Bruselas propone que empresas como Uber y Airbnb recauden el IVA si no lo hacen el conductor o dueño del piso
- La propuesta forma parte de un paquete de medidas con las que Bruselas pretende aflorar 18.000 millones de euros en diez años
La Comisión Europea propone obligar a las plataformas digitales de alojamientos turísticos como Airbnb y de transporte de pasajeros como Uber a recaudar el impuesto del IVA y remitirlo a las autoridades tributarias cuando los proveedores últimos de dichos servicios -es decir, el dueño de un apartamento o el conductor de uno de sus coches, respectivamente- no se encarguen de hacerlo. Es una de las propuestas del Ejecutivo comunitario incluidas en un paquete presentado este jueves para adaptar el IVA a la era digital, con el que se pretende aflorar hasta 18.000 millones de euros al año en la próxima década, 6.600 de ellos con esta medida que afecta a estas plataformas.
Además de esta medida, Bruselas plantea también crear un sistema de información a tiempo real para compras transfronterizas dentro de la Unión Europea a través de emisión obligatoria de facturas electrónicas con el objetivo de reducir el fraude de IVA en este tipo de operaciones y poner en marcha un portal único de IVA para el registro de aquellas empresas que venden sus productos en más de un Estado miembro, explica la agencia EFE.
"El sistema de IVA no ha avanzado al ritmo de la economía de plataformas y su uso todavía es engorroso para las empresas que quieren vender a consumidores en otros Estados miembros", ha argumentando en una rueda de prensa el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
La primera propuesta - de ser aprobada por los Veintisiete - obligaría a las plataformas digitales que actúan de intermediarias para alojamiento de corta estancia y transporte de pasajeros a recaudar el IVA y a enviarlo a las autoridades tributarias si el propietario del apartamento que se alquila o el conductor que da en última instancia el servicio no lo hace.
La plataforma tendrá que añadir el IVA al precio final
Al respecto, Gentiloni ha explicado que muchas transacciones a través de estas plataformas no pagan IVA, lo que da lugar a una situación de "injusticia" con respecto a los hoteles y taxis tradicionales. "Esta propuesta quiere eliminar este trato desigual haciendo a las plataformas responsables de la recaudación del IVA cuando el proveedor no lo hace", ha afirmado.
De esta forma, si el taxista o el propietario del piso que se alquila no carga el IVA, la plataforma digital tendrá que hacerlo en su lugar añadiendo automáticamente el montante al precio que se muestra en la aplicación o la página web.
Este cambio permitiría a las autoridades tributarias de los Estados miembros obtener hasta 6.600 millones de euros anuales durante diez años, mientras que las plataformas ahorrarían conjuntamente unos 48 millones en el mismo periodo, según los cálculos de las autoridades comunitarias.
Factura electrónica para ventas transfronterizas
La segunda propuesta busca atacar el fraude del IVA en compras entre socios del bloque a través de un sistema de información en tiempo real en el que las empresas tendrán que emitir una factura electrónica que envíen a las autoridades fiscales de cada país cuando vendan un bien o un servicio en otro país del bloque.
Esto sustituiría a la llamada "declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias" que existe en la actualidad, un sistema "desfasado, fragmentado e insuficiente" para atajar los delitos de fraude del IVA, a juicio del comisario de Economía.
"Calculamos que el paso a un sistema de facturas electrónicas ayudará a los Estados miembro a ingresar hasta 11.000 millones de euros más en diez años", ha dicho Gentiloni, para después añadir también que "aliviará la carga" que asumen las empresas con los requisitos actuales de información en 4.100 millones al año.
Por último, la tercera propuesta sugiere la creación de un portal único en el que se puedan registrar todas las empresas que venden productos o servicios en varios Estados miembro de la UE y a través del cual podrán cumplir con sus obligaciones en materia de IVA e interactuar con las autoridades tributarias de su país. Esta medida, ha subrayado el titular de Economía del Ejecutivo comunitario, ayudará a las pequeñas y medianas empresas a ahorrar 8.700 millones en la próxima década.