Ex altos cargos socialistas firman un manifiesto en contra de reformar los delitos de sedición y malversación

• Avisan que cambiar los delitos de sedición y malversación "estimula" atentar contra la Constitución
• Entre los firmantes, están José Luis Corcuera, Cesar Antonio Molina, Virgilio Zapatero y Nicolás Redondo

El exministro del Interior José Luis Corcuera, el pasado martes en el al acto institucional del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados.

Al menos cinco exministros socialistas, varios eurodiputados y ex altos cargos de esta formación política, así como catedráticos del Tribunal Constitucional, entre otros, han suscrito un manifiesto en contra de los cambios que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez para modificar los delitos de sedición y malversación.

Con este manifiesto, que ha difundido este lunes la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distinta procedencia política, pretenden exhortar a los diputados a que reflexionen sobre la gravedad de estos cambios, ha explicado su presidente, Emilio Contreras.

En el documento, los casi 400 firmantes rechazan de plano el argumento expresado por el Gobierno que justifica estos cambios para homologar los tipos penales con las principales democracias europeas.

Así indican que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza el pretexto de que las penas por estos delitos en los países europeos son inferiores a las existentes en España. "Esto no es cierto porque no se puede obviar que el Código Penal español permite bajar la pena de la sedición hasta los dos años y porque el delito de sedición a España", sostienen.

"Estímulo para atentar contra la Constitución"

Rechazan las actuaciones del Gobierno de coalición por entender que su objetivo es "obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución".

En este sentido, advierten al Ejecutivo de que cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá "un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente".

Denuncian que, con estos cambios, se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual considera "más lesivo aún que el lucro personal".

Igualmente califica de "burla" hablar de ‘desinflamación del conflicto catalán’ cuando todos los condenados "han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo".

Denuncian la tramitación legislativa elegida

También denuncian el proceder del Ejecutivo y la tramitación legislativa elegida para "prescindir" de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de debates sobre "un problema jurídico de tanta trascendencia".

Por otra parte, niega que la Unión Europea haya exigido reformar el delito de sedición en España, tal y como defiende el Gobierno, y menos su sustitución por un delito de desórdenes públicos.

Subraya que los hechos ocurridos en 2017 "no fueron desórdenes, sino un desafío al poder legítimo y al orden constitucional" e insiste en que pactar la redacción del decreto "con los delincuentes" carece de homologación en Europa.

Reclaman, por tanto, la retirada de la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos y piden a las Cortes Generales la tipificación urgente de un delito contra la Constitución "con las penas recogidas en los códigos penales de las naciones europeas más avanzadas" para evitar un "vacío legal" que pueda dividir "aún más" la convivencia entre españoles.

Los firmantes

Entre los firmantes están el exministro de Cultura César Antonio Molina, el exministro de Obras Públicas y exportavoz del grupo socialista en el Congreso Javier Saenz Cosculluela, el exministro de la Presidencia Virgilio Zapatero, el exministro de Defensa y Sanidad Julián García Vargas, y el exministro del Interior José Luis Corcuera, todos ellos del PSOE.

También el exministro de Economía José Luis Leal y la exministra de Cultura Soledad Becerril, ambos de UCD; la exsenadora y ex Secretaria de Internacional de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE Elena Flores, el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Manuel Aragón (que en su día contribuyó a declarar inconstitucional aspectos relevantes del Estatut catalán), o el exsecretario general del PSE Nicolás Redondo Terreros.

También lo firman, el exfiscal general del Estado Eligio Hernández; el expresidente de la Real Fundación Elcano Elimio Lamo de Espinosa; el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras; o el catedrático de Derecho Mercantil Jesús Quijano.

Entre los firmantes de este manifiesto hay decenas de exalcaldes, exparlamentarios, embajadores, profesores de universidad y personas vinculadas al mundo del Derecho. En total suscriben el texto casi 400 personas y una veintena de entidades.