El Gobierno castigará con hasta 6 años de prisión la contratación de falsos autónomos de forma reincidente

• PSOE y Podemos han acordado endurecer las penas para empresarios que incumplan reiteradamente los derechos laborales
• Contratar sin permiso de trabajo o sin dar de alta en la Seguridad Social también queda recogido en la normativa

Un repartidor en bicicleta.

El Gobierno castigará con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses a empresarios que contraten falsos autónomos de forma reincidente o restrinjan de forma habitual los derechos laborales o las condiciones de trabajo pactadas, tanto en contratos como en convenios.

Así lo recoge una de las enmiendas de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, para el artículo 311 del Código Penal, sobre aquellos que, "mediante engaño o abuso de situación de necesidad", impongan a los trabajadores condiciones laborales que perjudiquen los derechos que tengan reconocidos, así como contratar sin permiso de trabajo o sin dar de alta en la Seguridad Social a un determinado número de trabajadores según el tamaño de la empresa.

El caso más paradigmático de contratación de falsos autónomos se ha dado en el ámbito de las plataformas digitales de reparto y servicios a domicilio, para el que el Gobierno pactó una ley con sindicatos y patronal que establecía la presunción de asalariados de sus empleados. La denominada "Ley rider" cumplió en agosto un año con la resistencia de algunas empresas como Glovo a aplicarla, lo que le ha acarreado sanciones de la Inspección de Trabajo.

Tener falsos autónomos constituye fraude laboral de acuerdo con la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social, que establece multas de entre 3.000 y 10.000 euros. En la actualidad también puede llegar a ser constitutivo de delito si el importe de las cuotas defraudadas a la Seguridad Social en los últimos cuatro años suman 50.000 euros.

Endurecimiento de la ley para "incumplimientos reiterados"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha destacado en redes sociales que tras este pacto, vía enmienda, la "defensa de los derechos laborales en casos flagrantes de injusticia estará garantizada por el Código Penal", con una redacción para que los "incumplimientos reiterados" de la legislación laboral no queden impunes.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha explicado, por su parte, que la enmienda tiene como objetivo evitar situaciones en las que a los empresarios "les salga más a cuenta pagar la multa y seguir incumpliendo con la legislación laboral que cumplir con la legalidad". "Con esta reforma eso no será así, es una reforma para blindar el derecho de los trabajadores", ha añadido en una comparecencia.

Este anuncio formaría parte de la batería de reformas legales que estaría preparando el Gobierno y que incluye, además de la sedición, la propuesta de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de un cargo público. Además, el Gobierno prepara dos enmiendas al texto de reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso para hacer cambios legales que permitan desbloquear la situación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).