Pedro Castillo, el líder sindical acusado de dar un "golpe de Estado" y acorralado por la corrupción
- El mandatario ha decretado la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de emergencia
- El líder sindical ya ha sido detenido, destituido y reemplazado por la vicepresidenta del país, Dina Boluarte
En julio de 2021, Pedro Castillo fue proclamado presidente de Perú tras vencer a Keiko Fujimori en unas ajustadas elecciones que dejaron un país dividido y sumido en medio de una profunda crisis económica y social. Ahora, los peruanos también se enfrentan a una crisis política, después de que su presidente haya sido destituido por decretar la disolución temporal del Congreso y un Gobierno de Emergencia para evitar la tercera moción de censura en su contra en un año, lo que ha sido considerado por el Congreso y el resto de las instituciones del país como "un intento de golpe de Estado".
La presidencia del país andino ya está en manos de la que era su vicepresidenta, Dina Boluarte, que ha jurado el cargo en el Congreso para intentar poner fin a la crisis desatada.
Las denuncias por corrupción y las mociones de censura han ido acorralando a Castillo, que llegó al poder gracias al apoyo de las zonas rurales del país, de los anti-fujimoristas y sin la ayuda de las élites.
"Castillo llegó al poder como representante de los sectores postergados del país y dijo que se encargaría de atender a estos sectores, pero no ha hecho prácticamente nada", ha explicado el investigador emérito del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, Luis Pasara.
Castillo, nacido en 1969 en la pequeña localidad de Tacabamba, en el departamento de Cajamarca, en los Andes, fue agricultor en su juventud y participó en las milicias de autodefensa campesinas, para después convertirse en maestro rural y licenciarse en Pedagogía.
En 2017 fue uno de los protagonistas de la huelga de docentes que exigían mejoras salariales y más inversión en educación. Entonces formaba parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación y encabezaba la Federación Nacional.
Salto a la política nacional
Hasta su paso por la huelga, el mandatario era un completo desconocido, y para muchos peruanos lo seguía siendo cuando decidió dar el salto a la política nacional y presentarse como el candidato de Perú Libre.
Sin embargo, consiguió convencer por su lejanía de las élites limeñas y por ser considerado el representante "del anti-establishment, sobre todo por su discurso de cambio de la Constitución y de modelo económico", según explicó a RTVE.es desde Lima la politóloga peruana Katherine Zegarra.
Uno de sus objetivos era aumentar la participación del estado en los beneficios de las empresas mineras del cobre, una de las mayores riquezas naturales del país.
Su programa económico contrastaba con el neoliberalismo de Keiko Fujimori, aunque ambos siempre han estado más cerca en lo moral. Castillo es católico y conservador y siempre ha sido un defensor de "la familia" y ha declarado que personalmente se opone a la despenalización del aborto.
Siete investigaciones abiertas por corrupción
En junio de este año, la Fiscalía peruana planteaba que el mandatario es el líder de una organización presuntamente encargada de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral del 2021 y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.
"Castillo tiene abiertas siete investigaciones, todas vinculadas por corrupcion. Allegados suyos han pedido dinero hasta por ascensos militares. El nivel de deterioro ha hecho que la cosa se vuelva irrespirable", ha indicado Pasara.
Estas denuncias se han ido acumulando a lo largo de los meses y acorralando a Castillo. El pasado octubre, la Fiscal de la Nación (general) de Perú, Patricia Benavides, denunció una "constante y feroz obstrucción a la Justicia" por parte de la supuesta organización criminal que presuntamente lidera el presidente Pedro Castillo, contra quien presentó una denuncia constitucional en el Congreso por este caso.
"Ha cometido muchos errores, además de las tropelías que han inflamado a la opinión pública. Él y sus allegados han aprovechado el aparato del estado para hacerse con dinero público", ha continuado Pasara.
Estos procesos que tiene abiertos el mandatario "no se pudieron activar porque era presidente", según ha explicado a TVE el politólogo Óscar Vidarte, Politólogo de la universidad católica de Perú. Sin embargo, Castillo, que ha sido destituido y detenido después del intento de "golpe de estado" se enfrenta a un escenario completamente distinto. "Es muy probable que esté más cerca de la cárcel que de la calle", ha subrayado Vidarte.
Tres mociones de censura
La disolución del Congreso ha sido el último volantazo de Castillo en un intento por evitar su expulsión. El Congreso de Perú admitió a trámite el pasado jueves una nueva moción de destitución presentada por la oposición en el Congreso contra el presidente por una presunta "permanente incapacidad moral" para seguir en el cargo que asumió el 28 de julio de 2021.
El de este miércoles era el tercer proceso de este tipo al que se sometía a Castillo, quien sorteó un primer pedido de destitución en diciembre de 2021, cuando la moción no fue admitida a trámite, y un segundo proceso en marzo pasado, cuando recibió solo 55 votos a favor.
En el caso del documento presentado por el legislador Málaga, de más de 100 páginas, aseguraba que "resulta inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos".
Al exponer los motivos de su moción, Málaga señaló que lo hizo "con la plena convicción de que la salida más exitosa a esta crisis política es un adelanto de elecciones generales".
No obstante, tras lo ocurrido, el poder ha recaído sobre la vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, que ha jurado este miércoles el cargo como nueva presidenta en reemplazo del destituido Pedro Castillo.