Portugal avanza en la despenalización de la eutanasia y espera última palabra del presidente

• El mandatario frenó la ley en dos ocasiones anteriores
• Ha necesitado cinco años de debate parlamentario y dos leyes ya aprobadas pero vetadas por el Constitucional

Pueden solicitar la eutanasia las personas que padezcan una enfermedad "grave e incurable".

Portugal ha aprobado, por tercera vez, la despenalización de la eutanasia, aunque la última palabra corresponde todavía al presidente luso, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que frenó la ley en dos ocasiones anteriores.

En su tercera votación en el Parlamento, la propuesta ha sido aprobada con el apoyo del Partido Socialista -que gobierna con mayoría absoluta-, Iniciativa Liberal (conservador) y Bloque de Izquierda, Livre (izquierda) y el PAN (Animalista). En contra han votado el Partido Comunista Portugués, el Partido Social Demócrata (PSD) y el ultraderechista Chega.

Tanto el PSD, líder de la oposición que ha fracasado en su intento de convocar un referéndum sobre el tema, como los socialistas han terminado por dar libertad de voto a sus diputados. En ambos casos, seis han votado en contra de la opinión del partido.

La despenalización de la eutanasia no ha tenido un camino fácil en Portugal, donde suma cinco años de debate parlamentario y dos leyes ya aprobadas pero vetadas por el Constitucional o por el presidente.

Se aplicará exclusivamente en casos de mayores de edad

El texto define la muerte médicamente asistida como la que "ocurre por decisión propia" de una persona, "en el ejercicio de su derecho fundamental de autodeterminación" y cuando es "practicada o ayudada por un profesional de la salud".

Se aplicará exclusivamente en casos de mayores de edad, con enfermedades "graves e incurables" o lesiones "definitivas de extrema gravedad".

Además, marca un plazo mínimo de dos meses entre el inicio del proceso y la muerte médicamente asistida y establece el acompañamiento psicológico obligatorio para el enfermo.

Fue frenada por las reservas del presidente portugués

No fue hasta 2015 cuando los políticos se hicieron eco de las propuestas de la sociedad civil en favor de la eutanasia en Portugal. El detonante fue un manifiesto del movimiento 'Derecho a Morir con Dignidad' suscrito por más de un centenar de intelectuales y personalidades.

El Bloco de Esquerda tomó el testigo y preparó un documento que sirvió de base para un primer debate parlamentario, en 2017, aunque no llegó a votación.

En la pasada legislatura, la ley se aprobó dos veces, pero fue frenada por las reservas del presidente portugués.

En el primer caso, Rebelo envió la norma al Constitucional, que la rechazó por apreciar conceptos "imprecisos" y abrió la puerta a una nueva tramitación parlamentaria.

Con correcciones, la Cámara volvió a aprobarla en noviembre de 2021, pero el presidente -católico practicante- utilizó su veto político por "contradicciones" sobre las situaciones de aplicación.

Esta vez, se reduce el margen de actuación presidencial para frenar la normativa. El propio Rebelo afirmó el jueves que dará "una respuesta rápida" el texto y admitió que esta última versión "toma en consideración" las reservas que había expresado en el pasado. "Ahora es una cuestión de ver, efectivamente, cuál es el camino más adecuado", ha apuntado.

El PSD podría impulsar la revocación de la ley

El PSD no parece resignado a aceptar que la eutanasia sea una realidad en Portugal y estudia sus próximos pasos.

Su intento de avanzar con un referéndum chocó contra la izquierda, que la calificó como una "pirueta política", y fue desestimado incluso por la extrema derecha porque no se ajusta a los tiempos previstos por la Constitución.

Pero PSD y Chega pueden aliarse para plantear una consulta popular en el próximo curso político, a partir de septiembre de 2023.

Además, tras una hipotética victoria electoral, el PSD podría impulsar la revocación de la ley, como ha sugerido este viernes el expresidente conservador Pedro Passos Coelho.

Por el momento, si tal como se espera en Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa promulga la ley, el Gobierno socialista tiene un plazo de 90 días para su aprobación.