El PP propone castigar con hasta cinco años de cárcel convocar referendos ilegales
- Piden prisión también para aquellos que los faciliten o promuevan
- El pasado jueves el Congreso dio el primer paso para suprimir el delito de sedición
El PP propone castigar con hasta cinco años de cárcel a las autoridades o funcionarios públicos que convoquen elecciones o consultas populares ilegales por vía de referéndum. Así se refleja en la enmienda a la totalidad presentada por el PP a la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, después de que el pasado 24 de noviembre el Congreso diera el primer paso para suprimir el delito de sedición.
La Cámara Baja apoyó la toma en consideración con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones de la iniciativa, que aboga por eliminar el delito de sedición del Código Penal y convertirlo en "desórdenes públicos agravados" con una rebaja de 15 a cinco años de la pena máxima de prisión y contempla hasta ocho años de inhabilitación.
El PP ha registrado este martes una enmienda a la totalidad en la que propone añadir el artículo 506 bis para castigar a los que convoquen consultas ilegales con entre tres y cinco años de cárcel e inhabilitación absoluta por un tiempo superior a entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad.
En concreto, se refiere a "la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución".
El artículo también prevé castigar con pena de cárcel de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad a la autoridad o funcionario público que, sin convocar esas elecciones o consultas, las facilita o promueva.
Vox y Cs también optan por la enmienda a la totalidad
La enmienda propone añadir otro artículo, el 521 bis, para castigar con seis meses a un año de cárcel o multa de 12 a 24 meses a "los que participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren" esas consultas ilegales.
El grupo parlamentario de Vox también ha presentado enmienda de totalidad con un texto alternativo en el que, entre otras propuestas, plantea castigar con hasta 20 años de cárcel a las autoridades o funcionarios que, por acción u omisión, promuevan la independencia de una parte de la nación.
También Ciudadanos ha optado por la enmienda de totalidad y, en su caso, reclama que no corran los plazos de prescripción para este tipo de delitos.
Pleno extraordinario en el Congreso para enviar la propuesta al Senado
La proposición de ley que reforma el delito de la sedición volverá previsiblemente a debatirse este jueves en un pleno extraordinario en el Congreso, con el fin de apurar plazos para que pueda pasar al Senado y ser aprobada antes de final de año.
La Junta de Portavoces ha aprobado este martes con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios pedir a la presidenta del Congreso que convoque un pleno extraordinario el jueves que debata las enmiendas a la totalidad que se han registrado a la nueva ley, y que de momento ascienden a cuatro (PP, Vox, Ciudadanos y JxCAT).
De esta forma, la proposición de ley podría pasar a su trámite de enmiendas parciales en comisión y su aprobación de dictamen y enmiendas definitivas en el pleno del Congreso antes de la semana del 19 de diciembre, fecha en la que la norma podría continuar su trámite en la Cámara Alta.
Y es que en el Senado, la vicepresidenta Cristina Narbona confirmó hace unos días que la posibilidad de celebrar un pleno en la última semana del año, entre Navidad y Nochevieja, "existe" y "no sería descartable".
El plazo reglamentario para tramitar iniciativas legislativas en la Cámara Alta es de 20 días, pero los tiempos pueden acortarse, de manera que es posible que la supresión del delito de sedición se pueda acometer de manera exprés en el Senado, cumpliendo así la pretensión del Gobierno de verla aprobada definitivamente antes de terminar 2022. Eso siempre y cuando el Senado no incorpore ninguna enmienda que modifique el texto, lo que obligaría a que la proposición de ley regresara al Congreso la primera semana de enero de 2023.
La prisa del Ejecutivo ha sido duramente criticada por el PP, Vox y Ciudadanos, que han presentado enmiendas a la totalidad al texto. Los grupos lamentan que el Ejecutivo quiera acelerar los trámites parlamentarios con la convocatoria de un nuevo pleno extraordinario esta semana, después de que la semana pasada la toma en consideración y votación de la proposición de ley se produjo entrada la noche; también en un segundo pleno tras el de los presupuestos generales del Estado.
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