El Gobierno refuerza la inspección en el transporte y fija multas de hasta 4.000 euros para que no se trabaje a pérdidas

• Vigilará que no realicen labores de carga y descarga y perseguirá la morosidad
• Además, busca asegurar una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación

Un camión circula por una carretera.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado un nuevo Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera para el año 2023, que incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros. Además, también recoge un refuerzo de la inspección para que los transportistas no trabajen a un precio por debajo de costes y que se garantice así el cumplimiento del decreto aprobado en agosto para prohibir que trabajen a pérdidas.

El plan también se centrará en inspeccionar el resto de medidas aprobadas en el último año, como que el conductor no realice, en general, las labores de carga y descarga de la mercancía, una utilización apropiada de la subcontratación o que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos.

Cabe recordar que estas eran las reivindicaciones que, según la Plataforma en Defensa del Transporte, no se estaban cumpliendo y llevaron a que esta asociación minoritaria del sector convocara paros indefinidos desde el pasado 14 de noviembre y que, finalmente, tras un escaso seguimiento, fueron cancelados tras dos días.

Lucha contra la competencia desleal y control de la morosidad

Uno de los pilares de este documento es la lucha, con la colaboración de Inspección de Trabajo, contra la competencia desleal que provocan las empresas deslocalizadas, las llamadas "empresas buzón", así como la detección de las cooperativas de trabajo fraudulentas gracias al refuerzo de la inspección de las Administraciones Públicas.

Asimismo, se perseguirá la morosidad, aplicando un nuevo régimen sancionador a las empresas que paguen a más de 60 días, con multas de hasta 4.000 euros, que podrán elevarse a 30.000 euros en los casos más graves.

Por otra parte, el Ministerio espera avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación, tal y como se acordó con los representantes del sector. Además, este plan también incluye nuevas herramientas informáticas para facilitar la actividad inspectora con nuevos procedimientos telemáticos. Atendiendo a la normativa europea, la inspección seguirá controlando la conducción y descanso de al menos el 3% de las jornadas de los conductores profesionales, una cifra que asciende este año a 1.602.696 jornadas.

En cuanto a la inspección del transporte de viajeros por carretera, su objetivo se centrará en controlar el cumplimiento de las condiciones de las concesiones en los servicios regulares de viajeros, el transporte de escolares y de menores y el transporte realizado en vehículos de alquiler con conductor.

En colaboración con el sector y las comunidades autónomas

El Ministerio elabora este plan en colaboración con las comunidades autónomas y los órganos competentes, con la participación del Comité Nacional de Transporte por Carretera, con quien ya acordó los compromisos del pasado mes de marzo. Para ello, se ha trabajado de forma conjunta con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o las policías autonómicas. Para que el sector pueda hacer sus observaciones al mismo, el Ministerio asegura que se les ha expuesto las directrices fundamentales del plan en distintas reuniones.

"El plan confirma el compromiso del Ministerio con un sector esencial, adoptando medidas estructurales para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes en el mismo, mejorando la posición y competitividad de este sector y garantizando las condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores", ha indicado el Ministerio.