a quienes Bolaños ha culpado de "incumplir la Constitución y la ley".

La Constitución establece que se deben renovar cuatro candidatos

La Constitución establece que el TC se renueva por tercios (cuatro magistrados cada vez). Ahora mismo, el Constitucional tiene cuatro mandatos caducados desde el pasado mes de junio pendientes de renovación: el presidente Pedro González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez. Al Gobierno le correspone designar a dos candidatos y al CGPJ otros dos.

Pero en los últimos meses ha existido debate jurídico abierto sobre si esos cuatro deben ser renovados todos a la vez o pueden desdoblarse en dos tandas.

Preguntado al respecto, Bolaños ha dicho que el Tribunal Constitucional, "a lo que se debe limitar" es a verificar que los candidatos del Ejecutivo cumplen los requisitos de idoneidad. En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo remitirá "inmediatamente" las candidaturas de Campo y Díez al Constitucional para que "verifique formalmente" esta cuestión, aunque ha asegurado que cumplen "sobradamente" los requisitos.

La Constitución fija que los miembros del TC deben elegirse entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional. Una vez que el Tribunal Constitucional cumpla ese trámite y certifique la idoneidad para el cargo de Campo y Díez, será cuando el Consejo de Ministros podrá aprobar los reales decretos con sus respectivos nombramientos. Unos reales decretos que, como también es preceptivo, serán refrendados por el rey.

Por otra parte, Bolaños ha culpado a los ocho vocales conservadores del Poder Judicial de "incumplir la Constitución y la ley" con el bloqueo en el Constitucional y ha asegurado que ya el propio TC ha determinado que el incumplimiento de un organismo constitucional (como es el CGPJ) no puede retrasar las obligaciones de otro (el Gobierno), que en este caso debe designar sus candidatos.

Fuentes del Gobierno a RTVE admiten que hay un "riesgo" de que el Tribunal Constitucional frene el nombramiento de Campo y Díez, lo que abriría "una crisis institucional gravísima". Otras fuentes del Ejecutivo, sin embargo, no creen que esta situación pueda producirse y confían en que avalará los nombramientos.

De cualquier forma, Bolaños ha recordado que el Tribunal Constitucional debe aún pronunciarse sobre "asuntos tan importantes" como la ley del aborto, la de la eutanasia o la reforma laboral y ha abogado porque ha de hacerse por parte de un TC "cuya legitimidad esté renovada". Por ello, ha instado también al Pleno del Constitucional a que "cuanto antes" verifique que los dos candidatos del Gobierno cumplen con los requisitos.

La renovación del Tribunal Constitucional, con los dos nombres propuestos por el Gobierno, daría un vuelco en el tribunal hacia el lado progresista con 7 a 4, a falta de los dos del CGPJ. Sin embargo, decisión de avalar a los candidatos del Ejecutivo la tiene actualmente una mayoría conservadora de seis a cinco, ya que la plaza del magistrado Alfredo Montoya (que debe cubrir el Senado) sigue vacante.

Campo y Díez y su paso por el Gobierno de Sánchez

Respecto a los nombramientos elegidos por el Gobierno, Campo salió del Ejecutivo el verano de 2021 tras la remodelación por la que Pedro Sánchez le sustituyó por Pilar Llop. Campo había estado en el foco a raíz de los indultos concedidos a los nueve condenados por sedición y malversación a causa del 'procés' y por las frustradas negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un asunto aún pendiente.

Una vez formalizado su cese como ministro de Justicia, Campo solicitó su reincorporación a la Audiencia Nacional para ocupar su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, funciones que retomó el septiembre del año pasado. Eso sí, durante estos meses se ha apartado de las causas políticas por su anterior cargo político.

Díez Bueso ocupó hasta el pasado mes de abril el cargo de Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática tras haber pasado por el puesto de Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Bloqueo en el TC y en el CGPJ

Pese a la petición de Bolaños, sigue sin haber visos de acuerdo en el CGPJ para designar a sus dos candidatos al Constitucional. El sector progresista ya ha puesto encima de la mesa el nombre del juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, pero la parte conservadora del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato está caducado desde 2018, dilata la decisión de dar un nombre.

El sector conservador no ha ocultado su malestar por las reformas del Ejecutivo en materia del CGPJ: la que le impidió realizar nombramientos estando en funciones (para frenar así el 'coladero' de nombres conservadores en el Tribunal Supremo) y la que después permitió al Poder Judicial realizarlos solo en el Tribunal Constitucional.

Y entretanto, el bloqueo en el CGPJ persiste desde hace ya casi cuatro años, pues su renovación lleva pendiente desde diciembre de 2018. Conesto, el Consejo está representado en la actualidad por la mayoría absoluta que logró Mariano Rajoy (PP) en 2013.

El Gobierno y el PP han estado cerca de llegar a acuerdos para renovarlo en varias ocasiones, pero las negociaciones siempre han terminado dinamitadas. Los 'populares' han puesto varias condiciones al Ejecutivo, que ha sido partidario únicamente de pactar los nombres de los vocales que corresponde nombrar al Legislativo. Las condiciones del PP han ido desde vetar a algunos de los magistrados propuestos por el Ejecutivo (como Ricardo de Prada o Victoria Rosell) a reformar la ley del Poder Judicial para dotar de una mayor independencia a este órgano. Ambas partes se dieron un "último intento" tras el verano para negociar, pero el PP suspendió la negociación ante su última línea roja, la reforma del delito de sedición por parte del Ejecutvio, que considera que se hace "a medida" de los indepenentistas.