La reforma exprés del Código Penal agrava la crisis entre el Gobierno y la oposición

• La oposición acusa a Sánchez de "asalto institucional" y plantea desde una moción de censura hasta recursos ante el TC
• Desde el Gobierno defienden que cumplen con la Constitución ante "un PP antisistema"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d)

La brecha entre el Gobierno y la oposición sigue ensanchándose. En un nuevo intento por desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo presentó este viernes un cambio legislativo que rebaja las mayorías necesarias para los nombramientos que competen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y esta propuesta, junto al mar de fondo de la enmienda de ERC para reformar el delito de malversación durante la tramitación del delito de sedición, ha terminado por revolver a la oposición. "Asalto institucional", "ataque al estado de Derecho", "autogolpe", "abuso de poder", "deriva autoritaria"..., son algunos de los calificativos que PP, Vox y Ciudadanos han dedicado a Pedro Sánchez.

La renovación del Poder Judicial, en funciones desde hace cuatro años, ha sido el gran motivo de enfrentamiento entre el PP y el PSOE de esta legislatura. Ni siquiera la dimisión del expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha servido para que firmasen un acuerdo que aseguraban tener ya "casi" cerrado. El PP dio por rotas las negociaciones tras meses de contactos argumentando que la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición era una línea roja y un "chantaje del independentismo".

A ojos del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, era incompatible defender la despolitización de la Justicia al tiempo que se lleva a cabo una reforma penal "a la carta" que dejaba "sin efecto" la sentencia del Supremo sobre los líderes condenados por el 'procés'. Pero para el PSOE se trataba de una excusa más y una rendición del líder del PP ante las presiones de sus barones y de la "derecha mediática". "Le han temblado las piernas", resumieron desde Ferraz.

Desde entonces, la brecha abierta entre el PSOE y el PP ha ido haciéndose más grande durante las últimas semanas y la división se ha escenificado las broncas sesiones de control en el Congreso y en el Senado de las últimas semanas, marcadas por los cruces de reproches y acusaciones de incumplimientos de la Constitución, especialmente ante los pactos alcanzados por el Gobierno con partidos como EH-Bildu o ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no gustaron a Génova.

Una polémica enmienda para buscar una alternativa en el CGPJ

Este viernes, con el fin del plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley para modificar el código Penal, el Gobierno ha planteado una vía alternativa para desbloquear el Constitucional y el CGPJ. Así, la reforma pretende transformar el modelo de elección actual, que requiere un acuerdo de tres quintos de los vocales si no se alcanzara un consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes del TC.

Según la propuesta del PSOE y UP, a partir de ahora bastará con mayoría simple y se establecerá un plazo para esa elección que, si los vocales incumplen, podría acarrearles responsabilidades "de todo orden, incluido de tipo penal".

Esta decisión ha desembocado en la solicitud de un pleno extraordinario por parte del bloque conservador del CGPJ, que tratará de acelerar el proceso de nombramiento antes de que pueda entrar en vigor la reforma, la cual han catalogado como "una injerencia demoledora".

Esto se debe a que, según fuentes consultadas por Europa Press y EFE, la reforma contempla que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, propongan y voten solo a uno, lo que –según explican– garantizaría que fuera elegido el nominado por el sector progresista: el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. Sin embargo, desde la corriente progresista creen que es una vía legítima para que las Cortes Generales ofrezcan una solución al actual bloqueo y que lo "vergonzoso" sería que "nadie hiciera nada".

Sin embargo, no es la única enmienda cargada de polémica. Varios partidos han presentado también sus iniciativas, entre ellos ERC que, en relación a la malversación, ha propuesto rebajar la pena de prisión si no existe enriquecimiento personal o de terceros. Esta enmienda dejaría sin efecto las condenas por este delito a varios condenados por el 'procés', como Oriol Junqueras, y afectaría igualmente a los huidos por el 1-O -incluido el expresident Carles Puigdemont- y a unos 40 ex altos cargos de la Generalitat con causas pendientes.

La propuesta llega poco después de que el presidente del Gobierno abriese la puerta a reformar este delito, si bien dejó claro que no habría "ningún retroceso" en la lucha contra la corrupción, ni "rebajas de penas" para los corruptos.

Desde la oposición, el líder del PP no tardó en cargar contra Sánchez, alegando que desde que llegó al poder la situación en Cataluña había empeorado. "Ahora la ley no se cumple, se negocia y con efectos retroactivos", dijo en Onda Cero, tras lo cual añadió que todas estas decisiones del Ejecutivo estaban vinculadas a los Presupuestos "más caros de la historia de España".

La oposición avanza que recurrirá la reforma ante la "deriva autoritaria"

En este contexto, el PP ya ha anunciado que recurrirá la reforma incluso ante la Unión Europea. "Es la materialización del asalto al Estado de Derecho y a las instituciones de Pedro Sánchez", ha asegurado Gamarra, quien ha considerado que es "un claro fraude de ley". "Asusta pensar hasta dónde puede llegar Sánchez en un final de año en el que todo vale. No nos quedaremos callados ante esta deriva autoritaria", ha prometido por su parte Feijóo.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha indicado que también acudirán a los cauces legales para evitar que la reforma salga adelante y ha advertido de que "el asalto a las instituciones del autócrata Sánchez se acelera con el apoyo de sus socios separatistas". Para Abascal, las enmiendas presentadas por PSOE y UP suponen una "amnistía de golpistas y corruptos": "Solo cabe resistir, derrotarles y votar masivamente contra ellos".

En una declaración posterior, Vox ha reclamado a la oposición que presente una moción de censura con un candidato neutral ante el "golpe constitucional" que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno. "España está sufriendo un Gobierno extremista que pretende perpetuarse en poder arrasando cualquier impedimento moral o legal", ha afirmado Abascal.

No menos tajante ha sido la líder de Cs, Inés Arrimadas, que ha asegurado que "Sánchez está dando un autogolpe a la democracia española". "Ya no es un presidente del Gobierno, es un aprendiz de dictador", ha declarado en una comparecencia, donde ha reclamado una "movilización democrática" para "frenar este golpe de Sánchez al Estado español".

Feijóo, sin embargo, no ha hecho referencia a la moción y ha indicado que su partido ejercerá su labor de oposición "con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance".

El Gobierno defiende sus medidas para cumplir con la Constitución

Por su parte, el PSOE ha justificado sus enmiendas como un modo de cumplir con la Constitución y la democracia. "Ante un PP antisistema sin ninguna cultura democrática ni sentido de Estado, queremos garantizar por el cumplimiento del mandato constitucional y devolver la normalidad a las altas instituciones del Estado", ha argumentado el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.

También Unidas Podemos, que lo considera un paso para "desbloquear la inaceptable situación", la cual ha definido no solo de "anomalía" democrática sino de "subversión" e incluso como el "peor golpe de Estado" desde el 23F por parte de la derecha. El portavoz del espacio confederal en el Congreso, Pablo Echenique, ha subrayado, además, que todas las reformas que emprenden son acordes con los posicionamientos jurídicos e ideológicos que plantea el Gobierno y la mayoría del parlamento.

A pesar de esta posición, las reformas –y especialmente la de la malversación– siguen generando reticencias en algunos sectores del partido socialista. Así, advierten de que, independientemente de la modalidad, hay corrupción de fondo, por lo que rechazan que su partido llegue a apoyar esa posibilidad. También plantean dudas si los cambios del Código Penal pueden afectar a casos como el del expresidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por los delitos de malversación y prevaricación por el caso de los ERE. Pero tanto desde el partido como desde el Gobierno cuando se pregunta se insiste en que esta reforma “no afectará a Griñán”.

Por su parte, el PSOE y UP han propuesto paralelamente un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, que castiga a aquellas autoridades públicas que "en el desempeño de su función o cargo y hasta cinco años después de haber cesado en ellos" hayan obtenido un incremento igual o superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados. Una modificación que el Gobierno desvincula de la enmienda de ERC.

Un final de año con más bronca política

Con las relaciones cada día más deterioradas y a las puertas de un año electoral, el PP y el PSOE han evidenciado a las sesiones parlamentarias sus diferencias, donde sus intervenciones han cobrado un tono muy bronco.

Sin la presencia de Feijóo en el Congreso, los debates entre los líderes de los dos partidos mayoritarios se han trasladado a las sesiones de control del Senado. Allí, han protagonizado tensos enfrentamientos en el que, además de lanzarse duras críticas por las medidas ante la crisis energética o las negociaciones de los PGE, se han acusado mutuamente de abandonar toda contención.

"¿Dónde está su moderación? ¿En objetos perdidos con su supuesta autonomía?", le espetaba a Feijóo en tono irónico Sánchez durante el último encuentro en la Cámara Alta, en el que el popular aseguró que el Ejecutivo solo trataba de "resistir y no gobernar", lo que estaba dejando "un clima irrespirable" en España. Mientras, los senadores de ambas bancadas acompañaban el debate con cometarios y aplausos, una dinámica que cada vez es más frecuente en los plenos.

Parte de esa tensión acabó trasladándose también al Congreso, donde, tras una maratoniana jornada parlamentaria en la que el Gobierno logró aprobar las cuentas públicas con el apoyo de sus socios de investidura, el hemiciclo debatió la reforma del delito de sedición.

Durante sus intervenciones, el PSOE y Unidas Podemos reprocharon al PP por tener "una actitud sediciosa" y "atentar contra el orden constitucional". "¿Cuál es su propuesta política, más allá del nulo interés por resolver los problemas?", cuestionó el diputado del PSC Francisco Aranda Vargas.

"Sus socios exigen pagos al contado y hoy es día de cobro", no dudó en responder la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, no sin antes subrayar de que el independentismo era "insaciable". "Entregan la dignidad de España y España no se va a olvidar", advirtió a los socios de gobierno.

La diputada del PP, Belén Hoyo Juliá, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, también protagonizaron un duro rifirrafe en la sesión sobre la ley del 'solo sí es sí'. Hoyo acusó a Montero de "soberbia" por "no reconocer el error" de la norma tras las revisiones a la baja de penas por delitos sexuales y pidió su dimisión, a lo que la ministra respondió asegurando que las víctimas son su "principal preocupación" y acusando al PP de "utilizar el dolor de las víctimas" y de "promover la cultura de la violación".

Ante esta tensión parlamentaria in crescendo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pidió en su discurso por el Día de la Constitución a los diputados "no herir" con la palabra en las Cámaras. El Parlamento es "un lugar único en el que todos los ciudadanos están representados y en el que deben sentirse representados", defendió Batet.