Menos sentencias, más esperas y acumulación de casos en el Supremo: así afecta el bloqueo en el CGPJ al ciudadano

• El Supremo acabará el año con 18 jueces menos de los 79 que debería tener y varias de sus salas están al límite
• De él dependen los recursos por una custodia, un divorcio o un despido y está cada vez más taponado

Los ciudadanos que recurren ante el Supremo se encuentran en un tribunal al límite por el bloqueo en el CGPJ

Puede que no sea la conversación habitual en el metro o en el transporte de camino al trabajo, como dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop, pero el bloqueo por casi cuatro años del Poder Judicial va más allá de la batalla política y afecta de forma muy directa a los ciudadanos. Queda particularmente patente el colapso en el Tribunal Supremo, donde las vacantes que no se cubren están provocando que haya menos sentencias, que se tarde más en finalizar los procedimientos y que se acumulen los casos.

Si una persona no está de acuerdo con la resolución de un juzgado respecto a su divorcio, la custodia de sus hijos, una herencia recibida o un despido, recurre precisamente a este tribunal, que es quien tiene la última palabra en muchos de los litigios cotidianos y crea jurisprudencia.

Pero el Supremo está al límite y su situación es cada vez más precaria a consecuencia del bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva pendiente de renovación desde diciembre de 2018, y a la reforma del Ejecutivo que impide al Poder Judicial hacer nombramientos en el Supremo y que entró en vigor en la primavera de 2021.

Como consecuencia, a finales de año este tribunal tendrá 18 magistrados menos de los 79 que debería tener por las vacantes que han dejado los jueces por fallecimiento, jubilación o nuevo destino. Una merma de casi el 23% de los jueces del alto tribunal que dificulta la configuración de las secciones de admisión y enjuiciamiento de las salas y que, sumado al aumento de la litigiosidad en los últimos años y la parálisis que supuso la pandemia, está provocando un tapón en la actividad del alto tribunal, con un gran número de asuntos pendientes, mayor tiempo en la admisión de casos y de respuesta de los mismos y un menor número de sentencias. Ya en 2021, el Gabinete Técnico del Supremo advirtió de que habría de media unas 1.000 sentencias menos al año en las cinco secciones que componen el tribunal.

Más de dos años esperando a que se admita un recurso

El colapso es especialmente grave en la Sala Primera o de lo Civil, que cuenta ya con un magistrado menos por la imposibilidad de cubrir vacantes y donde el taponamiento de casos es cada vez más inabarcable. Esta sala se encarga de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios de naturaleza civil. También de las demandas de responsabilidad civil contra los presidentes y miembros de instituciones del Estado (Gobierno nacional y autonómicos, tribunales, Defensor del Pueblo…).

Pues bien, un ciudadano que recurra un fallo judicial ante el Supremo relativo a una demanda civil esperará más de dos años (unos 28 meses) si su caso no es urgente solamente para que su recurso sea admitido a trámite en la Sala Primera, según los últimos datos de la Memoria del Tribunal Supremo de 2021. El tiempo de espera ha aumentado cuatro meses más respecto a 2020, mientras que en 2018 (el último año en el que el CGPJ tenía plenas funciones) el tiempo era de 26 meses. Esta tardanza no se aplica a los casos urgentes, que son admitidos unos dos meses después de inscribirse.

Por otra parte, la Sala no deja de acumular casos sin resolver. A finales de 2021, la cifra ascendía ya a 19.383 casos pendientes, 3.827 más que en 2020 y casi el doble de los que tenía en 2018: 10.582. Además, el tiempo medio de duración de los procedimientos judiciales en su totalidad en esta sala fue en 2021 de 24,6 meses, frente a los 22,4 del año anterior y los 18,9 de 2018.

Hay que tener en cuenta que en este cúmulo de casos influye no solo el que haya un magistrado menos, ya que el aumento de la litigiosidad no ha cesado de crecer en la última década debido al incremento de asuntos relativos a productos financieros y bancarios y a condiciones generales de contratación particularmente abusivas, entre otros.

La sala de Admisión de esta sección jurisdiccional atiende y resuelve una media de 150 recursos semanales, que “lejos de servir para reducir los tiempos de respuesta en este trámite a niveles razonables se revela insuficiente para impedir su progresivo incremento”, advierte el Supremo en su memoria anual de 2021.

Esta dilación en el tiempo de la admisión de los recursos de casación, prosigue el Alto Tribunal, repercute “sobre el conjunto de todos los escalones jurisdiccionales”, al retrasarse en igual medida la solución jurisprudencial para las cuestiones problemáticas que se suscitan ante los tribunales de instancia, “y que podrían solventarse con rapidez y seguridad jurídica si el Tribunal Supremo estuviera en condiciones de resolver con agilidad y detenimiento la correcta interpretación y aplicación de las normas en juego”.

La Sala de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo, al límite

Después de la Sala de lo Civil, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y la Sala Cuarta de lo Social son las que acumulan la mayor parte de reclamaciones hechas ante el Supremo y las más afectadas por el número de vacantes, ya que suman 15 magistrados menos entre ambas. Al inicio del año judicial en septiembre, el entonces presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, advirtió de que estas dos salas no podrán constituir sus secciones de enjuiciamiento por la falta de magistrados.

En concreto, la Sala Cuarta de lo Social, que se ocupa de asuntos laborales y mercantiles y que ha visto en gran medida incrementada su actividad por los recursos contra decisiones tomadas en la pandemia, se encuentra gravemente mermada al tener cinco magistrados menos de los 13 que deberían componerla (un 40% menos), incluida su presidenta, María Luisa Segoviano, que se acaba de jubilar con 72 años.

El tiempo medio en el que esta sala tardó en resolver un recurso en 2021 fue de 18,5 meses, frente a los 16,8 de 2020. Son casi cinco meses más que lo que se tardaba en 2018 (13,8), el último año en el que el CGPJ estaba en plenas funciones.

Además, el Supremo alerta de una cantidad de asuntos pendientes “alarmante”. Aunque en 2021 la Sala Cuarta resolvió el 93,73% de los asuntos ingresados ese año, a finales del mismo tenía todavía 7.522 asuntos pendientes, 312 más que en 2020 y 1.121 más que en 2018.

Otra sala que se ha visto fuertemente afectada es la Sala Tercera, que es la que resuelve los recursos contra resoluciones de órganos judiciales inferiores y el de los recursos contencioso-administrativos contra las disposiciones del Gobierno y de los órganos constitucionales del Estado. A finales de año, esta sala tendrá diez magistrados menos respecto a los 33 que debería tener incluyendo su presidente.

Pues bien, es en esta sala donde el Supremo ha alertado ya de una reducción del número de sentencias, que en 2021 fueron 1.583, 219 menos que el año anterior. “No es más que el puro reflejo y consecuencia de la situación general de la Sala”, con las vacantes que siguen sin cubrir “mes tras mes”.

Aún así, la Sala Tercera ha ido disminuyendo los tiempos medios de resolución de los asuntos contencioso-administrativos y en 2021 la tardanza fue de 8,6 meses, frente a los 9,7 de 2020 y los 14,9 de 2018. Y también ha logrado reducir los asuntos pendientes. En 2021, esta sala resolvió un 29,49% asuntos más que el año anterior y las cuestiones pendientes disminuyeron hasta los 7.388 frente a los 7.776 de 2020. En 2021, la Sala Tercera ha resuelto más asuntos de los que ingresó.

Por otra parte, aunque no es la sala que más repercute a los ciudadanos de a pie y es la que menos asuntos ingresa, la Sala Quinta de lo Militar se ha visto también afectada con dos vacantes entre los ocho magistrados que deberían componerla. Esta sala no tiene una gran acumulación de casos, pero el tiempo de respuesta del tribunal sí ha ido aumentando con el paso del tiempo y en 2021 se encuentra en 6,7 meses. Y mientras, la única sala del Supremo que no se ha visto afectada por la pérdida de magistrados es la Segunda, la de lo Penal.

Un “estropicio” que se extiende a otros niveles de la Justicia

Más allá del Supremo, el bloqueo en el CGPJ también se extiende a otros niveles de la Justicia. Un “estropicio tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de la democracia”, dijo Lesmes al inicio del año judicial. Y es que el CGPJ no solo tiene impedido realizar nombramientos en el Supremo, sino también en otros tribunales.

49 de las 116 presidencias de tribunales existentes en España no están desempeñadas por un presidente titular, según advirtió Lesmes en septiembre. Además, siete comunidades autónomas tienen sin cubrir la máxima autoridad judicial, la Presidencia del TSJ: Andalucía, Cataluña, Valencia, Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Y el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar.

En la Audiencia Nacional, por ejemplo, sigue sin cubrirse la plaza que dejó Concepción Espejel en la Presidencia de la Sala de lo Penal cuando pasó al Tribunal Constitucional.

Y a todo ello se suma, precisamente, el bloqueo en el Constitucional, donde cuatro de sus magistrados llevan con el mandato caducado desde el pasado 12 de junio. Este tribunal debía haberse renovado el pasado mes de septiembre por el plazo legal, pero el bloqueo en el CGPJ se está trasladando a sus vocales, que tienen que elegir a dos de esos cuatro magistrados para renovar el TC (los otros dos les corresponde al Gobierno). Aún así, el Ejecutivo ha decidido no esperar más y ya ha propuesto a los dos candidatos que le corresponde nombrar y que deben ser avalados por el Pleno del TC (de mayoría conservadora). Existe un debate jurídico sobre si esto será posible, puesto que la Constitución establece que la renovación del Constitucional se debe realizar por tercios (cuatro magistrados cada vez).

A día de hoy, no hay visos de que el Gobierno y el PP vayan a llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ y poner solución a todas estas cuestiones. El Partido Popular suspendió las negociaciones hace semanas por la intención del Ejecutivo de reformar el delito de sedición, algo que se ha convertido en su última línea roja. Ya ha advertido de que no pactará "con este PSOE", por lo que parece que no habrá pacto hasta, al menos, pasadas las elecciones generales.