La UE propondrá la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes de Rusia en Ucrania

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Residentes de Pravdyne, a las afueras de Jersón, ayudan a forenses e investigadores a exhumar los restos de seis personas de una fosa común, supuestamente asesinados durante la ocupación rusa de la ciudad.

La Unión Europea (UE) colaborará con la Corte Penal Internacional (CPI) para establecer un tribunal especial para juzgar los supuestos crímenes de Rusia en Ucrania, según ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

"Rusia debe pagar por sus horribles crímenes", ha anunciado Von der Leyen en un mensaje en Twitter. "Trabajaremos con la CPI y ayudaremos a establecer un tribunal especializado para juzgar los crímenes de Rusia".

Dicho tribunal especial deberá estar respaldado por la ONU, ha dicho Von der Leyen.

Ucrania ha pedido reiteradamente la creación de un tribunal que persiga los supuestos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusos y por sus líderes políticos desde el comienzo de la guerra.

La ONU concluyó que Rusia había cometido crímenes de guerra durante la invasión, incluyendo ejecuciones sumarias de civiles.

La CPI, con sede en La Haya, ha lanzado su propia investigación, pero no tiene jurisdicción. El G7 también ha acordado poner en marcha una red para coordinar las investigaciones.

Rusia niega que sus tropas hayan cometido ningún crimen y también que estén atacando objetivos civiles.

Fondos rusos para que Rusia "pague" por la destrucción causada

Von der Leyen ha señalado también que la UE y sus socios se asegurarán "de que Rusia pague la devastación que ha provocado, con los fondos congelados de los oligarcas y los activos de su banco central".

Los líderes de la UE pidieron en octubre pasado a la Comisión que buscara opciones legales para incautar los activos rusos actualmente congelados bajo las sanciones.

La UE ha congelado activos privados rusos por valor de 18.900 millones de euros como consecuencia de los diferentes paquetes de sanciones, mientras que hay 300.000 millones de dólares (unos 289.000 millones de euros) de reservas del Banco Central Ruso inmovilizadas entre los países de la UE y sus socios del G7.

La legislación europea no permite confiscar los activos congelados salvo que estos estén ligados a la comisión de un delito, por lo que Bruselas lleva meses explorando cómo facilitar esta confiscación y propuso que las violaciones de las sanciones europeas pudiese considerase un delito, algo que fue aprobado esta misma semana.

Sobre esta base, la Comisión prevé presentar el viernes una propuesta de directiva para confirmar este delito y fijar las penas asociadas, que se vincularía a la directiva para reforzar la recuperación y confiscación de fondos, presentada en mayo y pendiente del visto bueno de los Veintisiete.