El "caos" sanitario de los migrantes sin papeles: "La situación ya es dificil, como para no tener asistencia médica"

• La plataforma Yo Sí Sanidad Universal denuncia más barreras desde la ley de 2018, también para menores y embarazadas
• Canarias, la Comunidad de Madrid y Melilla destacan por las trabas, mientras Cataluña y Asturias ofrecen más facilidades

Vista de pacientes en el centro de Salud de Paseo Imperial en Pirámides en Madrid, este noviembre

"Ya se nos hace bastante difícil toda la situación como para tampoco tener asistencia médica", afirma María, que emigró de Venezuela en busca de una vida mejor. Reside desde hace cinco años en España y, cuando llegó, no esperaba que el acceso a la sanidad sería un problema unido a la búsqueda de trabajo, la situación administrativa irregular o el traslado de su hijo menor de edad. "Hace un mes se cayó: un esguince y un golpe en la cadera. ¡Y no me lo atienden! Tengo que ir al hospital para que me den una asistencia médica. Luego me pasan una factura del hospital público por atenderme", lamenta.

Ella es una de las víctimas del "caos normativo" y el "incumplimiento flagrante" de la ley por parte de las comunidades autónomas, que Yo Sí Sanidad Universal ha denunciado este martes. Canarias, la Comunidad de Madrid y Melilla destacan por las trabas a la asistencia sanitaria a migrantes en situación irregular, mientras Cataluña y Asturias ofrecen más facilidades, según su investigación, que pone también de manifiesto cómo las reformas legislativas de PP y PSOE en 2012 y 2018 han recortado este derecho en España.

"La preocupación por la heterogeneidad normativa y por la inseguridad jurídica nos ha llevado a realizar este informe", ha justificado el sanitario Nacho Revuelta, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, en un encuentro con periodistas para explicar "la complejidad que ha tomado el mapa de la exclusión sanitaria en nuestro país".

Meses de espera y sanidad de pago

Las consecuencias del laberinto son meses y meses de espera para conseguir la tarjeta sanitaria o un documento acreditativo similar que dé derecho a la asistencia. Así, para las personas en situación irregular, ir a urgencias se convierte en la única vía de acceso posible a la sanidad.

Pero incluso entonces, los problemas persisten. De acuerdo con la plataforma, hasta 15 comunidades autónomas facturan a los pacientes sistemáticamente o al menos existe esa posibilidad, como le ocurrió a María en la Comunidad de Madrid. La situación se repite en el resto de autonomías, excepto en Cataluña y en Asturias. Por su parte, País Vasco emite un "aviso de facturación", con el "efecto disuasorio" que eso conlleva, mientras Ceuta no ha podido ser evaluada por falta de datos.

"Hay muchas barreras que hacen que conseguir el documento se alargue o, en algunas comunidades, que sea muy difícil conseguirlo (...) Y hay que renovarlo cada año, dos años, lo que supone una pérdida del acceso, de las citas, del seguimiento, etc.", ha explicado la también portavoz Raquel González, quien denuncia que menores y mujeres embarazadas también están siendo objeto de estas prácticas "cuya frecuencia va en aumento".

Grandes diferencias entre comunidades

La mayoría de los migrantes en España entran como turistas, por lo que en 14 comunidades autónomas están excluidos de la sanidad durante los tres primeros meses. Se establece así, aun cuando expresan su intención de quedarse más tiempo al empadronarse en un municipio (con sus correspondientes trabas).

Para estos casos, el Ministerio de Sanidad emitió una serie de recomendaciones que instaban a las comunidades autónomas a facilitar el acceso a través de un informe de trabajo social, algo que solo cinco gobiernos autonómicos han llevado a cabo con deficiencias, según Yo Sí Sanidad Universal. Son Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura y Navarra. Por el contrario, en Cataluña, Baleares, Castilla La-Mancha y Andalucía las personas en situación irregular sí pueden optar a la cobertura pública directa durante los tres primeros meses.

Menores y embarazadas sin atención sanitaria

La plataforma por la sanidad universal ha puesto especial énfasis en la negación de asistencia a menores y embarazadas en situación irregular. "Muchas comunidades autónomas están incumpliendo la ley directamente", ha afirmado Revuelta, al recordar que los artículos relativos a las personas vulnerables pertenecen al real decreto anterior, de 2012, pero "no están derogados".

Para los portavoces de la organización, la redacción de la ley de 2018 ha agudizado los principales problemas. Primero, porque no menciona los convenios internacionales firmados por España sobre el derecho a la atención de los más vulnerables. Segundo, porque deja de subrayar que la atención en urgencias debe ser universal. "Lo que el Ministerio decía en su momento es que ‘no hace falta porque se va a atender a todo el mundo’. Pero la realidad es que ni de lejos es así", ha zanjado Revuelta.

Asimismo, hasta 14 comunidades autónomas excluyen de la asistencia sanitaria gratuita a las personas ascendientes reagrupadas y en 11 territorios el documento que certifica la atención no es una tarjeta sanitaria, sino un papel.

Por todo ello, la organización habla de un "círculo vicioso de la exclusión", al que se suma la falta de transparencia y de información, también entre los propios sanitarios y personal administrativo. "Cuando una persona va a pedir acceso y se le deniega, siempre se hace verbalmente, lo que hace más complicadas las reclamaciones y fomenta que la administración pueda eludir más fácilmente su responsabilidad", ha señalado González.

"No hemos encontrado otro derecho así de caótico y fragmentado por las comunidades", ha agregado Revuelta, comparándolo con el ordenamiento jurídico de educación o justicia para migrantes en situación irregular.

Con la vista puesta en la ley futura

Con todo, Yo Sí Sanidad Universal centra ahora su presión en el anteproyecto para la nueva ley que regule la "equidad, universalidad y cohesión" del Sistema Nacional de Salud. En su opinión, el texto presentado mantiene los principales errores, como que los procedimientos sigan en manos de las comunidades y no se subrayen las excepciones de embarazadas, menores y de atención urgente.

"Exigimos al Gobierno blindar la universalidad en una ley sencilla y clara, sin distinciones por situación administrativa, así como promover un desarrollo reglamentario que garantice la homogeneidad en el acceso al sistema sanitario de todas las personas en todo el territorio español", han concluido.